Luego de varios meses de negociación, y tras reformular varias veces la oferta de canje original, el país llegó a un acuerdo con la mayoría de los acreedores de deuda en moneda y legislación extranjera.
De esta manera, se evita un nuevo default que hubiera dejado al país en un contexto más complejo de cara a la realidad económica que vendrá post pandemia, explica el último informe mensual sobre la economía que elabora la consultora y auditora PwC.
Uno de los principales escollos que tenía por delante la economía argentina, incluso antes de la llegada del Covid-19, era resolver el tema de la deuda pública con los acreedores privados.
El abultado perfil de vencimientos en el corriente año era imposible de afrontar para un país en recesión, con déficit fiscal, sin acceso al mercado voluntario de deuda y con otros desequilibrios macroeconómicos. Con lo cual, la reestructuración de los pagos se volvía clave en el futuro de corto y mediano plazo para el país.
Tras varios meses de negociación y revisiones sucesivas de la propuesta, el 4 de agosto desde el Ministerio de Economía se anunció que se haría una nueva modificación a la oferta final, daba la aprobación de los grupos de tenedores de bonos en moneda y legislación extranjera con mayor participación. De esa forma se extendió el plazo para aceptar la “nueva” oferta hasta el 24 de agosto, que habría alcanzado un porcentaje de adhesión superior al 90%.
La propuesta consiste en canjear 21 series de bonos con un monto elegible total de US$ 66.072 millones por un menú de cinco nuevos títulos en dólares y cinco en euros, con fecha de emisión 4 de septiembre y vencimiento entre los años 2030 y 2046. El pago de los intereses de los nuevos bonos comenzará en julio de 2021, siendo luego el pago semestral, mientras que la primera amortización de capital será en el año 2024. Asimismo, el cupón promedio para los bonos en dólares alcanza 3,75%, mientras que, para los bonos en euros, el 3,11%.
En adición a los bonos con legislación extranjera, el Congreso aprobó una ley de reestructuración de la deuda en moneda extranjera, pero con legislación nacional, bajo las mismas condiciones que aquella con legislación externa.
La canasta de instrumentos con ley argentina que entran en el canje está integrada por Letes, Bonar, Discount, Par y lo que resta de linked soberanos (Lelink, AF20 y TV20). A cambio, se le ofrecerá a los inversores los mismos títulos que se emitirán en la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera; es decir títulos con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041.
Adicionalmente, el canje local busca incentivar a los inversores a pesificar parte de sus tenencias con una opción de vencimientos más cortos que aquellos en dólares, ofreciendo bonos ajustados por CER (Boncer) con vencimiento en 2026 y 2028. De esta forma, y de acuerdo al análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el nuevo perfil de vencimientos de deuda del país pasaría a ser US$ 7.498 millones durante el período 2020-2023, frente a los US$ 54.843 millones previo a la renegociación.
Mientras que el cambio en el perfil de vencimientos es alentador, no deja de plantear un desafío para el país que se encuentra en recesión y con gastos por parte del sector público muy por encima de sus ingresos. Para poder hacer frente a dichos compromisos, la administración actual deberá poder alcanzar superávit fiscal que le dé la posibilidad de comprar las divisas para el repago o bien hacer el roll over de dichos vencimientos; esto significa emitir deuda nueva para poder pagar deuda vieja.
Esto último es lo que suelen hacer la mayoría de las economías en el mundo, sobre todo en un contexto de tasas de interés bajas. Sin embargo, para que ello sea posible el país deberá recuperar la confianza y trazar un programa de largo plazo que le permita a la Argentina ubicarse en un sendero, al menos, de equilibrio macroeconómico razonable y sostenible.
Con miras a más largo plazo, el perfil de nuevos vencimientos constituirá un reto para quien asuma a partir de 2024, dado que desde el año 2025 Argentina deberá pagar unos US$ 11.500 millones en promedio por año. Ese monto constituye, en promedio, el 17% de las exportaciones de bienes, considerando los últimos diez años.
Cerrada esta etapa con relación a la deuda, el país deberá comenzar a negociar con el FMI, con quien en los próximos cuatro años tiene compromisos de pagos por un monto superior a los US$ 46.000 millones. En este sentido, Argentina se encuentra actualmente bajo un “programa stand by” con el organismo cuyo término de repago está pautado en 4 años.
La alternativa sería convertir el programa en un Acuerdo de Facilidades Ampliadas (Extended Fund Facility, EFF) el cual, sin quita de capital – ya que esto no es admitido por el FMI-, podría extender el plazo de repago hasta 10 años.
En este caso, lo que deberá negociar el gobierno con el organismo serían las “condicionalidades” que tendría el nuevo acuerdo, ya que este tipo de programas tiene como objetivo que el país en cuestión lleve adelante reformas de carácter estructural para abordar las debilidades institucionales o económicas, además de las políticas que le permitan mantener la estabilidad macroeconómica.
Este escenario de acuerdo con los acreedores privados y la posibilidad de acordar con el FMI son condiciones necesarias, pero no suficientes para encauzar a la economía en un sendero de crecimiento.
La economía enfrenta desequilibrios macroeconómicos, una alta emisión monetaria (consecuencia principalmente de la financiación al sector público), inflación contenida (muchos precios se encuentran regulados y otro tanto no medidos consecuencia de la política de aislamiento que impiden la actividad de ciertos rubros), mercado cambiario altamente regulado, entre otros.
Por otra parte, el efecto de mediano plazo que la pandemia pueda dejar en las economías es incierto. Por ello, habiendo resuelto unos de los varios escollos que la economía argentina tenía, la manera en que se gestionen los próximos desafíos para encontrar una salida de la crisis actual será clave de cara al futuro económico del país.
