El Washington Post publicó recientemente un análisis que advierte sobre los riesgos de desfinanciar los sistemas de monitoreo de tráfico espacial en Estados Unidos. La nota recuerda que la economía espacial mueve ya más de 600.000 millones de dólares y que cualquier descuido en la gestión de los desechos orbitales podría desencadenar una catástrofe tecnológica con consecuencias incalculables.
La advertencia no es retórica. Más de 13.000 satélites operativos y cerca de 29.000 fragmentos de chatarra son seguidos en tiempo real para evitar colisiones. Una colisión en cadena —lo que los especialistas llaman “síndrome de Kessler”— pondría en riesgo la conectividad global, la observación de la Tierra y los sistemas de navegación. En otras palabras, podría paralizar buena parte de la vida económica moderna.
El caso norteamericano tiene resonancias locales. Argentina no cuenta con un sistema propio de space traffic management (gestión de tráfico espacial), pero depende de esa infraestructura para mantener sus programas activos. La constelación de satélites SAOCOM, el Arsat-SG1 en desarrollo y las cooperaciones con la NASA, la ESA y la agencia espacial brasileña presuponen un entorno orbital seguro.
En la lógica de Rodolfo Terragno, la reflexión trasciende lo técnico. Se trata de advertir que la soberanía ya no se mide únicamente en territorio o en recursos naturales, sino también en la capacidad de resguardar el acceso al espacio. Cuando Estados Unidos debate si mantener o recortar el financiamiento de su programa TraCSS —con un presupuesto estimado de 50 a 60 millones de dólares—, lo que está en juego no es una partida menor del presupuesto federal, sino la estabilidad de una red que sustenta operaciones de bancos, aerolíneas, telecomunicaciones y gobiernos.
Argentina debe interpretar estas señales con un doble enfoque. Por un lado, garantizar su participación en foros internacionales donde se discute la seguridad orbital. Por otro, fortalecer la cooperación regional. El antecedente de la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE) constituye una plataforma natural para plantear estrategias comunes frente a un desafío que ningún país de la región podría resolver en forma aislada.
La comparación con otros ámbitos históricos resulta inevitable. Durante el siglo XX, las naciones dependieron de rutas marítimas seguras para comerciar; hoy dependen de corredores orbitales despejados. Así como en su momento se establecieron convenios internacionales para evitar la piratería o regular el uso de los océanos, el siglo XXI exige un régimen de gobernanza espacial.
Desde la perspectiva argentina, esta agenda no es ajena a la política económica interna. La posibilidad de atraer inversión en telecomunicaciones satelitales, de expandir la industria de lanzadores o de consolidar un polo tecnológico en torno a INVAP y la CONAE depende de la credibilidad del país en un escenario internacional que valora no solo la innovación, sino también la responsabilidad en el uso del espacio.
En este marco, el debate estadounidense sobre recortes presupuestarios debe leerse en clave de oportunidad. Si Washington retrocede en su compromiso, Europa, Japón y eventualmente China reforzarán sus sistemas de monitoreo, lo que podría abrir espacios de cooperación para terceros países. Argentina, con su experiencia en radares y en observación satelital, tiene la chance de insertarse como socio tecnológico en la provisión de servicios de seguimiento y alerta temprana.
El futuro de la economía espacial no se definirá únicamente por la capacidad de lanzar cohetes o producir satélites, sino por la habilidad para mantener la órbita como un bien común seguro y sostenible. La lección para la Argentina es clara: así como el país supo anticiparse con la Reforma Universitaria de 1918 en el terreno educativo, hoy tiene la obligación de alzar la voz en defensa de una gobernanza espacial responsable.
Porque, en definitiva, el espacio ya no es un escenario lejano y abstracto. Es el soporte invisible de la vida cotidiana. Y un país que pretenda ser parte de la economía del futuro no puede delegar por completo su seguridad a decisiones tomadas en otros centros de poder.
