(EFE).- La empresa de telefonía móvil Bell South aceptó ser investigada por las autoridades ecuatorianas para esclarecer la denuncia del diputado Carlos González, quien la vinculó con un supuesto espionaje a personalidades locales.
El presidente de Bell South, el venezolano Carlos Blanco, admitió hoy (miércoles 21) que han participado en investigaciones cuando las autoridades lo han solicitado, y puso como ejemplo casos de secuestros, en los que los familiares de los afectados aceptaron que sus teléfonos móviles fueran intervenidos.
“Bell South, en el curso normal de sus negocios, colabora con las autoridades siempre en atención y haciendo caso a las leyes pertinentes en cierto tipo de investigaciones de delitos”, dijo Blanco en declaraciones a la televisión Gamavisión.
El directivo puntualizó que están “obligados por la ley a hacer eso”.
No obstante, Blanco dijo desconocer que se hayan intervenido los teléfonos de personalidades como el ex presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), entre otros, tal como denunció González.
Sin embargo, señaló que “la empresa está abierta a que las autoridades que tengan competencia sobre esto indaguen y determinen si hubo ese tipo de investigaciones (espionajes) o no”.
“No hay ninguna organización en el mundo que pueda controlar las acciones de cien por cien de sus empleados. Nosotros tenemos 800 empleados ecuatorianos, pero no podemos decir que no haya podido haber algún tipo de irregularidades, y eso es lo que tienen que determinar las autoridades”, subrayó.
El superintendente de Telecomunicaciones de Ecuador, Hugo Ruiz, ha anunciado que se investigará a fondo, y que de ser necesario se sancionará a los responsables del supuesto espionaje de teléfonos celulares.
Según la denuncia de González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresa Bell South, conjuntamente con la Policía local, está envuelta en un presunto espionaje mediante la intervención de teléfonos móviles.
Dicha intervención fue presuntamente cometida durante la insurrección militar-indígena del 21 de enero del año 2000, que terminó en el derrocamiento del entonces presidente de la República, Jamil Mahuad.
Los teléfonos celulares del ex jefe de Estado Osvaldo Hurtado, de Mahuad, del ex presidente del Congreso Nacional Juan José Pons y de varios legisladores están en la lista de los teléfonos intervenidos, según González.
(EFE).- La empresa de telefonía móvil Bell South aceptó ser investigada por las autoridades ecuatorianas para esclarecer la denuncia del diputado Carlos González, quien la vinculó con un supuesto espionaje a personalidades locales.
El presidente de Bell South, el venezolano Carlos Blanco, admitió hoy (miércoles 21) que han participado en investigaciones cuando las autoridades lo han solicitado, y puso como ejemplo casos de secuestros, en los que los familiares de los afectados aceptaron que sus teléfonos móviles fueran intervenidos.
“Bell South, en el curso normal de sus negocios, colabora con las autoridades siempre en atención y haciendo caso a las leyes pertinentes en cierto tipo de investigaciones de delitos”, dijo Blanco en declaraciones a la televisión Gamavisión.
El directivo puntualizó que están “obligados por la ley a hacer eso”.
No obstante, Blanco dijo desconocer que se hayan intervenido los teléfonos de personalidades como el ex presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), entre otros, tal como denunció González.
Sin embargo, señaló que “la empresa está abierta a que las autoridades que tengan competencia sobre esto indaguen y determinen si hubo ese tipo de investigaciones (espionajes) o no”.
“No hay ninguna organización en el mundo que pueda controlar las acciones de cien por cien de sus empleados. Nosotros tenemos 800 empleados ecuatorianos, pero no podemos decir que no haya podido haber algún tipo de irregularidades, y eso es lo que tienen que determinar las autoridades”, subrayó.
El superintendente de Telecomunicaciones de Ecuador, Hugo Ruiz, ha anunciado que se investigará a fondo, y que de ser necesario se sancionará a los responsables del supuesto espionaje de teléfonos celulares.
Según la denuncia de González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresa Bell South, conjuntamente con la Policía local, está envuelta en un presunto espionaje mediante la intervención de teléfonos móviles.
Dicha intervención fue presuntamente cometida durante la insurrección militar-indígena del 21 de enero del año 2000, que terminó en el derrocamiento del entonces presidente de la República, Jamil Mahuad.
Los teléfonos celulares del ex jefe de Estado Osvaldo Hurtado, de Mahuad, del ex presidente del Congreso Nacional Juan José Pons y de varios legisladores están en la lista de los teléfonos intervenidos, según González.
