Las cosas retornan en parte a 1949, cuando Mao Zedong proclamó la república popular, tras vencer en una larga guerra civil a Jiang Gaishek (Chiang Kai Shek). En parte, a 1954, o sea la primera constitución de corte colectivista. Pero también es una vuelta a la constitución republicana de 1912. Al respecto cabe notar que la propiedad privada era un derecho muy relativo bajo el imperio.
La nueva ley “propende a mantener el orden económico, dirimir la pertenencia de bienes y activos, valorizarlos y amparar la propiedad civil”. Según lo trasunta un comunicado difundido el viernes en Beijing, las reformas alcanzan la última fase pero, como es fácil deducir del texto, no implican un compromiso democrático ni mucho menos, como se ilusionan medios occidentales, el imperio de los mercados especulativos.
Tras años de lucha interna entre el ala conservadora y el ala reformista moderada del comité central (praesidium, curioso resabio de la república romana hasta Octavio), la balanza se volcó al segundo grupo. No fue fácil y subsiste una oposición “maximalista”.
Los conservadores trataron de bloquear o diluir el proyecto de reforma constitucional por todo los medios posibles. Inclusive, algunos llegaron a amenazar con romper la unanimidad obligatoria en la votación parlamentaria. De paso, este rasgo típicamente totalitario continúa vigente: China no ha comprado del “modelo de mercado democrático” al cual aludió Henry Paulsen, secretario norteamericano de hacienda, en reciente visita a Beijing. Eso ni siquiera lo ha hecho Singapur, una “autocracia bursátil”.
No obstante, expertos japoneses y taiwaneses estiman que, en adelante, Hu Jintao ensayará un sistema no distante del aplicado hoy en Hongkong, en la Rusia de Vladyímir Putin y en Vietnam (la segunda “potencia comunista”). Por supuesto, los excesos de rigidez sobrevivientes en Norcorea o Birmania quedarán como exotismos de otros tiempos. Subsiste una incógnita: ¿qué harán ahora los conservadores recalcitrantes?
En general, analistas políticos de Singapur y Taipei –chinos étnicos- esperan que el disenso quede en el interior del partido. Flotaban sobre el plenario las proféticas palabras de Deng Xiaoping, pronunciadas en 1992: “Debemos estar atentos a la derecha, pero lo que será preciso eludir es la tentación ultraizquierdista”. Eso había dicho Jódsif Stalin cuando echó del gobierno a Lyev Trostski (cuyos minúsculos herederos occidentales no han aprendido nada).
En verdad, el partido envió al ostracismo a Deng por promover “reformas derechistas”, o sea liberalización económica, Después, sus presentes sucesores lo reivindicaron. Hoy se cierra una historia de contradicciones, que solía desorientar a los jerarcas de la ex Unión Soviética.
En los papeles, el Reino del Medio seguirá anclado en el “socialcomunismo”, pero deja de ser colectivista, aun en el plano rural. Bajo una fórmula transaccional, “mercado socialista”, el primer capítulo constitucional –artículos uno a ocho- busca equilibrar entre cánones antiguos e innovaciones. Algo así como una cruza entre ADN socialista y ADN globalizante, pero sin ADN democrático.
Como declara el artículo primero, “el estado consolidará la economía de propiedad pública e impulsará una economía complementaria, de propiedad privada. Habrá igualdad jurídica entre todos los agentes económicos y financieros. La posesión y el disfrute de bienes muebles e inmuebles queda protegidos por el estado. Quienes los violen se expondrán a sanciones civiles y penales”.
Cinco capítulos y 250 artículos conforman el nuevo orden, válido para la China han, las provincias (Xinjiang uygur, Tibet, Ningxia hui, Mongolia interior, Guangxi zhuang), los cuatro grandes municipios (Beijing, Shanghai, Tianjin, Congqing), las dos administraciones especiales (Hongkong, Macao) y, claro, Taiwán.
Un artículo clave, el 63, determina que “el sector privado goza de derechos de propiedad sobre ganancias, viviendas, tierras, herramientas de trabajo, insumos primarios y bienes de uso”. Los artículos 64 a 66 reconocen el derecho a legar y heredar, establecer sociedades anónimas y de responsabilidad limitada”.
Las cosas retornan en parte a 1949, cuando Mao Zedong proclamó la república popular, tras vencer en una larga guerra civil a Jiang Gaishek (Chiang Kai Shek). En parte, a 1954, o sea la primera constitución de corte colectivista. Pero también es una vuelta a la constitución republicana de 1912. Al respecto cabe notar que la propiedad privada era un derecho muy relativo bajo el imperio.
La nueva ley “propende a mantener el orden económico, dirimir la pertenencia de bienes y activos, valorizarlos y amparar la propiedad civil”. Según lo trasunta un comunicado difundido el viernes en Beijing, las reformas alcanzan la última fase pero, como es fácil deducir del texto, no implican un compromiso democrático ni mucho menos, como se ilusionan medios occidentales, el imperio de los mercados especulativos.
Tras años de lucha interna entre el ala conservadora y el ala reformista moderada del comité central (praesidium, curioso resabio de la república romana hasta Octavio), la balanza se volcó al segundo grupo. No fue fácil y subsiste una oposición “maximalista”.
Los conservadores trataron de bloquear o diluir el proyecto de reforma constitucional por todo los medios posibles. Inclusive, algunos llegaron a amenazar con romper la unanimidad obligatoria en la votación parlamentaria. De paso, este rasgo típicamente totalitario continúa vigente: China no ha comprado del “modelo de mercado democrático” al cual aludió Henry Paulsen, secretario norteamericano de hacienda, en reciente visita a Beijing. Eso ni siquiera lo ha hecho Singapur, una “autocracia bursátil”.
No obstante, expertos japoneses y taiwaneses estiman que, en adelante, Hu Jintao ensayará un sistema no distante del aplicado hoy en Hongkong, en la Rusia de Vladyímir Putin y en Vietnam (la segunda “potencia comunista”). Por supuesto, los excesos de rigidez sobrevivientes en Norcorea o Birmania quedarán como exotismos de otros tiempos. Subsiste una incógnita: ¿qué harán ahora los conservadores recalcitrantes?
En general, analistas políticos de Singapur y Taipei –chinos étnicos- esperan que el disenso quede en el interior del partido. Flotaban sobre el plenario las proféticas palabras de Deng Xiaoping, pronunciadas en 1992: “Debemos estar atentos a la derecha, pero lo que será preciso eludir es la tentación ultraizquierdista”. Eso había dicho Jódsif Stalin cuando echó del gobierno a Lyev Trostski (cuyos minúsculos herederos occidentales no han aprendido nada).
En verdad, el partido envió al ostracismo a Deng por promover “reformas derechistas”, o sea liberalización económica, Después, sus presentes sucesores lo reivindicaron. Hoy se cierra una historia de contradicciones, que solía desorientar a los jerarcas de la ex Unión Soviética.
En los papeles, el Reino del Medio seguirá anclado en el “socialcomunismo”, pero deja de ser colectivista, aun en el plano rural. Bajo una fórmula transaccional, “mercado socialista”, el primer capítulo constitucional –artículos uno a ocho- busca equilibrar entre cánones antiguos e innovaciones. Algo así como una cruza entre ADN socialista y ADN globalizante, pero sin ADN democrático.
Como declara el artículo primero, “el estado consolidará la economía de propiedad pública e impulsará una economía complementaria, de propiedad privada. Habrá igualdad jurídica entre todos los agentes económicos y financieros. La posesión y el disfrute de bienes muebles e inmuebles queda protegidos por el estado. Quienes los violen se expondrán a sanciones civiles y penales”.
Cinco capítulos y 250 artículos conforman el nuevo orden, válido para la China han, las provincias (Xinjiang uygur, Tibet, Ningxia hui, Mongolia interior, Guangxi zhuang), los cuatro grandes municipios (Beijing, Shanghai, Tianjin, Congqing), las dos administraciones especiales (Hongkong, Macao) y, claro, Taiwán.
Un artículo clave, el 63, determina que “el sector privado goza de derechos de propiedad sobre ganancias, viviendas, tierras, herramientas de trabajo, insumos primarios y bienes de uso”. Los artículos 64 a 66 reconocen el derecho a legar y heredar, establecer sociedades anónimas y de responsabilidad limitada”.
