Un lapidario informe de la organización Argentinos por la Educación revela la profunda crisis de financiamiento educativo que atraviesa el país, mostrando que el ajuste fiscal, impulsado tanto por el Gobierno Nacional como por las administraciones provinciales, está desmantelando la inversión escolar con consecuencias directas en la calidad educativa y en los salarios docentes. El estudio, que analiza el periodo 2014-2024 con proyecciones a 2025, confirma un masivo “ajuste de motosierra” que asfixia el presupuesto educativo en casi todo el territorio argentino.
Cifras de la Contracción: 21 Provincias con Menos Fondos
La crítica más contundente del informe radica en la caída generalizada del gasto real en la función Educación y Cultura. La cifra es alarmante: en 2024, 21 de las 24 jurisdicciones provinciales registraron una reducción real de su gasto en educación respecto a 2023. Esta contracción no es un hecho aislado, sino la culminación de una década de desfinanciamiento: 19 provincias ya invierten menos en educación en 2024 de lo que lo hacían en 2014.
El ajuste impacta de lleno en el presupuesto operativo. Jurisdicciones como San Luis sufrieron la caída más estrepitosa con una reducción real del gasto en Educación y Cultura del -37,5% entre 2023 y 2024. Le siguen de cerca provincias de la región Pampeana como Córdoba (-31,4%) y La Pampa (-30,8%).
Además de la caída en el monto total, el sector educativo pierde peso relativo frente a otras áreas del gasto provincial. Entre 2023 y 2024, 11 jurisdicciones destinaron una proporción menor de su presupuesto a la educación, confirmando que la función educativa ha dejado de ser una prioridad fiscal en la mitad del país.
El Vínculo con el Ajuste Nacional: FONID y el Castigo Docente
El informe establece un claro nexo entre el “ajuste provincial” y la política de austeridad impulsada desde el Gobierno Nacional, especialmente a través de la eliminación de transferencias clave. El detonante de la crisis de 2024 es la decisión de Nación de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente que representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto de los maestros.
Si bien los salarios docentes representan cerca del 90% del gasto educativo provincial, el informe detalla cómo la presión fiscal se tradujo directamente en una pulverización del poder adquisitivo:
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Pérdida Salarial Generalizada: Todas las provincias registraron una caída del salario real docente entre 2023 y 2024, siendo la más alta la de San Luis (-44,0%) y Santiago del Estero (-33,4%).
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Ajuste Extra-Salarial: El informe subraya que en 11 provincias la contracción del presupuesto educativo total fue superior a la caída de los salarios reales. Este dato es crítico, ya que sugiere que el ajuste se extendió a otros rubros vitales como infraestructura escolar, materiales didácticos o programas complementarios. Las provincias, en muchos casos, no solo no pudieron compensar el FONID, sino que ajustaron aún más el resto de la estructura.
Esta embestida provincial tiene su espejo en la inversión federal: el informe recuerda que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 prevé destinar solo el 0,75% del PBI a Educación y Cultura, marcando el tercer año consecutivo en que el Estado Nacional invierte menos del 1% de su riqueza en el sector. Este número contrasta drásticamente con la meta legal del 6% del PBI que la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075) estableció a partir de 2010.
En definitiva, la dinámica observada en las provincias entre 2023 y 2024 –caracterizada por recortes y despriorización del gasto– se alinea a la perfección con la lógica de ajuste fiscal a ultranza del gobierno central. La combinación de la eliminación de fondos nacionales y la subsiguiente retracción presupuestaria provincial consolida un panorama donde el costo del equilibrio fiscal recae directamente sobre los docentes y, fundamentalmente, sobre la calidad de la educación pública.
El informe completo puede leerse en el sitio de Argentinos por la Educación
Por Flavio Buccino, maestro y especialista en gestión educativa.
