(DYN).- El gobierno someterá a una audiencia pública el proyecto de nuevo marco regulatorio que regirá el servicio postal en la Argentina, anunció hoy (jueves 13) el ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo.
La convocatoria a la audiencia –que no tiene fecha definida– fue realizada a través de la resolución 195/2000 de la cartera de Infraestructura.
Con esta iniciativa el gobierno busca normalizar las condiciones técnicas, de capital e infraestructura mínimas necesarias para operar en una actividad que presenta serias distorsiones.
La nueva reglamentación para el servicio postal fue discutida en los últimos meses por una comisión específica integrada por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y representantes de las empresas del sector, en particular con el consorcio a cargo del Correo Argentino, que encabeza el grupo Macri.
Esas distorsiones fueron puestas sobre la mesa por el operador del Correo al momento de discutir con el Estado el canon adeudado (y todavía no pagado).
Hasta el momento las actividad de los correos privados se rige por lo dispuesto en los decretos 1187/93 y 115/97.
Infraestructura sostiene que dicho régimen “ha propiciado una importante baja en los precios de los servicios, pero no contiene normas que fomenten la calidad, ni la inversión, y tampoco ha establecido requisitos de responsabilidad de las empresas prestadoras”.
El régimen vigente –se agrega en los considerandos de la resolución difundida hoy–- “tampoco contiene requisitos de exigencia, lo que posibilita que se formen empresas sin solvencia ni estructura, que distorsionan el mercado derivando a un servicio público poco eficiente e inseguro”.
(DYN).- El gobierno someterá a una audiencia pública el proyecto de nuevo marco regulatorio que regirá el servicio postal en la Argentina, anunció hoy (jueves 13) el ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo.
La convocatoria a la audiencia –que no tiene fecha definida– fue realizada a través de la resolución 195/2000 de la cartera de Infraestructura.
Con esta iniciativa el gobierno busca normalizar las condiciones técnicas, de capital e infraestructura mínimas necesarias para operar en una actividad que presenta serias distorsiones.
La nueva reglamentación para el servicio postal fue discutida en los últimos meses por una comisión específica integrada por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y representantes de las empresas del sector, en particular con el consorcio a cargo del Correo Argentino, que encabeza el grupo Macri.
Esas distorsiones fueron puestas sobre la mesa por el operador del Correo al momento de discutir con el Estado el canon adeudado (y todavía no pagado).
Hasta el momento las actividad de los correos privados se rige por lo dispuesto en los decretos 1187/93 y 115/97.
Infraestructura sostiene que dicho régimen “ha propiciado una importante baja en los precios de los servicios, pero no contiene normas que fomenten la calidad, ni la inversión, y tampoco ha establecido requisitos de responsabilidad de las empresas prestadoras”.
El régimen vigente –se agrega en los considerandos de la resolución difundida hoy–- “tampoco contiene requisitos de exigencia, lo que posibilita que se formen empresas sin solvencia ni estructura, que distorsionan el mercado derivando a un servicio público poco eficiente e inseguro”.
