La protección del ambiente era una materia a punto de adquirir lugar propio en el gabinete gubernamental que representaba un desafío particularmente difícil para los países en vías de desarrollo.
La población mundial aumentaba aproximadamente en 90 millones de personas cada año y ya superaba los 5.000 millones. Aun cuando el mundo pudiera albergar a un número de habitantes dos o tres veces mayor, esto representaría un riesgo muy alto para el equilibrio de todos los sistemas. En 1650, la población humana sumaba unos 50 millones de individuos y su tasa de crecimiento era de aproximadamente 0,3% anual. Se necesitaban, entonces, 250 años para que se duplicara. Hace 27 años el índice superaba 2% y se predecía llegaría al doble para 2025. Sumado a esto, si todos los habitantes pudieran adoptar las formas de vida de los países industrializados, la carga total de contaminación y degradación ambiental alcanzaría números incontenibles.
El índice mundial del ingreso per cápita estaba dejando de incrementarse; por lo tanto, era posible concluir que la economía no soportaba este crecimiento demográfico. Por otra parte, recursos como el suelo y el agua se estaban degradando rápidamente y resultaban cada vez menos disponibles.
La apertura de nuevas fronteras agrícolas y polos industriales, en regiones o lugares donde no se había reconocido previamente su efecto global desde el punto de vista ambiental, dejó grandes espacios degradados, muchos de ellos abandonados tras emprendimientos fracasados por falta de una política ambientalista adecuada. Esta situación ha impulsado a muchos funcionarios, empresarios y comunidades de países en vías de desarrollo a poner en marcha programas dirigidos a mejorar o preservar el medio.
Es necesario, sin embargo, comprender que los gobiernos, en su afán de crear nuevas fuentes de trabajo para su creciente población, o para ejercer su soberanía, ocupen nuevas áreas, tanto para la producción de alimentos como para la radicación de industrias, con graves consecuencias sobre el suelo, el agua y el aire.
La recuperación de estos sistemas es muy lenta y costosa, especialmente cuando no fue prevista y no se analizaron los medios técnicos más idóneos para mitigar esos efectos. La tecnología moderna permite resolver muchos impactos negativos sobre el ambiente, especialmente si esta tecnología es solicitada antes de poner en práctica un proyecto o política de desarrollo.
Cuanto antes se adopte un plan de este tipo, mayor será su efectividad y menores sus costos. Esto no sólo evitaría daños mayores, sino que también orientaría el logro del objetivo con un criterio más amplio de preservación del medio físico, biótico y antrópico, y permitiría obtener mejores rendimientos de acuerdo con el nuevo orden económico mundial.
Factores que provocan el desequilibrio ecológico, como la contaminación atmosférica, de las aguas continentales, mares y océanos, la contaminación radiactiva, los residuos domésticos o industriales, el uso de agrotóxicos y el ruido, tenían que ser estudiados para medir sus efectos. Y, de esta manera, poder elaborar estrategias básicas, como la reducción de actividades contaminantes, el desarrollo de tecnología anticontaminante, el reciclado de productos y la elaboración o el perfeccionamiento de la legislación de control ambiental.
En 1992 desde Mercado se planteaba que había llegado el momento de unir esfuerzos del sector público, el privado, el ecológico, y de comunidades afectadas para discutir responsablemente las formas más adecuadas que permitieran desarrollar los emprendimientos necesarios para mejorar los niveles de vida de los pueblos, preservando los recursos sin dañar -e incluso mejorando- el ecosistema.
27 años después, ya con más estudios realizados sobre los impactos de la contaminación y una visión más clara del panorama a nivel global, esta necesidad marcada por nuestra revista sigue vigente.
