El 5 de septiembre de 2025, un cohete Falcon 9 despegó desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida, cargado con 28 satélites Starlink V2 Mini. La operación, aunque técnicamente rutinaria para los estándares de SpaceX, encierra múltiples capas de significado. Se trató no solo de un nuevo despliegue para la constelación que Elon Musk proyecta como red hegemónica de internet satelital global, sino también de un gesto simbólico: la etapa recuperable del cohete, identificada como B1069, logró su aterrizaje número 500 en la barcaza autónoma Just Read the Instructions, en aguas del Atlántico.
La acumulación de logros técnicos es innegable. Pero lo que está en juego trasciende la ingeniería. A medida que se multiplican las constelaciones de órbita baja —con Kuiper (Amazon), OneWeb (Eutelsat), Lightspeed (Telesat), Spacesail (China) y el programa europeo IRIS² como actores emergentes—, Starlink acelera su ritmo de lanzamientos y consolida su cobertura, incluyendo zonas estratégicas como Ucrania, el mar de la China Meridional y el Ártico. En términos geopolíticos, la constelación de SpaceX se está convirtiendo en una infraestructura crítica de poder blando estadounidense.
De satélites a soberanía
Starlink no es un mero emprendimiento comercial. Se trata de una plataforma que entrelaza defensa, diplomacia y negocios. Su capacidad para mantener conectividad en zonas de conflicto, como demostró en Ucrania desde 2022, ha sido interpretada por distintos gobiernos como un doble filo: si bien ofrece independencia de las redes terrestres, también introduce una forma de dependencia externa, bajo control de una empresa privada con vínculos fluidos —y en ocasiones tensos— con el Departamento de Defensa de EE.UU.
La lógica de las telecomunicaciones del siglo XXI se parece cada vez más a la de la energía en el siglo XX: quien controle los nodos estratégicos de transmisión dominará no solo el flujo de datos, sino también las reglas del juego político. En ese contexto, cada lanzamiento de satélites Starlink debe leerse no solo como una operación logística, sino como un movimiento en el tablero de la soberanía digital global.
La dimensión técnica: eficiencia como ventaja estratégica
La misión Starlink 10-57 fue ejecutada con precisión milimétrica. A las 12:32 UTC, el Falcon 9 despegó impulsado por nueve motores Merlin 1D y alcanzó la separación de etapas dos minutos y medio después. La primera etapa, en su 17.ª reutilización, regresó a la Tierra mediante una maniobra balística controlada y aterrizó sobre la plataforma marítima sin novedad. Menos de una hora más tarde, los 28 satélites fueron desplegados en órbita baja, entre los 480 y 500 kilómetros de altitud.
Con más de 8.000 satélites Starlink ya lanzados —y alrededor de 6.000 en operación activa—, la compañía avanza en su objetivo de brindar conectividad global. Pero también en su objetivo menos explícito: crear una red orbital redundante, resiliente y difícil de interferir, que pueda ser activada en cualquier punto del planeta sin necesidad de acuerdos bilaterales con gobiernos locales.
DToD y el monopolio de la conectividad directa
El trasfondo inmediato del lanzamiento está vinculado a una nueva fase del desarrollo tecnológico: el Direct-to-Device (DToD), es decir, la capacidad de conectar teléfonos móviles convencionales directamente con satélites sin necesidad de equipos adicionales. Este modelo amenaza con desintermediar a los operadores móviles tradicionales y entregar a las grandes constelaciones el control del acceso primario a internet.
SpaceX ya ha comenzado a probar esta tecnología en colaboración con T-Mobile en EE.UU. y está en conversaciones con reguladores de diversos países para autorizar servicios similares. De consolidarse, la estrategia de DToDla estrategia de DToD podría redefinir el mercado de las telecomunicaciones móviles, especialmente en regiones donde la infraestructura terrestre es escasa o vulnerable.
América Latina —y Argentina en particular— aparece en este escenario como terreno de disputa. Aunque los marcos regulatorios nacionales mantienen por ahora un rol central en la autorización de servicios satelitales, la presión internacional para habilitar DToD crece. En este sentido, el último lanzamiento de SpaceX puede leerse como una advertencia: la infraestructura ya está en órbita, y los operadores que no se adapten a esta dinámica podrían quedar al margen del nuevo paradigma.
La diplomacia orbital
Mientras los países debaten en foros multilaterales sobre la gobernanza del espacio ultraterrestre, las empresas privadas marcan el paso con hechos consumados. Starlink tiene hoy más satélites activos que todos los demás operadores del planeta combinados, incluyendo gobiernos. En este contexto, el modelo estadounidense —privatizado, veloz, desregulado— contrasta con la aproximación europea, más cautelosa y cooperativa, y con el modelo chino, donde la constelación Spacesail (Qianfan) se despliega como extensión del aparato estatal.
Cada órbita ocupada es una porción menos de cielo para los demás. Y cada antena instalada en tierra es un contrato, un punto de entrada, una extensión del poder.
Una carrera sin árbitros
El aterrizaje número 500 de un Falcon 9 no es solo una marca de eficiencia. Es la señal de que SpaceX ha logrado industrializar el acceso al espacio, con una cadencia de lanzamientos que transforma a sus rivales en testigos. A esta altura, competir con Starlink no implica sólo lanzar satélites. Implica desafiar un modelo verticalmente integrado, donde la misma empresa diseña, fabrica, lanza, opera y comercializa su constelación.
En este tablero, América Latina debe decidir si quiere ser espectadora, cliente o actor. El espacio, como supo advertirlo la geopolítica del siglo XX, nunca está vacío. Y hoy, más que nunca, se disputa en silencio, entre algoritmos, órbitas y antenas invisibles.
