El Gobierno nacional oficializó una medida que promete redefinir el panorama educativo y económico de miles de familias: la desregulación total de las cuotas de los colegios de gestión privada. Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo derogó la normativa que obligaba a estas instituciones a solicitar autorización previa para modificar sus aranceles, otorgándoles autonomía plena para fijar precios.
El Fin de un Control de 30 Años
La medida, implementada a través del Decreto 787/2025, elimina el control estatal vigente desde 1993. El argumento central del Ejecutivo es que la regulación había quedado obsoleta, generaba “distorsiones” en el mercado y limitaba el derecho a la libre contratación, alineando ahora la educación privada con la lógica de precios del sector universitario.
En la práctica, los colegios, especialmente aquellos sin aporte estatal (subsidio), pueden ahora modificar las cuotas y matrículas sin obtener una luz verde oficial previa, ajustándose a sus costos operativos y la demanda del mercado.
El Temor al “Cuotazo”: ¿Qué Dicen los Especialistas?
La reacción de especialistas y analistas del sector se centra en el impacto directo sobre la economía familiar y la equidad educativa.
1. Presión sobre la Clase Media: El principal riesgo señalado es la posible suba significativa de los aranceles. Al liberarse de los topes y controles, las instituciones podrían trasladar de forma irrestricta los aumentos de costos (como salarios docentes e insumos) a las cuotas, volviendo las matrículas “impagables” para muchas familias de ingresos medios.
2. Migración y Saturación Pública: Expertos advierten que esta presión económica podría impulsar una migración masiva de estudiantes del sector privado al público. Este fenómeno, además de acentuar la desigualdad en el acceso a la educación privada, podría generar una saturación en la demanda de vacantes en las escuelas estatales.
La Letra Chica de la Desregulación
Pese a la alarma, la desregulación tiene un alcance matizado:
- Alcance Restringido: El decreto afecta directamente solo a los colegios sin subsidio estatal, que representan una porción minoritaria, cerca del 6% del total de establecimientos privados del país.
- Regulación Provincial: El 94% restante (colegios con subsidio) seguirán teniendo sus aranceles regulados, generalmente por las autoridades provinciales y, en muchos casos, vinculados a los acuerdos de aumento salarial docente. La competencia en materia educativa recae en las provincias, que mantienen la supervisión sobre los aranceles de las escuelas subsidiadas.
Los defensores de la medida sostienen que el sistema anterior alentaba aumentos preventivos desproporcionados. La libre fijación de precios, argumentan, permitiría a los colegios ajustar los costos de forma más gradual y alineada con la inflación real, brindando una mayor previsibilidad a la gestión institucional.
El mercado y las decisiones arancelarias de las instituciones durante los próximos meses serán el verdadero termómetro para medir el impacto de esta medida histórica en la educación argentina.
