“Esta secuela de hechos nos ha sido descripta muchas veces por altos funcionarios, economistas, técnicos, inversores y dirigentes políticos”, coincidían varios panelistas. “No podía ser casual”, sostienen el polaco Witoŀd Henisz, moderador de los debates, más sus colegas Bennet Zelner (Berkeley), Guy Holburn (Ontario) y Mauro Guillén (Wharton).
El grupo pasó un peine fino sobre tres décadas de proyectos centrados en modernización o descentralización sectorial en docenas de países en desarrollo o periféricos.Objeto: poner en evidencia nexos entre esfuerzos frustrados o fracasados y el papel de dos entidades hasta no hace mucho intocables: el FMI y el BIRF (Banco Mundial).
Los encontraron. En dos papeles de trabajo separados, prueban vínculos entre una especie de “corporativismo” inserto en ambas organizaciones y su tendencia a imponer recetas contraproducentes. Exactamente lo que señalaban Joseph Stiglitz –neokeinesiano- en 2001 y el neoconservador Paul Wolfowitz, nuevo presidente del BIRF, en 2004. Un lejano antecesor de ésta, Robert McNamara, creía lo mismo: pero su misión era usar el Fondo y el BIRF como instrumentos en la guerra fría.
Según Henisz y su grupo, las dos entidades suelen tener mucha influencia en cuanto a imponer reformas pro mercado y supervisar proyectos de infraestructura (dos cosas a menudo opuestas) en economías dependientes. Lo extraño es que la intervención de ambos organismos genere disputas entre inversores y gobiernos, trabajosas renegociaciones de contratos –tenidos de venalidad sistémica, como el caso Yacyretá- y hasta fracasos de esfuerzos privatizadores. Esto consta en “Worldwide diffusion of market-oriented infrastructural reform, 1977-99” y “De-institutionalization and institution replacements”, publicados recientemente por Wharton.
Las investigaciones del equipo, por cierto, confirman críticas de larga data. En esencia, indican que el BIRF y el FMI han ido apartándose de sus misiones específicas (estipuladas en los acuerdos de Bretton Woods, 1944), han desarrollado políticas contraproducentes y no han hecho lo bastante para ayudar a países en severos problemas. En el caso del Fondo, se ha gestado una simbiosis entre sus elencos superiores y la gran banca privada, por influencia de la escuela de Chicago y el monetarismo neoclásico.
Ese proceso “debiera ser una lección para inversores internacionales. Cada vez –afirma Holburn- que se topen con cualquiera de esas instituciones promoviendo reformas en un país, deben tener presentes los riesgos asociados. La presencia del Fondo o el Banco Mundial no presupone un sello de garantía, sino una señal de alarma”. El caso argentino de 1990 a 2001 podría ser un ejemplo casi perfecto. Otro fue la privatización de bancos mejicanos en los años 80.
En una escala más “micro”, Henisz, Zelner y Guillén analizaron reformas que afectaban telecomunicaciones y energía eléctrica en setenta países, entre 1977 y 1999. Para empezar, apenas 2% de los estads que intentaron privatizar la electricidad coronaron con éxito el proceso. “Si bien, en teoría, la derregulación y la liberalización mejoran el desempeño económico de empresas antes estadtales, las transiciones resultan muy difíciles. Por otro lado, las presiones ejercidas por entidades como el BIRF o el FMI pueden generar medidas contradictorias”.
A criterio de los expertos y tomando en cuenta factores sociopolíticos, la intervención externa tiene amplio efectos en refomas pro mercado. Al mismo tiempo, suele favorecer la simple privatización total o parcial de monopolios o duopolios, con todos sus defectos en matertia de eficiencia y tarifas de servicios. Al respecto, Henisz cita el ejemplo polaco: “Primero desmonolizamos y derregulamos, recién después privatizamos”. Pero el Banco Mundial y el Fondo ven las a reformas sólo como cuestiones de negocios. “Así lo ponen de evidencia tipos y condiciones de créditos, financiamientos y ayudas que ofrecen”.
“Esta secuela de hechos nos ha sido descripta muchas veces por altos funcionarios, economistas, técnicos, inversores y dirigentes políticos”, coincidían varios panelistas. “No podía ser casual”, sostienen el polaco Witoŀd Henisz, moderador de los debates, más sus colegas Bennet Zelner (Berkeley), Guy Holburn (Ontario) y Mauro Guillén (Wharton).
El grupo pasó un peine fino sobre tres décadas de proyectos centrados en modernización o descentralización sectorial en docenas de países en desarrollo o periféricos.Objeto: poner en evidencia nexos entre esfuerzos frustrados o fracasados y el papel de dos entidades hasta no hace mucho intocables: el FMI y el BIRF (Banco Mundial).
Los encontraron. En dos papeles de trabajo separados, prueban vínculos entre una especie de “corporativismo” inserto en ambas organizaciones y su tendencia a imponer recetas contraproducentes. Exactamente lo que señalaban Joseph Stiglitz –neokeinesiano- en 2001 y el neoconservador Paul Wolfowitz, nuevo presidente del BIRF, en 2004. Un lejano antecesor de ésta, Robert McNamara, creía lo mismo: pero su misión era usar el Fondo y el BIRF como instrumentos en la guerra fría.
Según Henisz y su grupo, las dos entidades suelen tener mucha influencia en cuanto a imponer reformas pro mercado y supervisar proyectos de infraestructura (dos cosas a menudo opuestas) en economías dependientes. Lo extraño es que la intervención de ambos organismos genere disputas entre inversores y gobiernos, trabajosas renegociaciones de contratos –tenidos de venalidad sistémica, como el caso Yacyretá- y hasta fracasos de esfuerzos privatizadores. Esto consta en “Worldwide diffusion of market-oriented infrastructural reform, 1977-99” y “De-institutionalization and institution replacements”, publicados recientemente por Wharton.
Las investigaciones del equipo, por cierto, confirman críticas de larga data. En esencia, indican que el BIRF y el FMI han ido apartándose de sus misiones específicas (estipuladas en los acuerdos de Bretton Woods, 1944), han desarrollado políticas contraproducentes y no han hecho lo bastante para ayudar a países en severos problemas. En el caso del Fondo, se ha gestado una simbiosis entre sus elencos superiores y la gran banca privada, por influencia de la escuela de Chicago y el monetarismo neoclásico.
Ese proceso “debiera ser una lección para inversores internacionales. Cada vez –afirma Holburn- que se topen con cualquiera de esas instituciones promoviendo reformas en un país, deben tener presentes los riesgos asociados. La presencia del Fondo o el Banco Mundial no presupone un sello de garantía, sino una señal de alarma”. El caso argentino de 1990 a 2001 podría ser un ejemplo casi perfecto. Otro fue la privatización de bancos mejicanos en los años 80.
En una escala más “micro”, Henisz, Zelner y Guillén analizaron reformas que afectaban telecomunicaciones y energía eléctrica en setenta países, entre 1977 y 1999. Para empezar, apenas 2% de los estads que intentaron privatizar la electricidad coronaron con éxito el proceso. “Si bien, en teoría, la derregulación y la liberalización mejoran el desempeño económico de empresas antes estadtales, las transiciones resultan muy difíciles. Por otro lado, las presiones ejercidas por entidades como el BIRF o el FMI pueden generar medidas contradictorias”.
A criterio de los expertos y tomando en cuenta factores sociopolíticos, la intervención externa tiene amplio efectos en refomas pro mercado. Al mismo tiempo, suele favorecer la simple privatización total o parcial de monopolios o duopolios, con todos sus defectos en matertia de eficiencia y tarifas de servicios. Al respecto, Henisz cita el ejemplo polaco: “Primero desmonolizamos y derregulamos, recién después privatizamos”. Pero el Banco Mundial y el Fondo ven las a reformas sólo como cuestiones de negocios. “Así lo ponen de evidencia tipos y condiciones de créditos, financiamientos y ayudas que ofrecen”.
