Bettina Azugna, de Grupo Sancor Seguros: “Es necesario que el Estado asuma un rol promotor”

“Siendo una aseguradora, entendemos que cumplimos un rol como inversor institucional de largo plazo, con capacidad de financiar desarrollos y proyectos que otros inversores no abordarían. Esto nos permite ofrecer una herramienta fundamental para la estabilidad social y económica del país”, sostiene Bettina Azugna.

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Así, Bettina Azugna, gerenta de Sustentabilidad del grupo, asegura que la sostenibilidad tiene un peso destacado en las decisiones de inversiones de capital. “Más allá de las inversiones financieras (nuestro portafolio incluye activos alineados con criterios sustentables -en la medida en que el regulador y la oferta del mercado lo posibilita-), parte de nuestro capital se canaliza a través de verticales de negocios innovadores, con financiamiento a proyectos de triple impacto e inversión en economía real: 

  • Cites: inversión en deeptech y proyectos científicos de alto impacto en salud y ambiente.
  • Sancor Seguros Impulsa: incubadora de proyectos con visión de triple impacto.
  • Sancor Seguros Ventures: fondo que invierte en sectores insurtech, healthtech y fintech.
  • Real Estate: inversiones inmobiliarias con criterio federal para dinamizar las economías regionales. 

¿Cómo se gestiona internamente la tensión entre compromisos ambientales y sociales de largo plazo y las presiones financieras de corto plazo?
Para nosotros, la sostenibilidad no es una opción sino la única alternativa posible para un crecimiento genuino. Es una inversión estratégica centrada en el negocio y con mirada de largo plazo, fundamentada en nuestra naturaleza cooperativa. La meta principal no es la ganancia, sino el bienestar de los asociados y demás grupos de interés. Consideramos la sustentabilidad como una gestión de riesgos y trabajamos en los impactos sociales y ambientales transversalmente en todas las operaciones, lo que indefectiblemente genera crecimiento económico y ocasiona que disminuya esa presión financiera.
Nos basamos en el diálogo con los grupos de interés, integrando sus expectativas en la planificación estratégica. De esa manera, generamos valor compartido; la rentabilidad económica sustenta la capacidad de responder ante impactos ambientales y riesgos sociales, garantizando que la sostenibilidad no sea un apéndice, sino el corazón de la estrategia para asegurar la resiliencia a largo plazo.

 

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¿Qué mecanismos de gobernanza o métricas permiten evitar que la sustentabilidad quede subordinada a urgencias coyunturales?
Contamos con un Proceso Sistemático de Gestión ininterrumpido desde 2005, que se retroalimenta año tras año; y una estructura de gobernanza robusta. El Área de Sustentabilidad depende directamente del CEO, lo que asegura que la estrategia sea transversal y tenga peso en la toma de decisiones al más alto nivel. Esto incluye:

  • Ciclos de mejora continua: que inician con un benchmarking de tendencias globales y locales para ajustar la hoja de ruta de gestión, y culminan con la publicación del Reporte ASG (ambiente, sociedad y gobernanza).
  • Uso de métricas y normas internacionales: GRI (incluyendo el capítulo financiero), SASB, ISO 26000, Agenda 2030 y los principios del Pacto Global, que exigen una rendición de cuentas transparente.
  • Doble materialidad: que evalúa el impacto en el entorno y cómo los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) nos generan riesgos y/o oportunidades financieras.
    • Red Federal de Referentes: casi 70 referentes de sostenibilidad que replican el modelo de acuerdo a las necesidades de cada región.
    • Programa transversal “Ser + Consciente”: que integra las dimensiones claves de la empresa (cultura aseguradora; prevención; salud; ética e integridad y cuidado del ambiente), y contribuye a abordar impactos directos del negocio.


Lo público y lo privado

¿Qué regulación argentina o incentivos considera que hacen falta urgentemente para acelerar la transición sostenible?
Es necesario que el Estado asuma un rol promotor integrando políticas que armonicen crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. Estas políticas deberían orientarse a mejorar el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático y proteger los derechos humanos, implementando una transición energética hacia renovables, invirtiendo en salud y educación, fortaleciendo la gobernanza, y consolidando marcos legales que garanticen los derechos y la participación ciudadana.

Hay puntos impostergables, como brindar incentivos fiscales y reglamentaciones que por ejemplo habiliten productos innovadores generados con producción limpia, insertos en un sistema de economía circular y que no vulneren los DD.HH. Y tomar un rol activo en la educación para formar ciudadanos empoderados e informados, que reflexionen y demanden esos productos y servicios y ayuden en la aceleración de esta transición. 

A escala país no hay normativa vigente pero algunas provincias están comenzando con buenas prácticas. Es imprescindible que desde el sector privado entendamos que no hay rentabilidad posible si no es desde un modelo sostenible del negocio, que contemple no solo criterios financieros, sino también una gestión de riesgos de los impactos sociales y ambientales. 

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