La información fiscal de siete provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es representativa aproximadamente de las dos terceras partes (66%) del gasto total del nivel subnacional de gobierno.
El resultado financiero del conjunto fue de -$ 1.612 millones, con ingresos por $ 564.884 millones y gastos por $ 556.296 millones, de acuerdo con el informe surgido de la elaboración de los informes fiscales de las provincias que realiza la ASAP periódicamente.
Yendo al detalle, CABA ha sido la jurisdicción que tiene el mejor resultado corriente: con el 16,2% de los recursos totales, que duplica a la que le sigue, que es Córdoba), pero que en resultado financiero Tucumán registra la mejor relación.
Los contrastes en ambos casos son Mendoza y Entre Ríos en uno y otro, respectivamente, pero la particularidad es que de las ocho provincias, cuatro tuvieron un resultado económico inferior a 2% de sus ingresos totales, mientras que cinco cerraron con déficit financiero en 2014.
El resultado económico, definido como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, da una medida de la capacidad de ahorro que tiene cada gobierno, tanto para financiar con recursos genuinos las erogaciones de capital como para enfrentar los vencimientos de la deuda.
Mendoza, que venía de un resultado negativo en 2013, tiene un superávit corriente de tan sólo el 1,6% de sus ingresos totales. También se observa que de las ocho provincias, cuatro registran un resultado económico inferior al 2% respecto a sus ingresos totales.
Con relación al resultado financiero, se observa que también Tucumán registra la mejor relación (3,6% de superávit respecto a los ingresos) y Entre Ríos el indicador más comprometido (-4,7%). De las ocho provincias, cinco registran déficit financiero en el ejercicio 2014.
La recaudación por Ingresos Brutos representa, en la mayoría de las provincias, el principal recurso propio. En el caso de las analizadas, para el 2014, en CABA llega a ocupar el 63,5% de los ingresos totales, más del doble de la segunda en este orden (Buenos Aires, con el 33%); mientras que en Entre Ríos apenas representa el 11,1% de los mismos.
El gasto total del gobierno en Tucumán representó en 2013 más del 35% de su PBG, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no llegó al 8% de su PBG. La brecha de 27 puntos porcentuales entre las jurisdicciones citadas da cuenta de la heterogeneidad del peso del sector público provincial en las economías de las estas jurisdicciones.
Neuquén tiene más de nueve empleados en su gobierno provincial cada cien habitantes de la provincia, casi el doble de la media de las provincias analizadas, Córdoba tiene poco más de tres empleados por cada cien habitantes.
Los indicadores de gestión deben interpretarse solo como referencia, y sus resultados deben ser explorados con la incorporación de otros indicadores que permitan comprender la situación de cada jurisdicción en toda su magnitud y complejidad.
Así, resulta aconsejable visualizar, para cada jurisdicción, el conjunto de indicadores y su relación entre sí.
Por ejemplo, CABA presenta el mayor nivel de gasto en capital sobre gasto total, lo cual es acompañado por un alto ratio de ahorro o resultado corriente; juntamente con un incremento en el stock de deuda entre el 2013 y 2014 con relación al total de sus ingresos, eso permite explicar la elevada tasa de inversión de esta jurisdicción.
También puede analizarse la evolución temporal de los indicadores. En general, los conceptos que mayor variación interanual suelen tener son el nivel de deuda y el gasto en capital y los resultados.
En este sentido, puede observarse, por ejemplo, que si bien Mendoza presenta en 2014 un déficit financiero de 1,7% con relación a sus ingresos, en 2013 dicho indicador era de -7,1% (el resultado más comprometido de las provincias analizadas), lo cual indica una sustancial mejora interanual.
Si se analiza el stock de deuda, se observa que si bien Neuquén registra el segundo mayor nivel de endeudamiento, el indicador se reduce sustancialmente entre un período y otro (de 47,5% respecto a los ingresos en 2013 a 30,1% en 2014).
Este tipo de análisis, si bien agrega complejidad, permite tener una visión más global y objetiva de la realidad de las provincias.
Dada la significatividad de la información, la ASAP se ha propuesto elaborar un primer documento que permita realizar análisis transversales entre las provincias, a fin de poder comparar el desempeño, prioridades y características de las finanzas públicas provinciales en períodos recientes.
Específicamente, se incluye una serie de indicadores financieros y fiscales que permiten tener una visión global de la asignación de los recursos de los gobiernos subnacionales para 2013 y 2014.
Esta información permite dar un valor agregado a los datos presentados por cada provincia, al ponerlos en relación con otras variables relevantes y, a su vez, en comparación con otras jurisdicciones.
El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, creado en el orden nacional por Ley Nº 25.917, establece que los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional deben tomar las medidas necesarias para calcular parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública, con el objeto de medir la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público.
Algunas definiciones específicas señalan que un indicador es “una medida estadística que permite describir y evaluar fenómenos”, que permite “resumir la información relevante de un fenómeno particular” o que “es una medida específica, objetivamente verificable, de los cambios o resultados de una actividad”.
Los indicadores de desempeño de la gestión pública son instrumentos de medición de las variables asociadas a las metas, resultando la expresión cuantitativa o cualitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico. Su utilización tiene como objetivos primordial es inducir mejoras en la información, apoyar el proceso de formulación de políticas, facilitar el establecimiento de compromisos de resultado y el seguimiento de la ejecución presupuestaria permitiendo disponer de alarmas tempranas e introducir factores de corrección y posibilitarla evaluación de los resultados a lo largo de un período.
Un indicador aporta el marco referencial cuantitativo de fenómenos que tienen componentes cualitativos, por lo que debe interpretárselos solo como referencia, y cuyos resultados deben ser explorados con la incorporación de otros indicadores que permitan la comprensión en toda su magnitud y complejidad.
El indicador debe actuar como disparador y promover la reflexión, el estudio y la asociación con otros indicadores que amplíen la información.
Por ello, resulta poco adecuada la utilización de un indicador de modo aislado, siendo más conveniente la definición de un sistema de indicadores que amplía la visión y la comprensión acerca de lo que se quiere analizar. Así, los indicadores expuestos en el presente documento deben analizarse de manera integral y no aisladamente respecto a los demás.
Existen distintos tipos o clasificaciones de indicadores. Entre los más utilizados se encuentran los indicadores de eficiencia y eficacia. Estos últimos reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de los productos o resultados respecto de lo programado en un período determinado. Permiten conocer el desvío entre el resultado programado y el obtenido, pero no las causas que lo originaron. Por su parte, los indicadores de eficiencia miden la relación entre la producción de bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos.
Existen otros tipos de indicadores complementarios a los anteriores, como los indicadores referenciales. Los mismos proporcionan información cuantitativa adicional, complementaria o comparativa de las acciones desarrolladas por las organizaciones gubernamentales.
Más que permitir evaluar el desempeño de las instituciones, los indicadores referenciales, como su nombre lo indica, permiten dar un punto de referencia, al relacionar la información con otras variables de interés.
En este documento se focalizó el interés en la selección de indicadores fiscales y financieros agregados, de fácil disponibilidad, que son básicamente referenciales, los cuales se calculan esencialmente con la información disponible en ASAP en base a los informes provinciales publicados.
El análisis presente es meramente descriptivo, sin entrar en consideraciones sobre las causas de los resultados obtenidos, ni emitir juicios de valor sobre los mismos.
Así todo, la presentación en los términos expuestos permite enriquecer la información original, resaltando aquellos datos que resulten más relevantes y, así, aumentar la transparencia fiscal al mismo tiempo que se ayuda a la toma de decisiones de los responsables de las políticas públicas.
