En el contexto del mundo de los negocios, el concepto implica honestidad y apertura. Es responsabilidad y rendir cuentas. Son los dos grandes pilares del gobierno corporativo. Las empresas admiten que las acciones de la organización deben ser capaces de soportar el escrutinio público.
La dinámica de las redes sociales hace en estos tiempos, que incluso las acciones que la empresa quisiera mantener reservadas pueden ser sujetos de la atención pública.
Hoy en día aceptamos que es más conveniente dar que ocultar la información dentro de una empresa. Pero cuántos datos, qué datos y con qué detalle es un tema muy complejo. Los ejecutivos deberían saber cuándo dar y cuándo retener información para poder gozar de los beneficios de la transparencia organizacional sin tener sorpresas desagradables.
Sobre estas dos caras de la transparencia versa esta investigación exhaustiva.
Hoy, la gran mayoría de las compañías cuenta con gobiernos corporativos que se basan en códigos de ética y cuentan con un comité de ética, políticas y programas de sustentabilidad y de responsabilidad social.
La reputación organizacional y el prestigio de sus marcas está en juego y el consumidor sabe dónde y no debe comprar, el empleado sabe dónde quiere y no quiere trabajar. Los millennials tienen mayor conciencia social, económica y ambiental que las generaciones anteriores y suelen actuar en forma acorde a sus principios.
Las compañías deben dar cuenta de sus acciones ante los socios, accionistas, gobiernos, otras empresas, proveedores y la comunidad en general. Saben que no pueden trabajar aisladas de sus contextos ni funcionar dentro de “cajas oscuras”, sin revelar información, porque estarían condenadas, sobre todo en un mundo globalizado y altamente interconectado como el actual.
Sobre esto versa este Dossier, coordinado y escrito en su totalidad por la periodista Fabiana Culshaw.
Gestión pública y privada
Argentina en guerra contra la corrupción
El país ha mejorado su posición en el ranking de Transparencia Internacional, pero continúa en una situación crítica. Académicos, empresarios y asesores, coinciden en que el Gobierno está tomando medidas para contrarrestar el fenómeno. No será fácil, existen fuerzas en contra y llevará tiempo… si es que se logra.
Históricamente, Argentina ha ocupado posiciones bastante bajas en el índice de percepción de la corrupción del ranking de la ONG Transparencia Internacional. En esta oportunidad, se nota un repunte.
En el año 2016 el país se ubicó en el puesto 95 (de un total de 176 países auditados), lo que significó una suba de doce posiciones en relación a los años 2014 y 2015, cuando ocupó el lugar 107 en ambos casos.
En 2013, la posición fue similar, la número 106. Todavía no se publicó el ranking de este año, aunque es probable que continúen los signos de recuperación. Habrá que esperar.
Cabe recordar que la ONG Transparencia Internacional no mide la corrupción de los países, sino la opinión de la gente sobre el funcionamiento del sector público en base a encuestas, incluyendo datos sobre gobernabilidad, calificaciones de riesgo país, evaluaciones del Banco Mundial y aportes del Foro Económico Mundial.
El ranking muestra que los argentinos perciben que el gobierno está haciendo el esfuerzo de desarrollar mecanismos de lucha contra la corrupción a todo nivel. En términos generales, notan una gran diferencia entre la época del kirchnerismo y la del actual gobierno.
Según Transparencia Internacional, un aspecto que podría haber incidido en la mejora a nivel perceptual en el ranking ha sido la aprobación relativamente reciente de algunas normas, como la Ley de Acceso a la Información Pública.
La población observa también que la Justicia ha abierto una serie de causas contra funcionarios presuntamente corruptos en el país, algo que no lo habían hecho las gestiones anteriores.
Aun así, todavía no se ve a los corruptos pagando en la cárcel por sus acciones, ni sentencias. Esta impunidad ha llevado, en parte, a que la percepción sobre la corrupción siga siendo elevada en los indicadores.
En comparación con otras naciones de América latina, Argentina se encuentra en una posición inferior a Brasil, Uruguay, Chile, Panamá y Colombia.
Casi 70% de los países de la tabla obtuvieron una puntuación inferior a 50, por lo que existe una percepción generalizada de corrupción en el sector público a escala mundial.
La lista está liderada por Dinamarca, seguida por Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Suiza, en ese orden, con realidades muy diferentes a la latinoamericana.
Medidas gubernamentales
El gobierno argentino ha ido desarrollando mecanismos con la intención de hacer más transparentes las gestiones públicas y privadas, muchos de cuales están en pleno proceso de definición o implementación.
Esta iniciativa responde a las tendencias mundiales de mayor regulación, requerimientos de los organismos internacionales y presión de la opinión pública.
Seguramente las decisiones también tuvieron que ver con los escándalos de corrupción que asaltaron la escena nacional durante la época kirchnerista, como el sonado caso del “dinero K”, cuando se reveló que el empresario Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, sacó del país 55 millones de euros y los transfirió al exterior por fuera del sistema legal. Una red operativa con muchos implicados que terminaba en paraísos fiscales y que aún se investiga.
Hoy en día, desde el punto de vista jurídico, se habla mucho del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, próximo a aprobarse.
Contempla la suspensión total o parcial de las actividades de la empresa por un máximo de diez años, la pérdida de subsidios estatales e, incluso, la disolución de la persona jurídica en casos graves de delitos de corrupción, entre otras medidas. También establece que el sector privado colabore en identificar a los funcionarios que han recibido sobornos, reduciendo sus sanciones ante irregularidades, si así lo hacen.
Lo cierto es que si Argentina desea canalizar un flujo de inversiones del exterior para obtener un crecimiento sostenido en su economía, debe promulgarse ese proyecto de ley y así cumplir con la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales de la OCDE.
Asimismo, se han tomado otras medidas, como la Ley del Arrepentido y la definición de matrices de corrupción en organismos públicos. En el pasado mes de agosto, a través del Ministerio de Modernización, el gobierno puso en marcha una plataforma virtual (www.contratar.gob.ar) que le permite a cualquier persona corroborar cuáles son los pliegos de las licitaciones de obras públicas, cuáles son las empresas que ganan y los motivos, cuánto cobran por esos trabajos, qué precios manejan y quiénes pierden en esas pulseadas.
Con ello se intenta transparentar el sistema de licitaciones, que tanto dolores de cabeza ha dado en el país. Basta recordar el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas, a quien se le encontró escondiendo casi US$ 9 millones en un monasterio en General Rodríguez; está preso desde el año pasado. O al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, procesado en múltiples oportunidades.
El tema de la transparencia y su contracara, la corrupción, es extremadamente complejo, sobre todo en una sociedad en la que a una parte considerable de la misma no le importa tanto qué actos ilícitos cometan sus gobernantes siempre que definan planes que los beneficien en el corto plazo, como la definición de algunos subsidios y ayudas “contantes y sonantes”.
Además, el problema de la impunidad, tan arraigada en el sistema de justicia argentino, sigue socavando los intentos de mejora de los procesos y comportamientos político-económicos en el país.
Casos que sacudieron a la región
Además de los casos de corrupción en Argentina de los últimos tiempos (lamentablemente, la lista sería larga), América Latina sufrió el cimbronazo de los acontecimientos con Odebrecht en Brasil, donde habrían ocurrido coimas y sobornos a funcionarios públicos de gobiernos de doce países. Según los fiscales estadounidenses, la constructora brasileña realizó múltiples pagos de soborno por valores de US$ 35 millones a funcionarios gubernamentales argentinos.
Panamá Papers es otro ejemplo de cómo se descubren y ponen en evidencia transacciones oscuras en relación a los paraísos fiscales. La mega información filtrada en el año 2015 reveló el ocultamiento de propiedades, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, personalidades de las finanzas, negocios, arte y deportes de la escena mundial. Muchos de ellos renunciaron a sus cargos luego de salir a la luz pública sus casos de declaración maliciosa o lavado de dinero. Otros debieron probar su inocencia, como el propio presidente Mauricio Macri; la Cámara Federal cerró la causa en su contra.
En Panamá Papers participaron más de 400 periodistas de todo el mundo y la labor de análisis continúa, bajo la convicción de luchar por una mayor transparencia en las instituciones y sistemas.
Si se tuviera que mencionar otro caso regional podría ser el de Venezuela, donde cada día aparecen más denuncias por corrupción a todo nivel. De hecho, según el ranking de Transparencia Internacional, ese país es el peor ubicado de América latina y el Caribe.
Sin embargo, las investigaciones allí brillan por su ausencia ante, por ejemplo, el desfalco del Fondo de Pensiones de PDVSA (la principal petrolera del país), la entrega de dólares sin control por Cadivi y Coencoex para la importación de alimentos durante más de una década, el pago de comisiones fraudulentas por parte del Bandes, el desvío de dinero a varias contratistas, entre otros supuestos ilícitos. Recientemente se sumó el pago de sobornos por US$ 98 millones a funcionarios venezolanos por parte de Odebrecht, según informó la prensa.
Haciendo una rápida retrospectiva, esta vez en la historia mundial, otros casos han sido emblemáticos, empezando por Enron. Mucho sobre ética y funcionamiento empresarial se aprendió a partir de esta compañía energética norteamericana que pasó de ser una de las más admiradas del mundo (la Revista Fortune la designó como la más innovadora de EE.UU. durante cinco años consecutivos, entre 1996 y 2000), a sufrir una caída brutal en sus negocios, los cuales habían sido realizados en base a pagos de sobornos, tráfico de influencias y maquillaje de números. Fue el mayor fraude empresarial conocido hasta ese entonces.
No se puede dejar de mencionar a Edward Snowden, el ex empleado de la CIA, que en el año 2013 hizo públicos documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, que incluían programas de vigilancia masiva a escala internacional.
La vigilancia masiva es a menudo justificada como una forma de combatir el terrorismo, pero también es duramente criticada por quienes defienden la privacidad de los individuos y comunidades. Sus detractores argumentan que representan un deterioro significativo en los derechos civiles, individuales y políticos, siendo ilegal en algunos sistemas jurídicos o internacionales.
Si algo caracteriza a la corrupción es que no queda encapsulada dentro de fronteras, es por ello que existe gran temor de que los acontecimientos, por ejemplo en Venezuela (sobre todo vinculados al narcotráfico), puedan tener su prolongación o eco en otras naciones.
Así como los esfuerzos por la transparencia han aumentado en el mundo, quizás también se ha incrementado la ambición por el dinero. El problema más común es que los principios éticos suelen verse como obstáculos para lograr los objetivos económicos. Sin embargo, los estudios son contundentes: las compañías que destacan en performance y en resultados financieros a largo plazo, también suelen estar entre las más éticas del mundo.
Empresas de hoy
Es raro que todavía existan empresas en las que no se tomen medidas de previsión o corrección en materia de ética, sus comportamientos y resultados, dado que las regulaciones así lo exigen.
Asimismo, ha aumentado la conciencia de la importancia de la transparencia como factor fundamental para la supervivencia y el desarrollo.
Los países que integran la OCDE hacen grandes esfuerzos para atacar la corrupción dentro de sus fronteras y también para evitar que sus empresas con operaciones en el exterior incurran en prácticas de corrupción y soborno.
Es más, las propias compañías trasnacionales declaran voluntariamente potenciales situaciones de corrupción o colaboran en procesos iniciados por la justicia. (Esto es lo que también intenta hacer el gobierno argentino con la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, así como la Ley del Arrepentido).
La gran mayoría de las compañías cuenta con gobiernos corporativos que se basan en códigos de ética y cuentan con un comité de ética, políticas y programas de sustentabilidad y de responsabilidad social.
La reputación organizacional y el prestigio de sus marcas está en juego y el consumidor sabe dónde y no debe comprar, el empleado sabe dónde quiere y no quiere trabajar. Los millennials tienen mayor conciencia social, económica y ambiental que las generaciones anteriores y suelen actuar en forma acorde a sus principios.
Las compañías deben dar cuenta de sus acciones ante los socios, accionistas, gobiernos, otras empresas, proveedores y la comunidad en general. Saben que no pueden trabajar aisladas de sus contextos ni funcionar dentro de “cajas oscuras”, sin revelar información, porque estarían condenadas, sobre todo en un mundo globalizado y altamente interconectado como el actual.
En Argentina, con un Banco Central muy activo y negocios internacionales a la hora del día con nuevas exigencias, se han difundido rápidamente los programas de compliance y medidas para evitar riesgos financieros y de management.
También han aumentado las consultas a asesores externos, relativos a temas de gobernabilidad, sistemas de seguridad, identificación y seguimiento de información confidencial y pública, entre otros frentes.
Algunas compañías han decidido abrir el acceso a información privilegiada a más integrantes del personal para generar mayor compromiso, aunque se ha encontrado con la necesidad de crear un equipo con la responsabilidad de canalizar las nuevas opiniones. Esto ha llevado a verdaderas revisiones y reestructuraciones internas.
En las entidades financieras más avanzadas del mundo han comenzado a crear departamentos dedicados exclusivamente a asegurar el complimiento de las normativas, que actúan por separado de las áreas de asesoría legal hasta entonces encargadas de esa función. Esto se debe a que las regulaciones se han vuelto más complejas, exigentes, y con sanciones muy altas en caso de incumplimiento.
En materia de capacitación del personal en relación a estos temas, generalmente el foco está puesto en las virtudes de los empleados, por encima de los errores o fallas éticas que podrían cometer, o de declamaciones de la alta gerencia hacia abajo.
El mundo se ha vuelto hiper regulado, el debate sobre la ética, la transparencia de información y el derecho a la privacidad está más que nunca sobre la mesa.
A futuro
Los especialistas consultados en este informe coinciden en que, en los próximos años, la hiper regulación y las fiscalizaciones seguirán en aumento.
Los temas de ética, transparencia y corrupción gubernamental, empresarial e individual se mantendrán en el tapete, aunque redimensionados en el marco de las nuevas realidades de la big data, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, y todo lo que eso implica.
Existe un nuevo cuestionamiento ético sobre lo que representarán esos avances, vinculados, por ejemplo, al potencial abuso de la ingeniería genética, las armas cibernéticas y los nuevos negocios que se generarán a partir de los próximos descubrimientos tecnológicos. Ya se habla de una nueva ética para la tecnología y se debate sobre el rol que tendrán las sociedades del futuro.
Noruega, una referencia obligada
En las escuelas de negocios, Noruega es mencionada como un caso ejemplar de la transparencia gubernamental, pública y privada. Y con razón.
A través de su Fondo Soberano Petrolero, el país exige terminar con los paraísos fiscales, la evasión impositiva y las remuneraciones exorbitantes de los CEO en las empresas donde invierte.
El Fondo Soberano Petrolero se creó en los años 90 para poner a buen recaudo la riqueza obtenida por la venta de crudo y gas. Ese fondo no se tocó durante muchos años hasta que adquirió una dimensión tal que el gobierno decidió hacerlo trabajar para financiar las pensiones y jubilaciones de sus ciudadanos. Actualmente la riqueza del fondo duplica el PBI nacional.
Asimismo, sus directivos están abocados al debate sobre las remuneraciones ejecutivas de las principales empresas del mundo. El año pasado votaron en contra de las políticas de pagos de Goldman Sachs, JPMorgan, Sanofi y Alphabet, entre otras.
Banco Galicia
Hacia la responsabilidad penal de los empresarios
En el sector público, la necesidad de que existan sectores de compliance, que deban velar por el cumplimiento no solo normativo sino ético de las decisiones de negocio, es una tarea pendiente si se persigue atacar la corrupción, sostiene Teresa Piraino, gerente de Prevención de Lavado de Activos de la entidad bancaria.
Teresa Piraino
–¿Piensa que la transparencia ha disminuido o aumentado en el mundo; qué pasa en Argentina?
–La transparencia empresarial ha aumentado en el mundo debido a que es un factor clave para la competitividad y sostenibilidad. En Argentina, con la media sanción del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, la necesidad de contar con un “programa de integridad” que vele por la transparencia y visibilidad de los procesos, es una clara señal de la búsqueda de avanzar en este tema.
Asimismo en nuestro país estamos alineados con el proceso de transformación de la región, por ejemplo, con La Ley de Acceso a la Información Pública, que fortalece la inserción regional de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y reafirma su compromiso ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), se busca garantizar el derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión.
Se ha puesto foco en este tema, y se ha empezado a trabajar en un gobierno abierto y cercano que brinde información relevante de manera clara y sencilla, promoviendo la participación ciudadana y los procesos democráticos.
–¿Qué tan efectivas son las leyes anticorrupción en Argentina?
–Durante las últimas décadas el mundo tomó conciencia respecto de los efectos perjudiciales de la corrupción. Argentina se encuentra en un proceso de cambio en relación con el objetivo de promulgar leyes específicas de aplicación para empresas privadas, sancionándolas por realizar prácticas corruptas que involucren a funcionarios públicos nacionales y extranjeros.
Hay que elevar la eficiencia de los sistemas formales de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción, que generarán mayor autorregulación por parte de las compañías respecto de la prevención de este tipo de delito.
La corrupción es perjudicial para los negocios, aleja inversores, distorsiona la competencia, aumenta los costos de las empresas y presenta riesgos legales y a la reputación.
–¿Cuáles son los principales dilemas éticos a los que se enfrenta el sector bancario?
–Es fundamental generar una cultura de cumplimiento en la organización, y establecer un marco de conducta ética para que los colaboradores puedan tomar decisiones íntegras.
A diario se presentan dilemas éticos, por ejemplo, la tentación de captar muchos clientes de corto plazo con el propósito de cumplir los objetivos comerciales, frente a la creación de valor a largo plazo mediante negocios sustentables.
Otra de las acciones que van en contra de la ética en las empresas del sector bancario es el aprovecharse de la falta de conocimiento del ciudadano medio al ofrecerle productos y servicios. En nuestra entidad contamos con un programa de inclusión financiera, en pos de acercar información a los sectores con menor información en la materia.
–A muchos integrantes del personal no les interesa conocer los detalles de cómo está la organización, ni tampoco tener mucha responsabilidad sobre los procesos. ¿La transparencia de la información empresarial está sobrevalorada?
–Es una cuestión cultural y el interés o no de los colaboradores de la empresa, dependerá de la tarea de los líderes en difundir el mensaje correcto y hacer más simple y cercana la llegada.
No creo que la transparencia de la información empresarial en lo interno de la organización esté sobrevalorada, siempre y cuando sea utilizada con el fin de construir.
En el Banco Galicia se está trabajando fuertemente para que cada sector directamente impactado por la normativa y los procesos que consigo acarren sea responsable de llevarlo a cabo y controlar su efectividad. Es función de compliance dar visibilidad a todo esto.
IAE
Odebrecht sacudió a toda la región
Patricia Debeljuh, profesora en Prácticas de Dirección de esta escuela de negocios, señala que muchas empresas tienen sus códigos de ética como libros dormidos en sus estantes, a los que se les debe sacudir y darles vida.
Patricia Debeljuh
–¿Qué tanto se ha avanzado en materia de transparencia en el mundo y en la Argentina?
–Desde la realidad de las empresas, la cantidad de escándalos que ha habido en los últimos meses ha mostrado la falta de transparencia y la necesidad de reglas claras. Existe una demanda creciente de la propia sociedad para que las empresas y los Estados logren cambios.
–¿A qué escándalos se refiere?
–En América latina, especialmente a lo que está pasando en Brasil con el caso Odebrecht. Esa empresa tiene negocios en toda la región y ha tenido contactos con distintos gobiernos. Me parece que ha sido ese escándalo, así como lo fue el caso Enron en EE.UU. en su momento, el que provoca que haya un reclamo mayor por parte de la sociedad: que exista más transparencia, traducida en más información, mayor accesibilidad a cómo se hacen los negocios y a una participación ética de todos los implicados, ya sea del ámbito público como privado.
–En Argentina también han ocurrido muchos escándalos vinculados al kirchnerismo últimamente. ¿Qué repercusiones han tenido en la sociedad?
–De parte de la sociedad argentina, existe un mayor reclamo a la justicia para que se logre mayor celeridad a la hora de investigar y llegar a una conclusión con respecto a esos temas.
–Poner los casos de corrupción bajo la luz pública, muchas veces es evidenciar también la impunidad que existe.
–Sí, poner los casos en conocimiento público sirve en la medida en que la justicia actúe. Las penas no solo afectan a los involucrados, sino que, de cara a la sociedad, tienen un efecto no solo sancionador, sino educador. Son ejemplos de que las prácticas corruptas no dan igual para la sociedad; tienen un costo económico, personal.
Otra consecuencia de que haya justicia es que las empresas trabajen más el tema internamente, que no esperen a estar involucradas en casos de corrupción, o de falta de transparencia, para tomar medidas.
Las medidas pasan por la formulación de un código de ética – que debe ser un documento vivo dentro de la cultura de la empresa–, hasta mecanismos claros en la relación de la empresa con sus proveedores, clientes y con el ámbito público. Asimismo, es importante lograr una mayor capacitación ética de los líderes, precisamente en un entorno de mucho relativismo moral como el actual.
–¿Qué tipo de empresas toman más medidas para una mayor transparencia?
–Las empresas grandes o multinacionales que interactúan en distintas partes del mundo son las primeras que establecen reglas comunes para toda la organización, debido a las necesidades de la globalización. También las compañías que, por su operación o actividad, interactúan con el ámbito público, ponen en acción este tipo de prácticas anticorrupción con ahinco. Pero cualquier empresa que aspira a establecer una cultura basada en valores para subsistir o desarrollarse, establece parámetros estándares en ese sentido.
–¿El gobierno está tomando medidas?
–Totalmente. Por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar, a través del ministerio de Modernización, un nuevo sistema electrónico de contratación, llamado “Contratar”, que dará mayor transparencia a la obra pública. Será de uso obligatorio en materia de vivienda, energía, minería, educación y transporte público.
–¿Podría afirmar que la gente tiene más confianza en el gobierno, en las instituciones públicas y las empresas privadas, o no necesariamente?
–Pienso que, con los cambios que se están haciendo en la Argentina, están mejorando los niveles de percepción sobre la corrupción. En realidad, este es un tema de responsabilidades compartidas. La empresa tiene que hacer su parte, el Estado debe hacer la suya, la sociedad también.
Actualmente, lo prioritario es lograr que los casos tengan un final judicial, que se investigue, que haya un juicio y que se llegue a un dictamen, ya sea de inocencia o de culpabilidad. Aquí se aguardan definiciones por parte del ámbito oficial durante demasiado tiempo.
KPMG
Todo cambió desde el famoso caso Enron
Una de las Big Four en el campo de la consultoría y auditoría, explica sus puntos de vista sobre la tan mentada transparencia empresarial, y hasta qué punto la impunidad actúa en contra del sistema. Ana López Espinar, socia líder Forensic Services de KPMG Argentina respondió las preguntas sobre este tema.
Ana López Espinar
–Casi un tercio de las compañías estadounidenses tienen contratos de confidencialidad sobre los sueldos. ¿Por qué es así?
–Las remuneraciones exorbitantes de los CEO y de directores financieros u otras posiciones de alto nivel en las compañías, muchas veces traen aparejado la necesidad de alcanzar metas exageradamente ambiciosas, que terminan actuando como un importante factor de riesgo de fraude y corrupción.
Y esto es así ya que aumentan el incentivo para cometer irregularidades que se presentan como “necesarias” para lograr tales objetivos, y puede motivar el involucramiento de la compañía en prácticas no éticas.
A su vez, dado el calibre de las decisiones en las que estas personas participan, puede tener consecuencias severas para la organización, tanto económicas, como en términos de su imagen.
La existencia de contratos de confidencialidad sobre los sueldos intenta de alguna manera soslayar posibles críticas y/o sospechas frente al riesgo que implica la alta presión sobre los resultados que imponen estos altos ingresos, y reducen el nivel de transparencia sobre la información de la compañía.
–Muchas leyes obligan a las compañías a mostrar sus estados financieros y publicarlos, ¿de qué sirve y hasta qué punto lo hacen de buen agrado?
–La obligación para las compañías de publicar sus estados contables se vincula a la necesidad del mercado, inversores, proveedores y otras partes interesadas, de conocer su salud económica, su evolución, su proyección, su sustentabilidad y la racionalidad de sus decisiones.
Esa información aporta mayor transparencia y confiabilidad a aquellos que deben tomar decisiones económicas con relación a la compañía, tales como invertir, financiar, vender, definir términos y condiciones en contratos.
Justamente, como consecuencia de la falta de credibilidad que se generó respecto de la información publicada como consecuencia del multimillonario fraude de Enron, se sancionó la Ley Sarbanes-Oxley –que aplica a las compañías que cotizan en la bolsa de EE.UU. (SEC) y otras leyes similares en otros países, tendientes a garantizar que dicha información publicada refleje razonablemente la situación económica de la entidad.
Si bien muchas compañías desearían poder evitar publicar información sensible, y mucho más datos negativos sobre la evolución del negocio cuando estos acontecen, las reglas de juego de una compañía así lo requieren.
No es casual que la falsificación o alteración de información en los estados contables constituya un delito penal y que exista una gran diversidad de tipologías de fraude que tengan por objeto la manipulación contable, orientadas a distorsionar las decisiones que deban tomarse sobre tal información (desde autorizar un préstamo, asociarse a la compañía o comprar acciones, hasta invertir o desinvertir en el negocio, o asignar un bonus a la gerencia).
–¿En qué medida la transparencia de la información pública ayuda a terminar con los paraísos fiscales, la evasión impositiva y las remuneraciones exorbitantes de los CEO, o sólo pone en evidencia la impunidad que existe a ese nivel?
–La mayor transparencia de la información pública, en la medida en que la misma se encuentre acompañada por leyes locales e internacionales de aplicación efectiva, que sancionen delitos tales como la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal, entre otros, ayuda a aumentar los niveles de ética y transparencia en la sociedad, así como en entidades públicas y privadas.
La mayor transparencia de información pública sin la probabilidad de sanción efectiva, no es suficiente para disuadir a quienes deciden cometer estos ilícitos, y sólo pone en evidencia el nivel de impunidad reinante y la inoperancia de sus instituciones.
Sancor Seguros
Conocer mejor “la letra chica”
Betina Azugna, gerente de Responsabilidad Social Empresarial del grupo explica el funcionamiento de esta organización en materia de transparencia y ética, que ya lleva 70 años de fundada.
Betina Azugna
–La gente quiere empresas transparentes, honestas y “sin letras chicas”. Sin embargo, el sector de seguros suele ser complejo. ¿Cómo simplificarlo ante los clientes y sociedades?
–No sé en base a qué actividad o sector se tendría que comparar el seguro para decir que es complejo; creo que cada actividad tiene sus complejidades.
De todos modos, la mejor manera de simplificarlo, tanto ante clientes como ante la sociedad, es llevar a cabo una rendición responsable de cuentas. Existen a disposición múltiples herramientas internacionales de Reporte, como el Global Reporting Initiative, la ISO 26000, el Pacto Global de Naciones Unidas, los Principios Rectores de DD.HH de John Ruggie; y todos ellos tienen un capítulo especial para la ética y la lucha contra la corrupción.
Desde el lanzamiento de la póliza digital, las aseguradoras tienen más herramientas para brindarle al asegurado. Tanto éste, como la Justicia o cualquier particular interesado, pueden consultar online la póliza pertinente; sirve sobre todo para que los clientes conozcan lo que se le llama “la letra chica”.
–¿Cómo construir una cultura ética que resista el escrutinio externo?
–La cultura ética se construye en base a valores sólidos, una alta dirección comprometida, capacitación de los empleados en la cultura de la empresa, procedimientos transparentes y control.
Nuestro caso, la alta gerencia ha asumido múltiples compromisos en cuanto a la transparencia, adhiriendo al Pacto Global de Naciones Unidas, a los Principios de Empoderamiento de la Mujer, a los Principios Empresariales y Derechos del Niño.
–Algunos autores plantean que “A mayor ética empresarial, mayor longevidad de las empresas”. ¿Lo comparte?
–Sí, según el Global Corruption Report, 10% de la corrupción equivale a 10% del costo total de los negocios a escala mundial; la corrupción le suma 25% al costo de los contratos de compras en los países en desarrollo; y se comprobó que las empresas con programas de anticorrupción y pautas éticas sufren hasta un 50% menos de incidentes a ese nivel y tienen menores probabilidades de perder oportunidades comerciales.
–Algunas compañías se prestan a colaborar en procesos iniciados por la Justicia para reducir los casos de las sanciones por sus prácticas. ¿Qué piensa de ello?
–Me parece que puede ser algo acertado. Ninguna empresa es inmune a los riesgos de corrupción. Debe tomar una actitud proactiva con respecto a los riesgos; esto implica su identificación, evaluación y mitigación con políticas y procedimientos adaptados a la organización. Pero como decía antes, es un proceso de largo plazo.
Si una empresa tiene una línea ética, un proceso de reclamaciones, un código, y aun así falla, considero que debe tener una segunda oportunidad y colaborar para demostrar su buena fe y sus intenciones de mejorar, sin volver a cometer los mismos errores.
–A veces la transparencia en las empresas resulta en debates interminables y problemas con la comparación de sueldos. ¿Cómo evitarlo?
–La transparencia abarca mucho más que la comparación de sueldos, está muy relacionada con un proceso transparente de cada uno de los eslabones de su cadena de valor, desde la calidad de los procesos operativos, pasando por la exposición a riesgos legales, las transacciones comerciales y todo lo que devenga en riesgos de la reputación. Y todas las empresas tenemos la responsabilidad social de adoptar medidas adecuadas para combatir la corrupción. De esa manera se trabaja alineado y se evitan debates innecesarios, trabajando todos hacia un mismo objetivo.
También es fundamental tener un comportamiento ético para mantener relaciones legítimas y productivas entre las organizaciones. Por lo tanto, la observancia, promoción y fomento de las normas de conducta subyace en todas las prácticas justas de la operación.
La práctica de una participación política responsable depende del respeto al principio de legalidad, la adhesión a normas éticas, la rendición de cuentas. La competencia justa no se puede lograr si las organizaciones no operan entre ellas de manera honesta, equitativa e íntegra.
Deloitte Argentina
Por debajo de la mitad de la tabla
La Argentina ha mejorado en la última medición del índice de Trasparencia Internacional, pero en sus oscilaciones históricas siempre queda por debajo de la mitad de la tabla. Los países desarrollados con instituciones fuertes son los que alcanzan las mejores notas.
Raúl Saccani
Raúl Saccani, socio Líder Forensic en la firma, cuenta con más de 15 de años de experiencia internacional en auditoría forense, investigación de fraudes contables, prevención de lavado de dinero y anti–corrupción. Ha brindado testimonio experto por arbitrajes internacionales en el CIADI del Banco Mundial.
Es autor del Tratado de Auditoría Forense (La Ley, 2012); investigador del Centro Anticorrupción de la Universidad de San Andrés (UDESA) y profesor del posgrado de Auditoría Forense de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
–En el Ranking de Transparencia Internacional, Argentina está en una posición bastante baja. ¿Por qué es así?
–La transparencia medida desde los índices de percepción tiene una alta correlación con el nivel de calidad institucional. Si queremos lograr una mejora significativa en los próximos índices, no alcanza una sola medida, sino un conjunto de incentivos correctos para actuar de manera íntegra.
Encarar un cambio cultural de semejante dimensión no ocurre de un día para el otro, pero los pasos que demos, aunque pequeños, deben encaminarse hacia el refuerzo de la calidad institucional.
–¿Cuáles son las consultas de los clientes a Deloitte, sobre el tema de la transparencia, corrupción, confidencialidad de data sensible?
–Depende de la madurez del “Programa de Integridad” que hayan implementado. A las compañías que dan sus primeros pasos en esta temática les interesa saber cómo implementar un programa efectivo. Otras, sujetas a estándares globales y que avanzan en la auto–regulación, piden ayuda con ciertas investigaciones internas que exceden sus propios recursos, o que requieren la debida diligencia de terceras partes para un análisis más profundo.
También nos consultan las empresas que, en el proceso de adquirir a otra compañía, quieren asegurarse que no están entrando en un negocio viciado por prácticas irregulares, lo cual podría generarles alguna responsabilidad posterior.
–¿Qué recomendaciones generalmente ofrecen a las compañías en esta materia?
–No se puede poner en marcha una política de ética y cumplimiento sin comenzar con una evaluación de riesgos de la empresa. El análisis de los riesgos de fraude y corrupción permite sopesar las fortalezas y debilidades, y establecer prioridades.
Es necesario determinar las áreas y unidades de negocio más sensibles, y qué instancias o actividades han provocado el mayor número de incidentes. Para ello, existen tres pasos básicos: identificar los factores de riesgo clave, evaluar su probabilidad de ocurrencia e implementar medidas de mitigación.
Toda una serie de factores externos e internos pueden tener impacto directo en los posibles fraudes y corrupción a enfrentar. Por lo tanto, se debe reunir el equipo más amplio de ejecutivos de diferentes funciones para asegurar un ejercicio integral de la evaluación.
–¿A más transparencia, más longevidad de las empresas, o eso es un mito?
–Los conceptos de transparencia y longevidad de las empresas están correlacionados, sobre todo a partir de las nuevas generaciones de trabajadores. Una de las principales pérdidas de valor en las empresas envueltas en escándalos de corrupción, es precisamente la fuga de talentos. Los mejores recursos humanos simplemente deciden no continuar en una organización con la que no comparten los valores.
–¿Cómo ve la confianza de los líderes empresariales a la hora de las fiscalizaciones?
–Hay fuerzas que están moldeando las responsabilidades éticas y sociales de los líderes en la actualidad. Entre ellas están la tecnología, las amenazas cibernéticas, el medio ambiente y las acciones cada vez más frecuentes y duras de los reguladores. En ese contexto, observamos un importante déficit de confianza entre los líderes de los sectores público y privado. Esto exige un compromiso por parte de esos líderes para restaurar la confianza que une a los individuos y las instituciones con los grupos con los que interrelaciona.
CEEC
Lo fundamental no es capacitar, sino educar
Es fundamental hacer transparente la información, pero también apoyar o exigir a quienes tienen la obligación para valorarla, juzgarla y actuar en consecuencia. Si por transparencia se entiende la mera difusión de lo que sucede y no existen instituciones que emprendan acciones concretas, no hay transparencia que alcance.
Carlos Hoevel
Carlos Hoevel, director del Centro de Estudios en Economía y Cultura (CEEC) y profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), explica la situación del país y del sistema educativo en materia de transparencia. Este doctor en Filosofía y master en Arts, tiene larga experiencia docente y ha escrito libros y artículos sobre los desafíos en la sociedad global, las bases éticas en la creación de la riqueza, el pensamiento científico, entre otros temas en su área de actuación.
–¿En qué aspectos Argentina ha avanzado en términos de transparencia gubernamental o empresarial?
–El campo en el cual se observa mayor transparencia en estos años es el tributario, especialmente desde el último gran blanqueo fiscal. Esta tendencia viene impulsada por la voracidad fiscal del Estado y por las nuevas normas internacionales en relación al combate del ocultamiento de fondos que alimentan actividades criminales, como el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. La posibilidad de tener a la vista las declaraciones juradas de los funcionarios también es otro paso adelante en relación a la transparencia.
De todos modos, la opacidad sigue siendo grande en nuestro país y existen bolsones de corrupción que se apoyan sobre enormes agujeros negros de información.
–A pesar de ciertas mejoras, la gente sigue muy inquieta. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las declaraciones juradas de funcionarios que usted menciona, muchas de las cuales revelan información escandalosa?
–Es cierto, se difunden esas declaraciones juradas, pero la debilidad de la sociedad civil y de las instituciones del poder judicial para actuar en consecuencia es tan grande, que su difusión puede terminar resultando en un boomerang. Al ver que está disponible buena parte de la información para investigar la corrupción pero no se hace nada, la gente cae en un profundo escepticismo.
–¿Hasta qué punto la transparencia influye realmente en el desarrollo de las economías?
–Para desarrollar una auténtica economía de mercado, es imprescindible un grado de transparencia sobre la información que los funcionarios, empresarios, trabajadores y consumidores tienen acerca de los precios, bienes, servicios y presuntas acciones que se realizarán.
Cuando esa información está ausente, es confusa o está reservada a los miembros de pequeños círculos privilegiados del poder, entonces reina la desconfianza, no hay inversiones de riesgo y la riqueza tiende a achicarse y a concentrarse en unos pocos.
–¿Cuáles son los principales temas de capacitación en materia de ética y anticorrupción dirigidos a jóvenes líderes empresariales?
–Lo principal no es capacitar, sino educar. Existen muchas capacitaciones en temas de ética, pero fracasan porque no termina de haber una encarnación de los valores que tanto se pregonan.
En la universidad, los futuros directivos son entrenados en técnicas y modelos instrumentales estrechos y vacíos de contenido, y no se les enseña lo fundamental: a pensar y a juzgar sobre los fines últimos de su actividad.
La capacitación puramente técnica de las escuelas de management es una verdadera calamidad que alienta la proliferación de personalidades con bajísimos niveles de reflexión, de empatía y de pensamiento crítico para la detección temprana de los problemas.
–En el mundo de hoy, ¿se peca de una ambición por encima de esos valores?
–Así es, el vaciamiento valorativo y espiritual es llenado por una ambición en muchos casos enfermiza por la pura actividad, la pasión por ganar, la ausencia de escrúpulos cuando es cuestión de ser el primero.
–¿Qué propone para contrarrestar ese fenómeno?
–Hay que recrear una educación amplia, humanística, que se abra a la realidad en toda su profundidad y valor. Solo así se podrá cambiar el vacío de buena parte del mundo empresarial, que es el caldo de cultivo para la corrupción. Como sabemos, esta no sólo tiene su origen en los funcionarios políticos.
AAEC y BDO
Nuevos mapas de corrupción
Carlos Rozen es presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, entidad que se encarga de proporcionar herramientas empresariales para minimizar el riesgo de comportamientos no deseados que se pueden traducir en fraude.
Carlos Rozen
También es socio de la firma de auditoría y consultoría BDO, a cargo del área de Governance, Risk and Compliance.
–¿Cuáles son las consultas más frecuentes que recibe la asociación?
–Recibimos muchos pedidos en relación al “Programa de Certificación Internacional”, que es un postgrado de ética y compliance que se dicta todos los años. También nos llaman mucho de los organismos públicos para discutir nuevas leyes, y para que entrenemos a jueces y fiscales en el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
–¿Y en la firma BDO?
–En BDO tenemos un área de servicios en materia de compliance para todas las industrias y actividades. Nos piden desarrollo de herramientas específicas para políticas y planes empresariales y programas especiales en relación con el fraude, que incluyen, por ejemplo, líneas de denuncia de los empleados que reportan anónimamente hechos contrarios a las normas éticas, así como aplicaciones móviles que puedan ser usadas por ellos. Recurrimos a diversas herramientas de informática forense para casos de fraude.
–¿Cuáles son los errores más frecuentes de las empresas en materia de ética?
–Muchas compañías se centran en los aspectos formales del tema, se preocupan por tener una serie de cuestiones internas documentadas, y no tanto por su real efectividad. Implementan lo que llamamos “compliance para la foto” o “compliance de maquillaje”. Otro error común es copiar procedimientos de otra empresa, cuando deberían ser específicos.
–¿Qué opinión le merece la nueva ley penal?
–Mi opinión general es muy positiva, porque estamos en un país donde históricamente la lucha contra la corrupción no ha sido efectiva. Si vamos más al detalle, el proyecto de ley tiene una cantidad de problemas conceptuales y técnicos. Algunos aspectos a corregir son: el criterio de atribución de la responsabilidad. Tal como está escrito en el proyecto de ley, se atribuye la responsabilidad a la organización de forma directa, sin posibilidad de ser eximida. El programa de compliance debería ser considerado un eximente, no un atenuante.
Otro tema a rever es que se incluye la totalidad de los delitos que aparecen en el Código Penal, creando superposiciones de instrumentos jurídicos y dándole complejidad a la legislación.
Además, considero que hay que revisar la imprescriptibilidad para aquellos delitos relacionados con la corrupción y el soborno. Este es un tema mundialmente controvertido, porque los instrumentos que no prescriben pueden llegar a convertirse en herramientas de persecución política.
Finalmente, habría que ponerle mucha fuerza a la Ley de Extinción de Dominio, a través de la cual se permitiría recuperar los bienes producto de la corrupción con mayor facilidad. Lo que prevé el proyecto de ley es un acuerdo de colaboración para que se aporten elementos para recuperar los bienes, pero no habilita al gobierno con todas las herramientas jurídicas para hacerse de esos bienes.
–¿Existen otras medidas en torno a transparencia y ética que quiera destacar?
–Se está trabajando sobre la Ley del Arrepentido, que es muy compleja y se busca equilibrarla. También a nivel del Poder Ejecutivo, articulando mecanismos de buen gobierno corporativo para todos los entes del Estado y las empresas estatales. El Ministerio de Justicia está a cargo de la contratación de servicios para armar mapas y matrices de corrupción, con la meta de luchar con mayor efectividad. Es decir, la lucha contra la corrupción es más activa, pero se sigue requiriendo mayor foco y presupuesto para esto.
–¿El mayor esfuerzo está puesto en la legislación?
–Así es. La legislación es importante, pero también deberían existir incentivos para estimular las buenas prácticas. Hay muchas formas de hacerlo, a través de beneficios impositivos, premios, reconocimientos.
UCA
Brecha entre lo que se dice y lo que se hace
Los medios ejercen cierta presión para que los temas relacionados con la corrupción sean tratados, analizados, puestos a la luz y sancionados. El reclamo es sobre todo en relación a los funcionarios públicos, pero va más allá.
María Marta Preziosa
Mercado entrevistó a María Marta Preziosa, directora del Programa de Compliance, ética y derecho, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). La profesora es PhD en Filosofía, egresada de la Universidad de Navarra.
–¿Por qué ha aumentado la intención de lograr una mayor transparencia gubernamental y empresarial en los últimos años?
–Porque aumentó el reclamo social para que los temas de corrupción disminuyan o desaparezcan, y para que las personas que participan en ese tipo de delitos sean condenadas. También existe mayor presencia de los medios de comunicación que informan sobre la transparencia o falta de ella.
–En el ámbito estudiantil, ¿cuál es la posición mayoritaria frente a los temas de la ética?
–Trabajo en estos temas desde hace 25 años y hoy existe mucha más aceptación. Antes prácticamente no se podía hablar de ética en los negocios. Se decía “una cosa es la ética y otra los negocios”. Hoy, la receptividad y la comprensión al respecto es mayor, aunque no podría afirmar si eso cambia la práctica de los negocios.
En verdad, en estos temas siempre hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Uno puede decir que está dispuesto a colaborar con la preservación del medio ambiente, pero por otro lado no está dispuesto a pagar mucho más por un producto que no contamina. No siempre somos coherentes con el discurso.
En el ámbito empresarial, muchos gerentes saben cuál es la conducta deseable en términos de ética, pero si los mandan a hacer algo diferente, actúan en ese sentido para no perder sus trabajos.
De todas formas, sí ha cambiado el discurso en la sociedad y existe mayor conciencia de las implicancias de los temas éticos.
–¿Qué opinión le merece el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas?
–Si la ley se aprueba tiene que ver, en parte, con la presión de seguir perteneciendo al G20 y con cumplir los requisitos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Los países presionan al gobierno, y el gobierno presionaría a las empresas, porque hay un intento de involucrar al sector privado en la lucha contra la corrupción a partir de esa nueva legislación. En principio, eso marca un cambio de intención en la forma de abordar el problema.
También habría que trabajar más el factor cultural, ya que es fundamental que las empresas y la gente entiendan para qué hay que utilizar ese instrumento.
–¿Qué recomendaciones prácticas le daría a las empresas, tanto públicas como privadas, en relación a la ética y transparencia?
–El desafío es entender para qué se implementa un programa de compliance y qué se está protegiendo con las leyes que se aprueban. No se trata de no perderse en la letra de la ley y en las normas, sino de interpretar el espíritu de las mismas.
Si alguien dice, por ejemplo, “el límite de regalos que puedo aceptar es de 50 dólares, entonces puedo recibir los de 49 dólares”, se perdió en la letra de la norma y no hubo concreción de lo que significa.
Otro aspecto es que muchas veces las cuestiones éticas se rechazan porque generan una burocracia enorme. Entonces, el desafío es ayudar a entender que, con las nuevas normas, se trata de proteger a los empleados y que no pierdan la independencia a la hora de decidir, que no se vea torcida su voluntad. En este rol son importantes las campañas educativas sobre ética y, más que nada, que los líderes conserven el criterios de las normas en sus acciones cotidianas.
–¿Cuáles son las tendencias a futuro?
–Continuará la tendencia de más y más regulaciones. Pienso que el movimiento de la historia indica que se profundizará la hiperregulación. Estos temas llegaron para quedarse. Habría que ver después en qué medida significan un cambio de cultura real. Siempre el ser humano puede cometer injusticias y transgresiones, más allá de las leyes y de la cultura prevalente o la que se quiere desarrollar.
Toyota
Reforzar políticas internas y el gobierno corporativo
Edgard Mihailovitch, gerente general de Legales, Gobierno Corporativo y Compliance de la automotriz japonesa, señala los principales ejes de ética y las líneas acción de esta empresa con importantes inversiones en el país.
Su presidente, Daniel Herrero, anunció públicamente hace algunas semanas que planean invertir US$ 100 millones de dólares en lo que resta del año, básicamente en equipamiento para mejorar la calidad y ergonomía, así como para incorporar personal.
Su planta se encuentra en Zárate, provincia de Buenos Aires. Desde Argentina abastecen a otros países de la región. Esto ocurre en un contexto que no es el mejor momento de la industria automotriz.
–¿Qué hace Toyota para responder a las exigencias mundiales de transparencia?
–La transparencia empresarial está vinculada directamente al principio de integridad, que es uno de nuestros principales valores, fuertemente impulsado desde nuestra casa matriz en Japón.
Entendemos a la integridad como la manera “correcta” de realizar nuestras acciones: siempre nos guiamos por el cumplimiento estricto de las normas, el respeto por los demás, la disciplina constante y la persecución de la mejora continua.
La transparencia se logra a través del trabajo de comunicación constante entre la compañía y sus principales grupos de interés: internos y externos. Tenemos como prioridad velar para que la información fluya de manera eficiente, con el objetivo de que las decisiones que se tomen en la compañía y que afecten a nuestros grupos de interés estén siempre basadas en la responsabilidad.
Creemos también que el grado de transparencia de la organización es directamente proporcional al grado de confianza de nuestros clientes. Es por eso que “el cliente primero” es uno de los principios más difundidos en Toyota a escala global y significa que todas nuestras decisiones deben estar siempre orientadas a ellos, a quienes rendimos cuentas constantemente.
Todos los esfuerzos para garantizar la transparencia desde Toyota Argentina se encuentran plasmados en un Código de Conducta. La difusión de sus preceptos, el diálogo constante con nuestros grupos de interés y la capacitación periódica de los colaboradores son las principales formas que tiene la compañía de aportar activamente en el desarrollo de la transparencia.
–¿Cuál es su foco de acción como gerente general de Legales, Gobierno Corporativo y Compliance?
–Mi misión principal es mantener una sólida estructura de gobierno en la compañía y reforzar constantemente el marco de toma de decisiones en todos los niveles de gestión. En mi opinión, esto es posible únicamente prestando constante atención a las expectativas de los grupos de interés y apoyando fuertemente las operaciones.
Para facilitar esta comunicación, contamos con una “Línea Ética” que se encuentra disponible para toda la comunidad y en la cual pueden denunciarse todo tipo de cuestiones relacionadas a la aplicación de nuestro Código de Conducta.
El feedback constante de terceras partes es extremadamente útil, y constituye una de las variables que tenemos en cuenta para ajustar los planes de acción y el programa de compliance.
Hoy en día, nuestros esfuerzos están orientados a reforzar las siguientes políticas internas: anti-corrupción y prevención del blanqueo de capitales; seguridad de la información y confidencialidad; propiedad intelectual y protección de datos personales; igualdad de oportunidades y conflicto de Intereses; relación con clientes, distribuidores y concesionarios; relación con competidores y competencia leal.
–¿Cómo piensa que Argentina podría mejorar su índice de transparencia gubernamental, institucional, empresarial e individual?
–Deberíamos enfocarnos en la importancia de crear y mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones y empresas. Otro elemento fundamental para reforzar la transparencia es la correcta y constante rendición de cuentas a través de canales adecuados, con datos precisos y confiables. Y un tercer elemento es la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.
