Haciendo historia –apunta el informe de Carrier y Asociados-, el decreto 764/2000 2000, que fijó las normas para abrir el mercado de telecomunicaciones a la competencia, estableció que las empresas debían aportar 1% de su facturación neta al FSU.
Pero ese fondo nunca se constituyó efectivamente (o sea, no hubo cuenta donde depositar el dinero), aunque el aporte sigue figurando en las contabilidades de las empresasm, algunas de las cuales –como es habitual en este mercado- lo trasladaron al cliente. En realidad, debía ser pagado por la prestadora del servicio.
“Resumiendo señalan los consultores-, tenemos dos situaciones irregulares. Por un lado, importes indebidamente facturados. Por el otro, sumas que nunca pudieron ser ingresados al fondo que les dio origen”. Por supuesto, el usuario paga el pato.
El tema “es una nueva muestra de lo que pueden las dilaciones. La norma comenzó a regir en enero de 2001. Pasaron casi cuatro años y medio para, finalmente y luego de sucesivos titulares de Comunicaciones, se decidiera hacer algo al respecto”. Por ahora, el asunto pasa a la comisión nacional de comunicaciones (CNC).
Ahora bien, la nueva resolución, típico fruto de burócreatas profesionales, determina que la CNC establezca meanismos de restitución. Cosa espionosa si la hay: muchos clientes cambiaron de proveedor (sobre todo en el último año a año y medio) y otros tienen línea prepagadas (siempre el usuario es quien la contrató originalmente). Además ¿no correspondería la aplicación de intereses?
A juicio de los expertos, “la solución más razonable sería instrumentar el fondo de una buena vez, que ese dinero se deposite y quienes han cobrado indebidamente hagan el aporte que les hubiera correspondido. Así, no sólo empezaría a resolverse el tema del acceso en zonas y segmentos rentables, sino que se evitaría una restitución sin ninguna duda injusta. Lamentablemente, no parece haber intenciones de avanzar con el servicio universal…
Haciendo historia –apunta el informe de Carrier y Asociados-, el decreto 764/2000 2000, que fijó las normas para abrir el mercado de telecomunicaciones a la competencia, estableció que las empresas debían aportar 1% de su facturación neta al FSU.
Pero ese fondo nunca se constituyó efectivamente (o sea, no hubo cuenta donde depositar el dinero), aunque el aporte sigue figurando en las contabilidades de las empresasm, algunas de las cuales –como es habitual en este mercado- lo trasladaron al cliente. En realidad, debía ser pagado por la prestadora del servicio.
“Resumiendo señalan los consultores-, tenemos dos situaciones irregulares. Por un lado, importes indebidamente facturados. Por el otro, sumas que nunca pudieron ser ingresados al fondo que les dio origen”. Por supuesto, el usuario paga el pato.
El tema “es una nueva muestra de lo que pueden las dilaciones. La norma comenzó a regir en enero de 2001. Pasaron casi cuatro años y medio para, finalmente y luego de sucesivos titulares de Comunicaciones, se decidiera hacer algo al respecto”. Por ahora, el asunto pasa a la comisión nacional de comunicaciones (CNC).
Ahora bien, la nueva resolución, típico fruto de burócreatas profesionales, determina que la CNC establezca meanismos de restitución. Cosa espionosa si la hay: muchos clientes cambiaron de proveedor (sobre todo en el último año a año y medio) y otros tienen línea prepagadas (siempre el usuario es quien la contrató originalmente). Además ¿no correspondería la aplicación de intereses?
A juicio de los expertos, “la solución más razonable sería instrumentar el fondo de una buena vez, que ese dinero se deposite y quienes han cobrado indebidamente hagan el aporte que les hubiera correspondido. Así, no sólo empezaría a resolverse el tema del acceso en zonas y segmentos rentables, sino que se evitaría una restitución sin ninguna duda injusta. Lamentablemente, no parece haber intenciones de avanzar con el servicio universal…
