Como puntualiza un reciente comentario de Sergio Luzzatto, ligado a una secular familia judía italiana de origen sefardí, “ciertos defensores a ultranza de Israel han llegado a ironizar sobre la oportunidad misma de medir la proporción o desproporción de la respuesta armada”. Pero muy pocos, en ambos bandos, “han advertido que el concepto de proporcionalidad remite no a problemas semánticos, sino a nociones de derecho internacional”.
Más precisamente, apunta el dirigente, “a la parte humanitaria de ese derecho, que regula el desenvolvimiento de un conflicto bélico. Sea en el espíritu de la convención de Ginebra (1949), sea en sus protocolos adicionales (1977), el principio de proporcionalidad obliga a los contendientes a evaluar ‘a priori’ los efectos de operaciones militares en el plano civil”.
Al encarar el conflicto en Líbano meridional, los juicios sobre Israel y Hezobollá ”deben mejorar en sensatez y fundamentos”. En ese contexto –explica Luzzatto-, es claro que la guerrilla shi’í “ha infringido el derecho en al menos un sentido: diseminar armas en viviendas y edificios públicos. Ello impedía a los israelíes golpear selectivamente, sin sacrificar civiles”.
Por otra parte, según un informe de Amnesty international (23 de agosto), “queda claro que Israel ha infringido ese mismo derecho de gentes en diversas maneras. Verbigracia, atacando en forma indiscriminada, lo cual causó más de mil víctimas civiles, entre ellas cientos de niños. Lo hizo –insiste el comentario- destruyendo barrios enteros de Beirut y aldeas en el sur, obviamente carentes de relevancia estratégica”.
Más aún, los israelíes ”bombardeaban sistemáticamente infraestructuras necesarias para la sobrevivencia de la población: centrales de bombeo y depuración de aguas, estaciones se servicio, hospitales, supermercados, caravanas con víveres y medicamentos”. Esta actitud, resultante de un tenaz etnocentrismo (el síndrome de pueblo elegido, un mito como cualquier otro), fue aplaudida casi hasta el final por una opinión pública interna y las mayores colectividades en Occidente, para quienes el mundo debe girar en torno de Israel, un país apenas mayor que Líbano.
“Difícilmente esas cosas –volviendo a Luzzatto- puedan calificarse como daños colaterales, un eufemismo de raigambre militar. Por el contrario, todo hace suponer que el gobierno israelí perseguía políticas coordinadas, tendientes a destruir infraestructuras y desmoralizar a civiles”. Tel Aviv, en verdad, “esperaba forzar a gobierno y población libanesa a alzarse contra Hezbollá, tornándola en responsable directa del desastre”. Ocurrió a la inversa.
Estas acciones, recuerda el dirigente, “configuran una violación al derecho internacional humanitario. Inclusive transgreden los principios de proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y civiles”. Al cerrar su análisis, Luzzatto señala que Israel debe tener una estrategia coherente para defenderse. Entretanto, no obstante, “cabe dudar de que la violación sistemática del derecho sea remedio adecuado”. Más bien es al contrario, como muestra –a juicio del analista Martin van Crefeld- el fracaso de esta “guerra macabea al revés”.
Como puntualiza un reciente comentario de Sergio Luzzatto, ligado a una secular familia judía italiana de origen sefardí, “ciertos defensores a ultranza de Israel han llegado a ironizar sobre la oportunidad misma de medir la proporción o desproporción de la respuesta armada”. Pero muy pocos, en ambos bandos, “han advertido que el concepto de proporcionalidad remite no a problemas semánticos, sino a nociones de derecho internacional”.
Más precisamente, apunta el dirigente, “a la parte humanitaria de ese derecho, que regula el desenvolvimiento de un conflicto bélico. Sea en el espíritu de la convención de Ginebra (1949), sea en sus protocolos adicionales (1977), el principio de proporcionalidad obliga a los contendientes a evaluar ‘a priori’ los efectos de operaciones militares en el plano civil”.
Al encarar el conflicto en Líbano meridional, los juicios sobre Israel y Hezobollá ”deben mejorar en sensatez y fundamentos”. En ese contexto –explica Luzzatto-, es claro que la guerrilla shi’í “ha infringido el derecho en al menos un sentido: diseminar armas en viviendas y edificios públicos. Ello impedía a los israelíes golpear selectivamente, sin sacrificar civiles”.
Por otra parte, según un informe de Amnesty international (23 de agosto), “queda claro que Israel ha infringido ese mismo derecho de gentes en diversas maneras. Verbigracia, atacando en forma indiscriminada, lo cual causó más de mil víctimas civiles, entre ellas cientos de niños. Lo hizo –insiste el comentario- destruyendo barrios enteros de Beirut y aldeas en el sur, obviamente carentes de relevancia estratégica”.
Más aún, los israelíes ”bombardeaban sistemáticamente infraestructuras necesarias para la sobrevivencia de la población: centrales de bombeo y depuración de aguas, estaciones se servicio, hospitales, supermercados, caravanas con víveres y medicamentos”. Esta actitud, resultante de un tenaz etnocentrismo (el síndrome de pueblo elegido, un mito como cualquier otro), fue aplaudida casi hasta el final por una opinión pública interna y las mayores colectividades en Occidente, para quienes el mundo debe girar en torno de Israel, un país apenas mayor que Líbano.
“Difícilmente esas cosas –volviendo a Luzzatto- puedan calificarse como daños colaterales, un eufemismo de raigambre militar. Por el contrario, todo hace suponer que el gobierno israelí perseguía políticas coordinadas, tendientes a destruir infraestructuras y desmoralizar a civiles”. Tel Aviv, en verdad, “esperaba forzar a gobierno y población libanesa a alzarse contra Hezbollá, tornándola en responsable directa del desastre”. Ocurrió a la inversa.
Estas acciones, recuerda el dirigente, “configuran una violación al derecho internacional humanitario. Inclusive transgreden los principios de proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y civiles”. Al cerrar su análisis, Luzzatto señala que Israel debe tener una estrategia coherente para defenderse. Entretanto, no obstante, “cabe dudar de que la violación sistemática del derecho sea remedio adecuado”. Más bien es al contrario, como muestra –a juicio del analista Martin van Crefeld- el fracaso de esta “guerra macabea al revés”.
