Según presumen las autoridades españolas, Silvio Berlusconi “ha transgredido la ley contra la concentración televisiva, vía ingentes financiamientos desde fuentes extraterritoriales”. Esta semana, la fiscalía anticorrupción del reino solicitó oficialmente la reapertura de la causa. Ésta fue suspendida en octubre de 2002, luego de que los abogados del hoy ex jefe del gobierno solicitaran aplicar la inmunidad temporaria dictada por el parlamento italiano.
En ese momento, España estaba controlada por el partido Popular, aliado de la derecha italiana. Hay otro imputado, Marcello dell’Utri, por entonces eurodiputado. “Habiendo desaparecido los obstáculos procesales –indica el pedido-, debe disponerse la reanudación de actuaciones”.
El documento, firmado por Pilar Melero, se elevó al quinto juez instructor de la Audiencia nacional. Medios hispánicos daban por seguro que el magistrado, Fernando Marlaska, transladará la solicitud al temible Balstazar Garzón, cuando éste regrese de Estados Unidos. Este juez fue quien inició el proceso Telecinco en 1997. El 5 de junio, ocho imputados responderán por cargos desde fraude fiscal hasta oligopolio, con penas que podrían alcanzar de dos a catorce años de cárcel.
En cuanto a Berlusconi y dell’Utri, su procesamiento se reiniciará en la etapa de instrucción. El expediente deriva de maniobras en Milán de la entonces Fininvest, hoy Mediaset, atribuidas al ex “premier” y un grupo de cómplices que escondían fondos negros en 64 plazas “off shore”. En este punto, reaparecen personajes de juicios en Italia. Por ejemplo, el abogado inglés David Mills o Giancarlo Foscale, primo de Berlusconi cuya cuenta suiza los identificaba como apoderados de Fininvest.
Era, claro, el asunto All Iberian, cuya pista condujo a España en 1996. Para entonces, ya estaban implicadas las sociedades extraterritoriales Catwell y Solidal, más varios testaferros. Ocurre que la ley impide poseer más de 25% de cualquier paquete de medios españoles, por lo cual hicieron falta prestanombres y sociedades fantasmas en el exterior. Eso hace que las operaciones de Berlusconi y sus socios constituyan un delito penal, mientras en Italia –merced a reformas impuestas por la derecha en 2001- son sólo contravenciones. Si no, Mediaset no existiría. Ahora, irónicamente, el “caballero” podría afrontar una extradición a España.
Según presumen las autoridades españolas, Silvio Berlusconi “ha transgredido la ley contra la concentración televisiva, vía ingentes financiamientos desde fuentes extraterritoriales”. Esta semana, la fiscalía anticorrupción del reino solicitó oficialmente la reapertura de la causa. Ésta fue suspendida en octubre de 2002, luego de que los abogados del hoy ex jefe del gobierno solicitaran aplicar la inmunidad temporaria dictada por el parlamento italiano.
En ese momento, España estaba controlada por el partido Popular, aliado de la derecha italiana. Hay otro imputado, Marcello dell’Utri, por entonces eurodiputado. “Habiendo desaparecido los obstáculos procesales –indica el pedido-, debe disponerse la reanudación de actuaciones”.
El documento, firmado por Pilar Melero, se elevó al quinto juez instructor de la Audiencia nacional. Medios hispánicos daban por seguro que el magistrado, Fernando Marlaska, transladará la solicitud al temible Balstazar Garzón, cuando éste regrese de Estados Unidos. Este juez fue quien inició el proceso Telecinco en 1997. El 5 de junio, ocho imputados responderán por cargos desde fraude fiscal hasta oligopolio, con penas que podrían alcanzar de dos a catorce años de cárcel.
En cuanto a Berlusconi y dell’Utri, su procesamiento se reiniciará en la etapa de instrucción. El expediente deriva de maniobras en Milán de la entonces Fininvest, hoy Mediaset, atribuidas al ex “premier” y un grupo de cómplices que escondían fondos negros en 64 plazas “off shore”. En este punto, reaparecen personajes de juicios en Italia. Por ejemplo, el abogado inglés David Mills o Giancarlo Foscale, primo de Berlusconi cuya cuenta suiza los identificaba como apoderados de Fininvest.
Era, claro, el asunto All Iberian, cuya pista condujo a España en 1996. Para entonces, ya estaban implicadas las sociedades extraterritoriales Catwell y Solidal, más varios testaferros. Ocurre que la ley impide poseer más de 25% de cualquier paquete de medios españoles, por lo cual hicieron falta prestanombres y sociedades fantasmas en el exterior. Eso hace que las operaciones de Berlusconi y sus socios constituyan un delito penal, mientras en Italia –merced a reformas impuestas por la derecha en 2001- son sólo contravenciones. Si no, Mediaset no existiría. Ahora, irónicamente, el “caballero” podría afrontar una extradición a España.
