A esta fase se llega en un momento en que hay un boom de
Telefónica no sólo en la Bolsa española
—donde se la considera un valor estrella— sino
también en el conjunto de Europa, donde se ha convertido en la
inversión más rentable, entre los valores con mayor
capitalización.
La peculiaridad de la privatización de Telefónica
frente a procesos europeos similares radica en la decisión
gubernamental de que el Estado se desprenda de la totalidad de su
participación, 20,9 %, lo que supone 197 millones de acciones.
El portavoz de la bancada socialista en el Congreso, ex ministro de
industria Juan Manuel Eguiagaray, señaló a MERCADO la
paradoja de que gobiernos liderados por “maestros” de la
doctrina neoliberal, como Kohl y Chirac, encaren las privatizaciones
en sus países manteniendo una participación sustancial
del Estado en las empresas de telecomunicaciones, mientras que el
joven equipo de José María Aznar —presidente del
gobierno español— opta por una privatización sin
reservas, de tipo thatcheriano o menemista.
Tanto desde la oposición como desde los sindicatos se
señala que en ningún caso otros gobiernos europeos se
plantean, ni a corto ni a mediano plazo, perder el control sobre un
sector considerado estratégico.
Los analistas consideran que esto responde a una necesidad perentoria
de ingresar dinero fresco —se espera recaudar en torno a US$
4.500 millones— para cumplir los compromisos de la Unión
Europea y el Tratado de Maastricht. España está
apostando todas sus cartas a la incorporación a la Moneda
Unica Europea en 1998 con el grupo de cabeza, liderado por Alemania.
Para ello debe sastisfacer los criterios de convergencia, que suponen
reducir su déficit a un máximo de 3% en el ‘97
(4,4% en ‘96), reducir su deuda pública hasta un
máximo de 60% del PIB y comprimir sus índices de
inflación y tipos de interés. Aunque la Unión
Europea no permite que los ingresos por privatizaciones sean
destinados a la reducción del déficit, sí pueden
ir al achicamiento de la deuda, tanto pública como de las
empresas del Estado.
“Es la venta de las joyas de la corona”, comentó
Eguiagaray, quien considera poco prudente que el Estado quede ausente
del Consejo de Administración de la Empresa. No obstante, el
gobierno aprobó un Real Decreto para salvaguardar de forma
selectiva los intereses estatales en la compañía. En el
mismo se establece que Telefónica deberá obtener la
autorización administrativa previa para adoptar determinadas
decisiones cuando sea totalmente privada. El equipo oficial, en
atención al carácter estratégico del sector,
argumenta que Telefónica “es concesionaria de servicios
de comunicación esenciales de titularidad estatal y reservados
al sector público, cuyas tarifas y régimen de
prestación están regulados por el gobierno”, lo
que justifica ciertas medidas de control. También
estará sujeta a la autorización previa la compra de
acciones de la compañía cuando supere 10% del capital.
Estas facultades de control gubernamental tendrán una vigencia
de 10 años. Los expertos tienden a coincidir en que el proceso
de privatización de Telefónica de España no
afectará la marcha de su filial TISA (Telefónica
Internacional S.A), aún cuando también será
privatizada la participación del Estado español en la
misma (23,77%), a favor de la empresa matriz, que controlará
así 100% de las acciones. El responsable de telecomunicaciones
del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), Jesús Vesperina,
señaló que “la privatización de Tisa no
tendrá especial repercusión en las filiales, teniendo
en cuenta que Telefónica, desde hace ya muchos años, se
comporta como una empresa privada”. De hecho, la política
estratégica del grupo internacional no se ha modificado
sustancialmente con el cambio de gobierno.
El proceso privatizador
La perspectiva de la privatización de Telefónica
revolucionó el mercado bursátil español al
iniciarse 1997. La meteórica subida de su cotización
—doblando su valor desde la privatización anterior, en
octubre de 1995, cuando el Estado vendió 11% de sus
acciones— disparó el 9 de enero el volumen de negocio y
llevó a la Bolsa de Madrid a marcar un nuevo récord
histórico de contratación: poco más de US$ 1000
millones, de los cuales 43% correspondieron a casi 18 millones de
acciones de Telefónica, lo que representa 1,9% del capital de
la compañía. A este boom ayudaron también la
compra de 35% de la Compañía Riograndense de
Telecomunicaciones y el previsto pago de dividendos.
El 3 de enero de 1997 fue cuando la Sociedad Estatal de
Participaciones Patrimoniales (SEPPA) presentó a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la
información previa sobre la privatización de
Telefónica. Este documento indicaba que “los valores a
los que se refiere la Oferta son acciones ordinarias, al portador, de
Telefónica de España S.A., de 500 Ptas. de valor
nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. Todas
las acciones gozan de plenos derechos políticos y
económicos, pertenecen a la misma clase, sin que existan
acciones privilegiadas. El Consejo de Administración de
Telefónica de España S.A., con fecha 18 de diciembre de
1996, acordó repartir antes de la Fecha de Operación
Bursátil de la Oferta Pública un dividendo a cuenta de
35 Ptas. por acción, con cargo al ejercicio 1996. Los
adquirentes de acciones en virtud de la Oferta Pública no
tendrán para las acciones adquiridas en la misma, derecho a
dividendo a cuenta, al realizarse su reparto con anterioridad a la
correspondiente Fecha de Operación Bursátil”.
La oferta se dividió en un tramo para España y otro
para el exterior. El tramo español destina entre 50 y 55% de
las acciones a minoristas, lo que supondría cerca de US$ 2260
millones, tomando como precio de referencia de la acción el de
US$ 22,5. Los minoristas podrían invertir entre US$ 375 y US$
75.000. De estos límites queda excluído el subtramo
destinado a empleados y jubilados de Telefónica. Para los
minoristas, la propuesta de la SEPPA incluye un descuento de 4% y la
reserva de acciones para entregar gratuitamente 1 con la compra de
20, siempre y cuando se mantengan las 20 acciones desde el 18 de
febrero de 1997 hasta el 19 de febrero de 1998. Entre 10 y 15%
será para el tramo institucional español y
aproximadamente 30% para el exterior que, a su vez, se divide en
cuatro áreas (Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, Resto de
Europa y Resto del Mundo).
La coordinación global de la operación está a
cargo de Morgan Stanley y los bancos del núcleo duro de
Telefónica (Argentaria, BBV y La Caixa). Como directores para
el tramo institucional fueron designados también BCH, Caja
Madrid y Banco Santander, quedando fuera, en cambio, Merril Lynch. Se
espera que antes del 20 de febrero quede cerrada la
operación.
El objetivo que se plantea desde el gobierno es que el número
de accionistas supere el millón de inversores,
inspirándose en las ideas de capitalismo popular que
predicó Margaret Thatcher en Europa en los años ochenta
y del que pueden encontrarse antecedentes en trabajos de Prebisch en
los sesenta. En este sentido, el gobierno desplegó una
campaña publicitaria sin precedentes, a un costo de unos US$
25 millones. Se difundieron videos en todos los canales de
televisión, se insertaron dobles páginas a color en los
diarios de circulación nacional, se pusieron en la calle
caravanas de microbuses y puestos informativos atendidos por cientos
de universitarios, y se enviaron folletos informativos a cuatro
millones de hogares. Además, el Estado español
estableció un gasto de US$ 230 millones en incentivos a los
accionistas, US$ 120 millones en las comisiones por la
captación de inversores y US$ 4 millones en gastos de
tramitación.
(En Madrid) Javier M. González/ Ana Inés
López-Accotto
Tisa: la proyección internacional de
Telefónica
Tisa se creó en 1990 y en su primer año
registró pérdidas por alrededor de US$ 4 millones,
aunque a partir del segundo año comenzó a dar ganancia.
Ya en 1995, obtuvo un beneficio neto consolidado de US$ 223 millones,
lo que representó 22% del total de lo obtenido por el Grupo
Telefónica y un crecimiento de 17% respecto a 1994. Al
finalizar 1995, su valor de mercado era de US$ 6000 millones, lo que
la situaba en el décimo lugar de la tabla de
capitalización bursátil, entre las grandes
compañías españolas. Cada vez más, TISA
aporta un mayor volumen en los beneficios de la
compañía. Sus ingresos por inversiones alcanzaron en
1995 los US$ 370 millones (39% más que en 1994),
fundamentalmente por sus filiales de Perú y Chile.
Telefónica de Perú representaba en 1995 cerca del 40%
del total de los activos de Tisa y aportó US$ 83 millones,
sólo en concepto de transferencia de tecnología y
gestión. En los primeros nueve meses de 1996, de los
aproximadamente US$ 11.000 millones que facturó
Telefónica, más de US$ 2.000 millones correspondieron a
Tisa. En estos momentos, Tisa opera en 18 países, entre ellos
la Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Venezuela
y Puerto Rico y acaba de ingresar a Brasil. Gestiona 9,44 millones de
líneas telefónicas, la mayor parte en América
Latina, i tiene 756.000 clientes en telefonía celular y 1,13
millones de suscriptores de televisión por cable.
El presidente de Telefónica de España, Juan Villalonga
—un ejecutivo de 43 años, procedente de Bankers Trust,
sin experiencia en telecomunicaciones y amigo personal del presidente
español, José María Aznar—, continúa
de manera decidida el proyecto latinoamericano iniciado por Luis
Solana y continuado por Cándido Velázquez, que pasa por
consolidar el protagonismo de Telefónica en la Argentina,
Chile y Perú como ejes de la Red Panamericana de Servicios e
impulsar su implantación en el segmento de televisión
por cable y los servicios multimedia en América Latina, a
través de la Argentina, aprovechando que el índice de
penetración de este servicio está entre los más
elevados del mundo (49%). Además, la empresa estará
presente en las sucesivas privatizaciones que se vayan presentando en
el continente. De hecho, acaba de entrar en Brasil al obtener 35% de
la Compañía Riograndense de Telecomunicaciones (CRT),
en un consorcio con Rede Brasil Sul (RBS), la Compañía
de Teléfonos de Chile (CTC) y Telefónica de
Argentina.
Esta primera incursión en territorio brasileño supone
el ingreso en uno de los mercados más jugosos del área
latinoamericana (Río Grande es una de las regiones más
ricas de Brasil) y una toma de posición ante la futura venta
de la compañía nacional, Telebras. Telefónica
pagará al estado de Rio Grande do Sul casi US$ 647 millones
por la explotación de 700.000 nuevas líneas.
Además, Tisa opta por operar en Ecuador y Nicaragua, perdiendo
sus opciones en Panamá por la presencia de
participación estatal.
Telefónica de España
•
Telefónica de España S.A. se constituyó el 19 de
abril de 1924. Es una entidad de derecho privado, sujeta a la
normativa de sociedades anónimas.
• El Estado
español participa indirectamente a través de la
Dirección General del Patrimonio, con 21% del capital de la
compañía.
•
Telefónica es, en la actualidad, la más importante
multinacional española, aportando 2% del valor añadido
bruto de la economía.
• La Oferta
Pública de Venta es considerada por los expertos como la
operación bursátil más importante de la historia
de España.
• El
núcleo duro se constituyó hace dos años, con el
control de 9% del capital social por parte de Argentaria (Banca
Pública), el BBV y La Caixa. Su participación actual
está en torno a 15%, repartido en partes prácticamente
similares.
Los accionistas se posicionan
El 8 de enero, Argentaria, el grupo bancario público,
anunció la compra en la Bolsa del 2,12% del capital en
Telefónica, un volumen total de 20 millones de acciones, a 27
dólares cada una (lo que representa una inversión
aproximada de 477 millones de dólares), elevando su
participación en esta compañía al 5,21%.
Según portavoces del grupo bancario, el objetivo es elevar la
participación de cara a la próxima privatización
de la compañía, como una apuesta por su futuro. Y no se
descarta que aumente todavía más su
participación. Con esta inversión, Argentaria supera la
participación del banco vasco BBV, que a finales de diciembre
alcanzó el porcentaje del 5%, justificando la
operación por su ‘carácter
estratégico’. Por su parte, La Caixa, hasta ahora el
primer accionista, cuenta con un 5,2%. No obstante, el presidente de
Telefónica, Juan Villalonga, propuso que las tres entidades
dupliquen su porcentaje de participación hasta el 25%, como
una forma de evitar el desembarco de accionistas no deseados.