“A veces se olvida que, en los 90, Argentina hizo
significativos progresos económicos en un amplio abanico de
asuntos, pero las complicadas relaciones fiscales entre el
gobierno federal y las provincias socavaron de manera crucial los
intentos de un control fiscal”, afirmó Krueger.
La número dos del Fondo reabrió así sus críticas a la
Argentina a menos de una semana de la decisión del organismo de
aprobar la primera revisión de las metas del acuerdo, y luego de
la reunión entre el presidente Néstor Kirchner y el director
gerente del FMI, Horst Köhler, en Monterrey.
“Bajo los acuerdos existentes, las provincias (argentinas)
tenían poco incentivo por controlar sus gastos”, agregó Krueger en
un discurso que pronunció durante una conferencia en Nueva
Delhi.
Además, Krueger advirtió una vez más que “globalmente, los
crecientes niveles de endeudamiento público en las economías de
los mercados emergentes representa, a juicio del FMI, uno de los
mayores riesgos” a la hora de evaluar las perspectivas de
“acelerar el crecimiento”.
En esa línea la Argentina aspira a conseguir este año un
superávit fiscal de 3% del Producto Bruto Interno, luego
de cerrar el 2003 con un saldo positivo de 2,5% por
primera vez en la última década.
La más férrea representante de la línea dura del organismo
multilateral contra la posición argentina elogió, como
contrapartida, la gestión de Luiz Inacio Lula da Silva y los
“grandes progresos” en materia de finanzas públicas en Brasil.
El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario incluye la
sanción parlamentaria de una nueva ley de Coparticipación Federal,
pendiente desde 1995 luego de la reforma de la Constitución
Nacional.
La carta de intención establece un compromiso del Gobierno
argentino para alcanzar a fines de marzo un acuerdo con los
gobernadores, que permita enviar al Parlamento el proyecto de ley
a fines de mayo y conseguir la ratificación parlamentaria a fines
de agosto próximo.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, envió ya a los
gobernadores provinciales un borrador de nueva ley de
coparticipación federal en el cual los ingresos se repartirán
según la cantidad de habitantes, el Producto Bruto Interno, los
ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas y efectividad en
la recaudación.
Según adelantaron fuentes oficiales, el proyecto que buscará consenso entre gobernadores y legisladores contendrá también
“un blanqueo” de lo que se denomina “coparticipación secundaria” y
que hace a los fondos que reciben las distintas provincias vía
subsidios a la producción, o directamente por planes de empleo.
Pese a ello, Krueger insistió con las críticas y aseguró que
una “reforma fiscal efectiva no tiene que ser necesariamente
dolorosa ni un ejercicio impopular de austeridad” y agregó que
“esto no quiere decir que decisiones difíciles no sean
necesarias”.
Krueger aseguró a su audiencia que no iba a “ofrecer recetas”
para este tipo de iniciativas, pero aprovechó el mensaje para
insistir en el pensamiento del Fondo en materia fiscal, uno de los
ejes fundamentales de su dura disputa con el gobierno argentino.
“Algunas veces los pasos que necesitan darse son obvios, pero
no completamente indoloros”, dijo Krueger antes de referirse
ampliamente a Brasil, un país donde se hicieron “grandes
progresos” en “los esfuerzos por poner las finanzas públicas en un
camino sólido”.
Según Krueger, “las elecciones que conlleva la reforma fiscal
son esencialmente políticas”.
“Cuando se trata de decidir si concentrarse en el recorte de
los gastos, el alza de los impuestos, la reforma de las
estructuras impositivas o una combinación de todos estos, la
elección corresponde a los líderes políticos nacionales. Es para
lo que ellos fueron elegidos para decidir”, sentenció la número
dos del Fondo.
“A veces se olvida que, en los 90, Argentina hizo
significativos progresos económicos en un amplio abanico de
asuntos, pero las complicadas relaciones fiscales entre el
gobierno federal y las provincias socavaron de manera crucial los
intentos de un control fiscal”, afirmó Krueger.
La número dos del Fondo reabrió así sus críticas a la
Argentina a menos de una semana de la decisión del organismo de
aprobar la primera revisión de las metas del acuerdo, y luego de
la reunión entre el presidente Néstor Kirchner y el director
gerente del FMI, Horst Köhler, en Monterrey.
“Bajo los acuerdos existentes, las provincias (argentinas)
tenían poco incentivo por controlar sus gastos”, agregó Krueger en
un discurso que pronunció durante una conferencia en Nueva
Delhi.
Además, Krueger advirtió una vez más que “globalmente, los
crecientes niveles de endeudamiento público en las economías de
los mercados emergentes representa, a juicio del FMI, uno de los
mayores riesgos” a la hora de evaluar las perspectivas de
“acelerar el crecimiento”.
En esa línea la Argentina aspira a conseguir este año un
superávit fiscal de 3% del Producto Bruto Interno, luego
de cerrar el 2003 con un saldo positivo de 2,5% por
primera vez en la última década.
La más férrea representante de la línea dura del organismo
multilateral contra la posición argentina elogió, como
contrapartida, la gestión de Luiz Inacio Lula da Silva y los
“grandes progresos” en materia de finanzas públicas en Brasil.
El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario incluye la
sanción parlamentaria de una nueva ley de Coparticipación Federal,
pendiente desde 1995 luego de la reforma de la Constitución
Nacional.
La carta de intención establece un compromiso del Gobierno
argentino para alcanzar a fines de marzo un acuerdo con los
gobernadores, que permita enviar al Parlamento el proyecto de ley
a fines de mayo y conseguir la ratificación parlamentaria a fines
de agosto próximo.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, envió ya a los
gobernadores provinciales un borrador de nueva ley de
coparticipación federal en el cual los ingresos se repartirán
según la cantidad de habitantes, el Producto Bruto Interno, los
ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas y efectividad en
la recaudación.
Según adelantaron fuentes oficiales, el proyecto que buscará consenso entre gobernadores y legisladores contendrá también
“un blanqueo” de lo que se denomina “coparticipación secundaria” y
que hace a los fondos que reciben las distintas provincias vía
subsidios a la producción, o directamente por planes de empleo.
Pese a ello, Krueger insistió con las críticas y aseguró que
una “reforma fiscal efectiva no tiene que ser necesariamente
dolorosa ni un ejercicio impopular de austeridad” y agregó que
“esto no quiere decir que decisiones difíciles no sean
necesarias”.
Krueger aseguró a su audiencia que no iba a “ofrecer recetas”
para este tipo de iniciativas, pero aprovechó el mensaje para
insistir en el pensamiento del Fondo en materia fiscal, uno de los
ejes fundamentales de su dura disputa con el gobierno argentino.
“Algunas veces los pasos que necesitan darse son obvios, pero
no completamente indoloros”, dijo Krueger antes de referirse
ampliamente a Brasil, un país donde se hicieron “grandes
progresos” en “los esfuerzos por poner las finanzas públicas en un
camino sólido”.
Según Krueger, “las elecciones que conlleva la reforma fiscal
son esencialmente políticas”.
“Cuando se trata de decidir si concentrarse en el recorte de
los gastos, el alza de los impuestos, la reforma de las
estructuras impositivas o una combinación de todos estos, la
elección corresponde a los líderes políticos nacionales. Es para
lo que ellos fueron elegidos para decidir”, sentenció la número
dos del Fondo.
