En pleno año electoral, el Capitolio pronto tratará el asunto en una audiencia pública y esto inquieta a la empresa. En una carta a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) –cuya copia obtuvo Reuters-, los parlamentarios sostienen que los alcances locales e internacionales de las operaciones previstas son un gran riesgo potencial. A su juicio, cualquier problema financiero interno podría afectar al futuro banco y al propio sistema norteamericano de pagos.
El texto de la misiva recuerda otras críticas del congreso, emitidas cuando el gigante anunció sus propósitos financieros. Básicamente, a las comisiones de hacienda y banca (senado y representantes) las devela “la falta de una supervisión regulatoria amplia y el peligro de quebrantos para la FDIC misma.
“Sin vigilancia apropiada, el propietario de un banco como el propuesto por Wal-Mart podría comprometer su solvencia y la de la compañía controlante”, señala la presentación, subscripta por más de veinte legisladores. Los redactores de la carta son tres diputados, los republicano Paul Gillmore y Steven LaTourette (Ohio) más el demócrata Luis Gutiérrez (Illinois).
El máximo minorista del mundo ha solicitado autorización para abrir lo que el régimen estadounidense llama un “prestamista industrial”. Vale decir, un banco cautivo de una empresa, dedicado a manejar el procesamiento electrónico de pagos. Wal-Mart asegura que no ofrecerá servicios a otros ni establecerá sucursales o agencias.
No obstante, la iniciativa ha despertado creciente oposición parlamentaria y temores, entre los bancos locales, de que surja un competidor con el poder, la liquidez y la agresividad de esa cadena. Sectores gremiales y ambientalistas se han unido a la ofensiva. De hecho, ahora la campaña abarca también la propia figura de “prestamista industrial”. ¿Por qué? Porque, en 2005, el Sistema de Reserva Federal señaló que las compañías propietarias de esos “bancos” escapan a la supervisión nacional. Esta opinión dio pábulo a las acciones contra el proyecto de Wal-Mart.
En pleno año electoral, el Capitolio pronto tratará el asunto en una audiencia pública y esto inquieta a la empresa. En una carta a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) –cuya copia obtuvo Reuters-, los parlamentarios sostienen que los alcances locales e internacionales de las operaciones previstas son un gran riesgo potencial. A su juicio, cualquier problema financiero interno podría afectar al futuro banco y al propio sistema norteamericano de pagos.
El texto de la misiva recuerda otras críticas del congreso, emitidas cuando el gigante anunció sus propósitos financieros. Básicamente, a las comisiones de hacienda y banca (senado y representantes) las devela “la falta de una supervisión regulatoria amplia y el peligro de quebrantos para la FDIC misma.
“Sin vigilancia apropiada, el propietario de un banco como el propuesto por Wal-Mart podría comprometer su solvencia y la de la compañía controlante”, señala la presentación, subscripta por más de veinte legisladores. Los redactores de la carta son tres diputados, los republicano Paul Gillmore y Steven LaTourette (Ohio) más el demócrata Luis Gutiérrez (Illinois).
El máximo minorista del mundo ha solicitado autorización para abrir lo que el régimen estadounidense llama un “prestamista industrial”. Vale decir, un banco cautivo de una empresa, dedicado a manejar el procesamiento electrónico de pagos. Wal-Mart asegura que no ofrecerá servicios a otros ni establecerá sucursales o agencias.
No obstante, la iniciativa ha despertado creciente oposición parlamentaria y temores, entre los bancos locales, de que surja un competidor con el poder, la liquidez y la agresividad de esa cadena. Sectores gremiales y ambientalistas se han unido a la ofensiva. De hecho, ahora la campaña abarca también la propia figura de “prestamista industrial”. ¿Por qué? Porque, en 2005, el Sistema de Reserva Federal señaló que las compañías propietarias de esos “bancos” escapan a la supervisión nacional. Esta opinión dio pábulo a las acciones contra el proyecto de Wal-Mart.
