Asociado a ello, se profundizará el retroceso social. Enfrentar la pandemia es lo urgente. Pero lo más importante es abordar un ordenamiento integral del Estado para recuperar la estabilidad y el crecimiento.
La inflación en marzo alcanzó al 4,8% mensual. Esto hace que en el 1° trimestre del 2021 el aumento de los precios sea del 4,2% promedio mensual. Si no se logra revertir esta tendencia, la inflación anual en el 2021 llegará al 60%. El doble de la meta planteada por el gobierno.
El proceso sorprende y preocupa. Especialmente porque el gobierno viene desplegando una amplia batería de acciones tendientes a reducir la inflación. El ritmo de devaluación y de actualización de las tarifas de los servicios públicos va por debajo del aumento de los precios. Se logró que la mayoría de las paritarias se alinearan con la meta oficial de 30% de inflación. Si bien el déficit fiscal es muy alto, se moderó respecto al año pasado y se viene aplicando una política monetaria conservadora. La mayor parte del déficit se financió con deuda y el Banco Central llevó al extremo la absorción monetaria con Pases y Leliqs.
La pregunta que se impone es: ¿con la aceleración inflacionaria se puede cumplir la promesa del gobierno de que los salarios crecerán por encima de la inflación? Para responderla sirve apelar a los datos oficiales. Según el Ministerio de Economía en los últimos 3 años se observan que:
- En el 2018 la inflación fue de 3,3% promedio mensual y los salarios crecieron a razón del 2,7% mensual.
- En el 2019 la inflación fue de 3,7% mensual y los salarios crecieron a razón de 3,0% mensual.
- En el 2020 la inflación fue de 2,6% mensual y los salarios crecieron a razón de 2,4% mensual.
Estos datos muestran que, más allá de la pandemia, la Argentina transita un nuevo ciclo de estancamiento con alta inflación y un impacto muy negativo en el salario real. La caída en el salario real de los trabajadores formales desde que se inició la crisis en el 2018 es del 15%. El resto de las remuneraciones, como las jubilaciones y los salarios informales, siguen la misma tendencia. Aunque los pronósticos sean de recuperación de la actividad productiva luego de la pandemia, con una tasa de inflación por encima del 4% mensual es imposible que los salarios le ganen a la inflación en el 2021.
Mientras la inflación se mantenga alta no hay posibilidades de revertir este proceso de regresión. Intentar compensar la inflación con mayores aumentos de salarios solo servirá para acelerar el incremento de los precios. Tampoco resulta eficaz “reprimir” la inflación para que los salarios le ganen a la inflación con atraso cambiario, congelamiento de tarifas públicas, controles de precios y contracción monetaria a través del aumento de la deuda pública.
La sostenida caída del salario real se origina en el mal funcionamiento de la economía que, a su vez, deriva del desorden en el sector público. Lo que viene prevaleciendo desde hace décadas es una propensión sistemática a gastar por encima de los recursos y a la degradación en la calidad de los servicios del Estado.
Ni en el gobierno anterior ni en el actual hubo vocación por impulsar cambios de esta realidad. En el anterior, se consideró que alcanzaba con un plan gradual de reducción del déficit fiscal. En el actual, más allá de los gastos extraordinarios del Covid-19, se considera que es posible y deseable seguir expandiendo el gasto público sin mejorar la calidad de la gestión.
Lo urgente es enfrentar la segunda ola del Covid-19. Las prioridades son acelerar el plan de vacunación y encontrar las vías más eficaces para morigerar los contagios respetando los límites que impone el cansancio generalizado. Pero lo importante es aprovechar la crisis para abordar el ordenamiento del sector público. Se trata de un desafío enorme porque requiere sustento político y capacidad profesional para desplegar un ambicioso proceso de reconstrucción institucional.