<p>La junta quedó encargada por el grupo de los 20 de “reformar la vigilancia del negocio financiero mundial”. Hace pocos días, la FSB resolvió confeccionar una lista con dos docenas de bancos y tenerla lista para diciembre del año próximo. Por más que sus ejecutivos se quejen, deberán eventualmente inmovilizar fondos adicionales contra riesgos y probar que una bancarrota –o más- no hará implosionar el sistema. Analizando sus operaciones y balances, la junta se anticipará por vez primera a problemas y podrá desmontar bombas de tiempo. <br />
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Pero, en Washington, las cosas se mueven a mayor ritmo y el escrutinio abarcará una gama más amplia de negocios y transacciones. Eso no sorprende, por dos motivos. Primero, Estados Unidos fue donde estalló en 2007 la crisis sistémica occidental, golpeó más y todavía no se agota. Por otro lado, los recientes colapsos norteamericanos no afectaron tanto a la gran banca comercial y sí a las bancas de inversión.<br />
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Desde Long Term Capital Management (1998) hasta Bear Stearns, Lehman Brothers o American International Group (AIG), diez años después, una masa de especulaciones pagaba rindes espectaculares en negocios que se vinieron abajo estrepitosamente y dejaron tendales. Se trataba de entidades que operaban fuera de regulaciones o jurisdicciones normales, creando deuda volátil –derivados inclusive- y apostando sobre todo tipo de activo inestable. Desde bonos públicos rusos hasta malas hipotecas norteamericanas.<br />
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Las acciones puestas en marcha por EE.UU. se originan en la ley de reforma financiera Dodd-Frank –llamada por los legisladores que la promovieron a mediados de este año-, que la ultraderecha republicana califica como “monstruo de Barack Obama”. Habiéndose adelantado al G-20 y su futuro esquema global, podría ofrecer un modelo para encarar los mismos problemas. Ahora bien, si la iniciativa de la FSB no prosperase, Washington quedaría solo y su negocio banquero sería menos competitivo que en el resto.<br />
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Sea como fuere, habrá hondas consecuencias. Por ejemplo, las futuras normas podrían cambiar drásticamente los modelos de negocios y tornar no rentables determinadas prestaciones financieras (que la junta se resiste a llamarlas “productos”). Según decía Timothy Geithner, secretario del Tesoro, “a toda institución capaz de afectar nuestra economía podría exigírsele operar con mayor prudencia en diversos campos, en particular los más especulativos”. <br />
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La ley Dodd-Frank hará que los bancos con más de US$ 50.000 millones en activos caigan automáticamente en la órbita de la futura autoridad regulatoria. En este momento, una lista tentativa reuniría 36 bancos. Ahora, los supervisores exploran una gama de entidades no bancarias para incluirlas en “régimen resolutorio”. Ello permitirá al gobierno detectar casos tipo Lehman Brothers o AIG, sin necesidad de generar olas de pánico en el sistema o armar costosos rescates a expensas del contribuyente. <br />
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La nómina final se confeccionará el año entrante. El “dinero astuto” se halla en un puñado de instituciones no bancarias, de las cuales algo menos de diez se convertirán en cobayos del nuevo régimen. Conscientes del riesgo, los mayores fondos de cobertura (derivados) extrabursátiles (compras apalancadas) y aseguradoras pugnan por escaparle a esa red.</p>
Regular mercados no es exactamente el paraíso
En Seúl, los reguladores admitieron que detectar peligros ocultos en entidades financieras privadas sistémicamente relevantes tomará todo 2011. Así sostiene el italiano Mario Draghi, que preside la junta de estabilidad financiera (FSB en inglés).
