La economía digital de América Latina y el Caribe creció sobre una base evidente: más transacciones, trámites y decisiones se apoyan en redes. La conectividad abrió mercados y redujo costos, pero también amplió la superficie de ataque. En ese punto, la ciberseguridad dejó de ser un asunto exclusivo de especialistas y pasó a integrarse a la agenda de competitividad, continuidad operativa y confianza pública.
El costo ya no se mide solo en incidentes aislados. La proliferación de estafas, secuestro de información, robo de credenciales y sabotajes a sistemas genera pérdidas financieras, interrupciones de servicios y daño reputacional. La región convive, además, con una asimetría estructural: el agresor puede operar desde cualquier jurisdicción, mientras la respuesta suele quedar atada a capacidades locales desiguales y a marcos de cooperación que no siempre son ágiles.
Cinco dimensiones para medir madurez
Una forma práctica de ordenar el diagnóstico es pensar la “madurez” cibernética como un conjunto de capacidades que se refuerzan entre sí. La primera es la política pública: contar con una estrategia nacional, prioridades claras y presupuesto. La segunda es la cultura: hábitos de prevención en empresas, organismos y usuarios. La tercera es la formación: disponibilidad de talento, equipos técnicos y perfiles forenses. La cuarta es el marco legal: normas actualizadas para perseguir delitos y gestionar evidencia digital. La quinta es la arquitectura institucional: organismos, protocolos y tecnologías que permitan prevenir, detectar, responder y recuperar.
La región avanzó en digitalización más rápido que en ese paquete mínimo. En muchos países persisten déficits en planificación y coordinación, con respuestas fragmentadas entre áreas del Estado y sectores críticos. El resultado es previsible: se actúa tarde, se subregistran incidentes y se dificulta aprender de cada ataque para reducir la repetición.
Estrategia, comando y justicia
Tres piezas suelen definir el umbral básico de defensa. La primera es la estrategia: sin hoja de ruta, la inversión se vuelve reactiva y el gasto se concentra en soluciones puntuales. La segunda es el comando y control: centros de respuesta a incidentes y capacidades de monitoreo que trabajen con protocolos y comunicación interinstitucional. La tercera es el sistema de justicia: fiscalías y fuerzas especializadas, con entrenamiento y recursos para investigar delitos informáticos y sostener causas con evidencia técnica.
En paralelo aparece una tensión que atraviesa las democracias digitales: proteger sistemas sin debilitar derechos. La retención masiva de datos, el acceso estatal sin controles adecuados y la vigilancia sin reglas claras pueden erosionar privacidad y libertad de expresión. La ciberseguridad se vuelve, entonces, un problema de gobernanza: la fortaleza técnica necesita legitimidad institucional.
Argentina: instituciones y vacíos operativos
En Argentina existen antecedentes tempranos en materia de respuesta técnica y estructuras enfocadas en infraestructura crítica. También se desarrollaron campañas públicas de concientización y se consolidó una oferta educativa vinculada a seguridad informática e informática forense. Sin embargo, como en el resto de la región, persisten desafíos que impactan en la eficacia: coordinación entre jurisdicciones, actualización normativa al ritmo del delito y mecanismos consistentes para que empresas y organismos reporten incidentes sin temor a costos reputacionales o regulatorios.
Un punto sensible es la obligación —o ausencia de obligación— de notificar brechas de seguridad en el sector privado y en servicios tercerizados. Cuando los incidentes no se reportan, se reduce la visibilidad del riesgo sistémico, se dificulta la respuesta colectiva y se desaprovecha información clave para prevenir ataques similares.
La agenda pendiente: coordinar, capacitar, normar
La digitalización regional seguirá profundizándose por razones económicas y sociales. Por eso, la discusión ya no es si habrá más servicios en línea, sino si el entramado institucional acompañará esa expansión con defensas proporcionales. La agenda se resume en tres verbos.
Coordinar: Estado, empresas, telecomunicaciones, banca, energía, salud y educación necesitan protocolos compartidos para incidentes que se propagan en minutos.
Capacitar: sin talento disponible, las inversiones se convierten en herramientas subutilizadas.
Normar: marcos legales y regulatorios claros, con estándares aplicables y cooperación internacional efectiva, para que el delito no encuentre refugio en la fragmentación.
La región enfrenta una paradoja: depende cada vez más de sistemas digitales, pero todavía no los protege como si fueran infraestructura esencial. Esa brecha define el riesgo de la próxima década.
