El ministro de Economía, Martín Lousteau, le redobló la apuesta
a quien lo trata de “flojito”, Guillermo Moreno. Se lanzó con
un aumento a las retenciones de la soja, el maíz y los aceites, y logró
lo que el secretario de Comercio, con toda su prepotencia, jamás pudo:
poner de pie a todas las entidades de campo en contra del gobierno y decidir un
paro de 48 horas, con posible extensión hasta el miércoles previo
a la larga Semana Santa.
La nueva embestida oficial contra el agro, que proporciona las divisas y los impuestos
para que la administración de los Kirchner exhiba superávits comercial
y fiscal, se sumó a las tensiones que ya venía generando la política
de precios ejecutada por Moreno contra la carne, la leche y el trigo, que determinó
el martes un piquete de la Federación Agraria Argentina en los puertos
rosarinos.
Sobre llovido, mojado, el titular del Palacio de Hacienda se despachó con
un golpe a la economía de los productores, que significa la confiscación
de US$ 1.300 millones, justificada en la mejora que tuvieron las cotizaciones
internacionales de los commodities.
Ese mismo argumento había invocado su antecesor, Miguel Peirano, cuando
anunció en su fugaz paso por la cartera económica el anterior retoque
practicado sobre las retenciones.
Las cuatro entidades que reaccionaron ante la medida (Sociedad Rural, CRA, CARBAP
y Federación Agraria Argentina) argumentan que en ningún momento
fueron convocadas a dialogar con el gobierno y quieren llamarle la atención
de su existencia movilizando a los productores.
El estilo impuesto por Néstor Kirchner, que su esposa aplica a rajatabla,
reside en evitar el diálogo institucional. Confronta a través de
los medios y conversa con los referentes en un ámbito más íntimo.
Pero en el caso del campo los hilos están cortados, por más que
Miguens (de la Rural) tenga contactos en el gabinete.
Lo que los dirigentes agropecuarios reclaman discutir con los representantes del
gobierno es la fundamentación de la confiscación resuelta, aparentemente,
por el ministro de Economía.
En papers que entregara hace dos días en una conferencia de prensa, Gastón
Rossi, secretario de Política Económica, y Javier de Urquiza, secretario
de Agricultura, se explicaba la postura oficial. Urquiza fue contundente: “Este
es el escenario que fijó el gobierno y éstas son las condiciones
para trabajar; estamos dispuestos a trabajar independientemente de lo que decidan
las entidades”.
Rossi explicó: “Estamos retrotrayendo el precio neto de retenciones
al productor, en el caso de la soja y el girasol, a fines de diciembre. En un
contexto histórico, si era rentable producir soja hace dos meses, difícilmente
lo deje de ser actualmente (las retenciones en soja saltaron del 35 al 44,1%).
La soja subió 70% en seis meses y el girasol, 91%”.
El estudio realizado por el Ministerio de Economía sobre lo que pasará
una vez aplicadas estas retenciones indica:
· En el caso de la soja, el productor se va a quedar con 24% más
de precio que el pico del período 2002/2006;
· En girasol, ese porcentaje trepa a 59%, y en maíz y en trigo se
ubican en 14 y 38%, respectivamente.
· Si en diciembre pasado un productor podía obtener un margen bruto
de 1566,42 pesos por hectárea con una soja de 3000 kilos de rinde en la
zona núcleo, hoy, aun con el nuevo esquema de retenciones, recibirá
entre 1666,65 y 1826,60 pesos por ha. Todo, por la firmeza de los precios”.
Estas matemáticas no encajan en el esquema que el productor se ha hecho
en estos días de bonanza, ya que considera que el beneficio de una situación
internacional favorable corresponde a un ciclo, cuya contracara es precisamente
la caída de esos valores, los factores climáticos adversos, etc,
que forman parte de lo que se identifica como riesgo empresario.
Así como cuando se presentan esas contingencias adversas los dirigentes
agropecuarios suelen olvidarse de estas posturas liberales y reclaman la declaración
de emergencia, con subsidios crediticios y fiscales, esta vez el ministro Lousteau
les recuerda algo similar a lo que esgrimiera Peirano el año pasado:
· “Este año, el gobierno va a comprometer 4.000 millones de
dólares en la compra de dólares y esto es un elemento fundamental
para sostener el tipo de cambio; si el tipo de cambio en vez de ser de 3,15 fuera
de 2,80, eso es 10% de rentabilidad menos, entre otras cosas, para el campo”,
dijo esta mañana en declaraciones radiales.
· “Cuando el gobierno compromete fuentes fiscales muy importantes
para poder mantener el precio del combustible barato en Argentina, el gasoil,
¿una parte importante a dónde va? al campo, entonces creo que en
lugar de mirar situaciones particulares, tenemos que entender cómo está
funcionando todo este esquema”, remató dirigiéndose a los sublevados
productores.
El método del atril
Explicar con argumentos de política económica medidas aisladas de
coyuntura es la característica que ha campeado desde que Roberto Lavagna
era ministro.
Loustean lo hizo, pero en vez de intentar convencer previamente a las entidades
del equilibrio que afirma buscar con las medidas, se explaya ante un micrófono
radial cuidadosamente seleccionado por sus asesores sobre hechos consumados.
“Estoy en desacuerdo con este tipo de manifestaciones. Cualquiera que se
asoma al interior, sabe cuál es la situación del campo”, criticó
en radio Del Plata. “Asemejar la situación actual (como habrían
hecho dirigentes del sector) con la de fines de los ´90 es una injusticia”,
añadió.
“Lo que se está acotando es la movilidad hacia arriba o hacia la baja
de los precios, con lo que se da mayor certidumbre a toda la cadena y también
al precio de los alimentos”, agregó.
El ministro sostuvo que “el gobierno tiene que cuidar el equilibrio entero
de toda la cadena económica y de todo el cuerpo social”.
Señaló que “al campo le va bien porque ha hecho una inversión
muy importante en tecnología y tiene muchos méritos propios, pero
también la coyuntura internacional ajena a nosotros que hace que el campo
sea hiperrentable. El precio de los alimentos se disparó en el mundo, en
los últimos 12 meses, se ha duplicado”.
La ofensiva mediática del ministro, luego de asumir la primera medida en
la que no participa Guillermo Moreno en los tres meses que lleva de gestión,
apela al estilo didáctico que usan los especialistas en economía:
“Argentina implementó un esquema donde lo que se hace es permitir
que parte del precio pase a los productores para que generen más, pero
se compensa el precio de otros alimentos”, dijo primero.
Y para diferenciarse de los modos toscos y primitivos de quien debería
ser subalterno y hasta ahora se movía como su jefe, remató: “La
gente tiene que saber que cuando va al supermercado a comprar leche, cuando compra
harina, cuando compra pastas, hay una compensación que está haciendo
el gobierno para que el precio de esos alimentos no suba tanto como está
ocurriendo en otros lugares del mundo”.
¿Creerá el ministro que la dirigencia agropecuaria unida en su contra
se resignará con la promesa de que la alícuota móvil “les
va a dar certidumbre para los próximos cuatro años, es decir que
no se van a cambiar en los próximos cuatro años porque se adaptan
a la suba y a la baja de esas dos oleaginosas”.
La protesta agropecuaria nacional involucra a productores enrolados en las cuatro
entidades gremiales del sector. El paro lanzado ayer, por 48 horas, convoca a
hombres y mujeres del campo a que se abstengan de comercializar granos, vacas,
e incluso no entregar leche a las industrias, en repudio a la política
nacional para el sector. Exigen básicamente que se de marcha atrás
a las retenciones móviles.
El nuevo esquema, que regirá por cuatro años, implica alzas de 9
puntos para la soja y de 7 para el girasol y eso es lo que hoy cuenta, en un contexto
de absoluto desprecio que sienten les profesan desde la Casa Rosada.
Los representantes del campo hacen también hincapié en que las retenciones
no son coparticipables, es decir, no se distribuyen entre las provincias, sino
que los $ 1.000 millones menos de ingresos que les reportará son de libre
disposición para el gobierno central.
Gobernadores
Buzzi, de Federación Agraria, se comunicó con Hermes Binner, gobernador
de Santa Fe, para coordinar un encuentro con Juan Schiaretti, Daniel Scioli y
el entrerriano Sergio Urribarri.
Se esperanza en que nuevamente el mandatario santafesino mediará, como
lo hizo en el conflicto lechero, para que la sangre no llegue al río. En
tal sentido, el diario Castellanos, de Rafaela, transcribe un comunicado oficial
de las entidades, en el que indican que “la medida de suspender las ventas
de carnes y granos se mantiene hasta el viernes a la medianoche. Luego, los representantes
gremiales se reunirán para analizar el impacto y trazar el esquema para
los días sucesivos, y no descartaron continuar si no hay señales
del gobierno nacional. De resultar un balance negativo, se extendería hasta
el miércoles a la medianoche de la semana que viene. (…)”
La arriesgada jugada de Lousteau por cobrar protagonismo, sobre todo ante las
oficinas del ex presidente en Puerto Madero, donde se dudaba de su dureza, lo
deja mejor parado en la interna con Guillermo Moreno, pero complica su propia
capacidad de acción en la cartera.
El desabastecimiento que ya se notaba en los productos alimenticios se irá
agravando con el paro agropecuario y la única respuesta que parece blandir
el círculo áulico presidencial consiste en extremar la represión
contra los empresarios que se le rebelaron.
Un arma en gestación es la iniciativa -impulsada por la ex secretaria de
Defensa del Consumidor y actual diputada oficialista por Córdoba, Patricia
Vaca Narvaja-, aprobada con el voto positivo de 197 legisladores y tan sólo
6 abstenciones, que procura que, ante los conflictos, las empresas concilien con
sus clientes y no sean objeto de sanciones. Pero en un sentido más amplio
faculta al gobierno, en este caso a la Secretaría de Comercio, a cargo
de Guillermo Moreno, aumentar las penalidades en caso de incumplimiento de la
norma, que le abriría las puertas a la intromisión en los libros
de las empresas.
El ministro de Economía, Martín Lousteau, le redobló la apuesta
a quien lo trata de “flojito”, Guillermo Moreno. Se lanzó con
un aumento a las retenciones de la soja, el maíz y los aceites, y logró
lo que el secretario de Comercio, con toda su prepotencia, jamás pudo:
poner de pie a todas las entidades de campo en contra del gobierno y decidir un
paro de 48 horas, con posible extensión hasta el miércoles previo
a la larga Semana Santa.
La nueva embestida oficial contra el agro, que proporciona las divisas y los impuestos
para que la administración de los Kirchner exhiba superávits comercial
y fiscal, se sumó a las tensiones que ya venía generando la política
de precios ejecutada por Moreno contra la carne, la leche y el trigo, que determinó
el martes un piquete de la Federación Agraria Argentina en los puertos
rosarinos.
Sobre llovido, mojado, el titular del Palacio de Hacienda se despachó con
un golpe a la economía de los productores, que significa la confiscación
de US$ 1.300 millones, justificada en la mejora que tuvieron las cotizaciones
internacionales de los commodities.
Ese mismo argumento había invocado su antecesor, Miguel Peirano, cuando
anunció en su fugaz paso por la cartera económica el anterior retoque
practicado sobre las retenciones.
Las cuatro entidades que reaccionaron ante la medida (Sociedad Rural, CRA, CARBAP
y Federación Agraria Argentina) argumentan que en ningún momento
fueron convocadas a dialogar con el gobierno y quieren llamarle la atención
de su existencia movilizando a los productores.
El estilo impuesto por Néstor Kirchner, que su esposa aplica a rajatabla,
reside en evitar el diálogo institucional. Confronta a través de
los medios y conversa con los referentes en un ámbito más íntimo.
Pero en el caso del campo los hilos están cortados, por más que
Miguens (de la Rural) tenga contactos en el gabinete.
Lo que los dirigentes agropecuarios reclaman discutir con los representantes del
gobierno es la fundamentación de la confiscación resuelta, aparentemente,
por el ministro de Economía.
En papers que entregara hace dos días en una conferencia de prensa, Gastón
Rossi, secretario de Política Económica, y Javier de Urquiza, secretario
de Agricultura, se explicaba la postura oficial. Urquiza fue contundente: “Este
es el escenario que fijó el gobierno y éstas son las condiciones
para trabajar; estamos dispuestos a trabajar independientemente de lo que decidan
las entidades”.
Rossi explicó: “Estamos retrotrayendo el precio neto de retenciones
al productor, en el caso de la soja y el girasol, a fines de diciembre. En un
contexto histórico, si era rentable producir soja hace dos meses, difícilmente
lo deje de ser actualmente (las retenciones en soja saltaron del 35 al 44,1%).
La soja subió 70% en seis meses y el girasol, 91%”.
El estudio realizado por el Ministerio de Economía sobre lo que pasará
una vez aplicadas estas retenciones indica:
· En el caso de la soja, el productor se va a quedar con 24% más
de precio que el pico del período 2002/2006;
· En girasol, ese porcentaje trepa a 59%, y en maíz y en trigo se
ubican en 14 y 38%, respectivamente.
· Si en diciembre pasado un productor podía obtener un margen bruto
de 1566,42 pesos por hectárea con una soja de 3000 kilos de rinde en la
zona núcleo, hoy, aun con el nuevo esquema de retenciones, recibirá
entre 1666,65 y 1826,60 pesos por ha. Todo, por la firmeza de los precios”.
Estas matemáticas no encajan en el esquema que el productor se ha hecho
en estos días de bonanza, ya que considera que el beneficio de una situación
internacional favorable corresponde a un ciclo, cuya contracara es precisamente
la caída de esos valores, los factores climáticos adversos, etc,
que forman parte de lo que se identifica como riesgo empresario.
Así como cuando se presentan esas contingencias adversas los dirigentes
agropecuarios suelen olvidarse de estas posturas liberales y reclaman la declaración
de emergencia, con subsidios crediticios y fiscales, esta vez el ministro Lousteau
les recuerda algo similar a lo que esgrimiera Peirano el año pasado:
· “Este año, el gobierno va a comprometer 4.000 millones de
dólares en la compra de dólares y esto es un elemento fundamental
para sostener el tipo de cambio; si el tipo de cambio en vez de ser de 3,15 fuera
de 2,80, eso es 10% de rentabilidad menos, entre otras cosas, para el campo”,
dijo esta mañana en declaraciones radiales.
· “Cuando el gobierno compromete fuentes fiscales muy importantes
para poder mantener el precio del combustible barato en Argentina, el gasoil,
¿una parte importante a dónde va? al campo, entonces creo que en
lugar de mirar situaciones particulares, tenemos que entender cómo está
funcionando todo este esquema”, remató dirigiéndose a los sublevados
productores.
El método del atril
Explicar con argumentos de política económica medidas aisladas de
coyuntura es la característica que ha campeado desde que Roberto Lavagna
era ministro.
Loustean lo hizo, pero en vez de intentar convencer previamente a las entidades
del equilibrio que afirma buscar con las medidas, se explaya ante un micrófono
radial cuidadosamente seleccionado por sus asesores sobre hechos consumados.
“Estoy en desacuerdo con este tipo de manifestaciones. Cualquiera que se
asoma al interior, sabe cuál es la situación del campo”, criticó
en radio Del Plata. “Asemejar la situación actual (como habrían
hecho dirigentes del sector) con la de fines de los ´90 es una injusticia”,
añadió.
“Lo que se está acotando es la movilidad hacia arriba o hacia la baja
de los precios, con lo que se da mayor certidumbre a toda la cadena y también
al precio de los alimentos”, agregó.
El ministro sostuvo que “el gobierno tiene que cuidar el equilibrio entero
de toda la cadena económica y de todo el cuerpo social”.
Señaló que “al campo le va bien porque ha hecho una inversión
muy importante en tecnología y tiene muchos méritos propios, pero
también la coyuntura internacional ajena a nosotros que hace que el campo
sea hiperrentable. El precio de los alimentos se disparó en el mundo, en
los últimos 12 meses, se ha duplicado”.
La ofensiva mediática del ministro, luego de asumir la primera medida en
la que no participa Guillermo Moreno en los tres meses que lleva de gestión,
apela al estilo didáctico que usan los especialistas en economía:
“Argentina implementó un esquema donde lo que se hace es permitir
que parte del precio pase a los productores para que generen más, pero
se compensa el precio de otros alimentos”, dijo primero.
Y para diferenciarse de los modos toscos y primitivos de quien debería
ser subalterno y hasta ahora se movía como su jefe, remató: “La
gente tiene que saber que cuando va al supermercado a comprar leche, cuando compra
harina, cuando compra pastas, hay una compensación que está haciendo
el gobierno para que el precio de esos alimentos no suba tanto como está
ocurriendo en otros lugares del mundo”.
¿Creerá el ministro que la dirigencia agropecuaria unida en su contra
se resignará con la promesa de que la alícuota móvil “les
va a dar certidumbre para los próximos cuatro años, es decir que
no se van a cambiar en los próximos cuatro años porque se adaptan
a la suba y a la baja de esas dos oleaginosas”.
La protesta agropecuaria nacional involucra a productores enrolados en las cuatro
entidades gremiales del sector. El paro lanzado ayer, por 48 horas, convoca a
hombres y mujeres del campo a que se abstengan de comercializar granos, vacas,
e incluso no entregar leche a las industrias, en repudio a la política
nacional para el sector. Exigen básicamente que se de marcha atrás
a las retenciones móviles.
El nuevo esquema, que regirá por cuatro años, implica alzas de 9
puntos para la soja y de 7 para el girasol y eso es lo que hoy cuenta, en un contexto
de absoluto desprecio que sienten les profesan desde la Casa Rosada.
Los representantes del campo hacen también hincapié en que las retenciones
no son coparticipables, es decir, no se distribuyen entre las provincias, sino
que los $ 1.000 millones menos de ingresos que les reportará son de libre
disposición para el gobierno central.
Gobernadores
Buzzi, de Federación Agraria, se comunicó con Hermes Binner, gobernador
de Santa Fe, para coordinar un encuentro con Juan Schiaretti, Daniel Scioli y
el entrerriano Sergio Urribarri.
Se esperanza en que nuevamente el mandatario santafesino mediará, como
lo hizo en el conflicto lechero, para que la sangre no llegue al río. En
tal sentido, el diario Castellanos, de Rafaela, transcribe un comunicado oficial
de las entidades, en el que indican que “la medida de suspender las ventas
de carnes y granos se mantiene hasta el viernes a la medianoche. Luego, los representantes
gremiales se reunirán para analizar el impacto y trazar el esquema para
los días sucesivos, y no descartaron continuar si no hay señales
del gobierno nacional. De resultar un balance negativo, se extendería hasta
el miércoles a la medianoche de la semana que viene. (…)”
La arriesgada jugada de Lousteau por cobrar protagonismo, sobre todo ante las
oficinas del ex presidente en Puerto Madero, donde se dudaba de su dureza, lo
deja mejor parado en la interna con Guillermo Moreno, pero complica su propia
capacidad de acción en la cartera.
El desabastecimiento que ya se notaba en los productos alimenticios se irá
agravando con el paro agropecuario y la única respuesta que parece blandir
el círculo áulico presidencial consiste en extremar la represión
contra los empresarios que se le rebelaron.
Un arma en gestación es la iniciativa -impulsada por la ex secretaria de
Defensa del Consumidor y actual diputada oficialista por Córdoba, Patricia
Vaca Narvaja-, aprobada con el voto positivo de 197 legisladores y tan sólo
6 abstenciones, que procura que, ante los conflictos, las empresas concilien con
sus clientes y no sean objeto de sanciones. Pero en un sentido más amplio
faculta al gobierno, en este caso a la Secretaría de Comercio, a cargo
de Guillermo Moreno, aumentar las penalidades en caso de incumplimiento de la
norma, que le abriría las puertas a la intromisión en los libros
de las empresas.
