En cierto sentido no fue una sorpresa. Buena parte de la población tenía certeza sobre las irregularidades y actos corruptos cometidos en connivencia entre el sector público y privado, durante los últimos años en el país.
La verdadera sorpresa fue la originalidad de la denuncia (los famosos cuadernos de un chofer al servicio de funcionarios recolectores), la inmensa extensión de la red puesta al descubierto, y –por primera vez en este tipo de indagaciones- la contundencia de las pruebas aportadas.
No menos sorprendente resultó luego la carrera desatada entre empresarios –muchos de ellos muy conocidos y de prolongada actuación- y ex funcionarios para declarar primero, aportar algo nuevo y lograr el estatus de arrepentido, que les asegure alguna benevolencia a la hora de imponer penas.
Todo eso es bien sabido ahora. Mucho se ha hablado del tema. Surgieron análisis e interpretaciones. Aparecen los que dicen que es una enorme cortina de humo desplegada por el actual gobierno para cubrir el desastre al que llevan la economía (la realidad es que la gestión Macri tropieza, a partir de este proceso, con el agravamiento de la situación y el empeoramiento de los indicadores económicos).
Luego surgen los que aseguran qué corrupción hubo siempre, desde tiempos del Virreynato hasta ahora (lo que es cierto, aunque no hay comparación entre la extensión de esta corrupción con las precedentes). Encuentra lugar también el argumento que sostiene –con ánimo de exonerar de responsabilidad a parte de sus actores- que si no se ingresaba en el circuito, nunca se ganaría una licitación y por lo tanto una empresa se condenaba a la desaparición. El tema de la ilegalidad, la transgresión ética y la falta de transparencia no encuentran espacio desde esta perspectiva.
Lo que pasa, dicen algunos desde otro ángulo, es que “toda la justicia aprovecha para blanquearse”. Si fuera cierta esa interpretación, bienvenida sea la decisión.
Nuevamente, todo puede ser cierto. Y también lo es que hasta ahora se ha avanzado mucho en clarificar lo ocurrido en el sector de la construcción, pero se vislumbraba el ingreso indagador al sector del transporte y servicios públicos, como al financiero y al de energía reclamando las luces del escenario.
Hablando de uno de los presuntos corruptos, un taxista dijo: “¡Qué tarado. Se dejó agarrar!”. Conclusión: si no lo hubieran atrapado sería un campeón en lugar de un delincuente. El taxista expresa muy bien a un sector mayoritario de la población argentina. No hace falta incursionar en la sociología, para confirmar el arraigo de la falta de ética entre nosotros, en toda la sociedad.
Es inexorable el apartamiento de los timoneles de estas empresas –como es el caso de Aldo Roggio que cesó en la presidencia del Grupo Roggio. Subsiste la responsabilidad penal de los empresarios en esa situación, pero también preocupa lo que puede pasar con estas empresas. Sobrevoló entre los asistentes el recuerdo del frigorífico brasileño JBS que debió pagar una multa de US$ 3.500 millones por su participación en el Lava Jato.
De lo que no quedó duda es la incidencia económica negativa de este proceso. La idea con la obra pública era recurrir al PPP (participación pública-privada), pero nadie imagina ahora cómo se logrará la participación para esas obras. Ni financiamiento de entidades financiera locales o internacionales.
En síntesis, ¿se puede concebir que la sociedad entera cambie su postura en este tema? ¿Es ser realista imaginar un escenario de empresas y dirigentes transparentes? ¿O es otra vez una utopía?
