Estados Unidos apunta a 1.000 lanzamientos espaciales por año hacia 2030

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves 20 de agosto un memorándum presidencial de seguridad nacional que establece una nueva Política Nacional de Transporte Espacial. El objetivo central es que, hacia 2030, los rangos de transporte espacial estadounidenses puedan soportar más de 1.000 lanzamientos y reingresos por año. El documento, identificado como NSPM-17, reemplaza y deroga expresamente la Directiva Política Presidencial 26 del 21 de noviembre de 2013.

La magnitud de la meta se advierte al compararla con la actividad actual. Durante 2025 se realizaron 176 lanzamientos orbitales desde territorio estadounidense. Esa cifra excluye los vuelos de Rocket Lab desde Nueva Zelanda. Alcanzar una capacidad superior a 1.000 operaciones anuales —que además incorpora los reingresos— implica llevar la infraestructura y el sistema regulatorio estadounidenses a una escala muy superior a la actual.

La diferencia es relevante: el memorándum no establece que Estados Unidos deba realizar efectivamente 1.000 lanzamientos en 2030, sino que sus rangos e infraestructura deben estar preparados para soportar más de 1.000 lanzamientos y reingresos por año. Esa precisión modifica el alcance de la meta y evita equiparar capacidad instalada con cantidad efectiva de misiones.

De la infraestructura a los permisos

El grueso del memorándum establece acciones y plazos. La Casa Blanca instruye a las agencias federales a promover el desarrollo conjunto de infraestructura de lanzamiento y reingreso mediante arrendamientos, inversión comercial y asociaciones público-privadas sobre propiedad federal. También ordena acelerar los permisos y las revisiones ambientales, en línea con la política de desregulación del sector iniciada en 2025.

Dentro de los 180 días, el Departamento de Guerra y la NASA deberán desarrollar criterios para asignar turnos en los rangos federales con el objetivo de ampliar su utilización comercial sin comprometer las necesidades gubernamentales. El Departamento de Transporte deberá, en el mismo plazo, identificar ubicaciones para instalaciones adicionales, incorporar la gestión de lanzamientos y reingresos a la modernización del control del tránsito aéreo y definir espacio aéreo prioritario para corredores críticos.

El calendario incluye plazos más cortos. En 90 días, el Departamento del Interior deberá identificar tierras federales que puedan utilizarse como un sitio adicional designado para reingresos. Los criterios de seguridad deberán establecerse dentro de los 180 días y el plan de desarrollo, en 240 días.

El documento incorpora además un objetivo con implicancias militares. El Departamento de Guerra deberá evaluar, dentro de los 180 días, las barreras regulatorias, operativas, programáticas y tecnológicas para lograr acceso al espacio en plazos acelerados, del orden de las 48 horas desde que surge una necesidad, incluso desde ubicaciones expedicionarias.

Espectro, exportaciones y vehículos extranjeros

Para la industria satelital, la política excede la cuestión de las rampas de lanzamiento. Una de sus disposiciones ordena al Departamento de Comercio y a la Comisión Federal de Comunicaciones trabajar sobre el acceso al espectro necesario para las actividades comerciales y federales de lanzamiento, reingreso, recuperación y operaciones espaciales.

Otro capítulo alcanza directamente al comercio internacional. Los departamentos de Estado y Comercio deberán actualizar dentro de los 120 días —y posteriormente cada dos años— las políticas y controles de exportación relacionados con el transporte espacial. El objetivo declarado es ampliar las oportunidades para vender capacidades estadounidenses a aliados y socios sin abandonar las restricciones vinculadas con la seguridad nacional.

La nueva política también establece un mecanismo específico para los operadores extranjeros. Las solicitudes para lanzar vehículos espaciales extranjeros desde Estados Unidos o permitir su reingreso con fines comerciales deberán analizarse caso por caso. El proceso interagencial deberá concluir con una recomendación al presidente dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la información necesaria.

Entre los criterios aparece el efecto de esas operaciones sobre la base industrial y la competitividad estadounidenses, además de la existencia de inversión extranjera directa verificable en el mercado espacial del país. En paralelo, el memorándum establece como regla que las cargas útiles del gobierno estadounidense vuelen en vehículos fabricados en Estados Unidos, aunque contempla excepciones específicas.

El cuello de botella regulatorio

La meta de 2030 depende de que el crecimiento de la infraestructura pueda acompañar el aumento de la cadencia. Parte de esa discusión ya estaba en marcha antes de la firma del NSPM-17.

El 30 de julio, la Administración Federal de Aviación (FAA) publicó una propuesta para modificar las normas de licenciamiento espacial comercial y permitir la exención de requisitos derivados de 13 leyes federales en determinadas licencias y permisos de lanzamiento, reingreso y operación de puertos espaciales. El período de comentarios permanece abierto hasta el 31 de agosto.

El alcance de la propuesta requiere una precisión. No supone que las 13 leyes hayan quedado automáticamente sin efecto para toda la actividad espacial. La FAA propone utilizar una facultad legal del secretario de Transporte para exceptuar determinados requisitos cuando considere que no son necesarios para proteger la salud y seguridad públicas, la propiedad, la seguridad nacional o los intereses de política exterior. La norma todavía se encuentra en etapa de propuesta.

Aun con una simplificación regulatoria, persisten restricciones físicas. La disponibilidad de plataformas, la capacidad de los rangos, los cierres de espacio aéreo y la dotación de personal especializado condicionan la cantidad de operaciones posibles. Tres instalaciones federales —Cape Canaveral, Kennedy Space Center y Vandenberg— concentraron 175 de los 176 lanzamientos orbitales realizados desde suelo estadounidense en 2025.

El propio memorándum reconoce el problema desde otra perspectiva: ordena elaborar una estrategia para la base industrial del transporte espacial que contemple el desarrollo y la retención de personal especializado.

Qué significa para la Argentina

La Argentina no posee actualmente capacidad propia de lanzamiento orbital, pero depende del mercado internacional para colocar satélites en órbita. Por eso, la expansión de la infraestructura estadounidense puede repercutir sobre dos actividades locales: la conectividad satelital y la observación de la Tierra.

En conectividad, el aumento de la cadencia de lanzamiento ya tiene consecuencias visibles. SpaceX alcanzó el 19 de agosto su misión número 100 de 2026, por tercer año consecutivo por encima de ese umbral. De esas operaciones, 74 estuvieron destinadas hasta entonces a ampliar Starlink, cuya constelación se acercaba a los 11.000 satélites operativos.

Esa escala tiene una derivación directa en el mercado argentino. El Gobierno nacional anunció en julio un programa conjunto con Starlink para llevar conectividad satelital a 6.000 escuelas rurales y establecimientos ubicados en zonas aisladas. La compañía aportará 6.000 kits, accesorios, logística y 24 meses de servicio prioritario, con una contribución valuada oficialmente en cerca de US$ 10 millones. El Fondo del Servicio Universal, administrado por Enacom, aportará alrededor de US$ 12 millones para instalación, soporte, monitoreo y un tercer año de servicio.

El segundo frente es la observación de la Tierra. Satellogic, fundada en la Argentina y actualmente cotizante en Nasdaq, necesita lanzamientos periódicos para desplegar y renovar su constelación. Para operadores de este tipo, una mayor capacidad de lanzamiento puede ampliar la disponibilidad de misiones y ejercer presión sobre los costos. Al mismo tiempo, las nuevas reglas para vehículos extranjeros y la revisión de los controles de exportación agregan una variable regulatoria cuyo alcance dependerá de cómo se implementen las disposiciones del NSPM-17.

Los primeros plazos permitirán medir esa implementación. El nuevo sitio federal para reingresos deberá identificarse en noviembre y la revisión de las políticas y controles de exportación deberá completarse en diciembre. La distancia entre la meta de más de 1.000 operaciones anuales y las 176 misiones orbitales realizadas desde suelo estadounidense en 2025 muestra la escala del cambio que Washington intenta impulsar.