La economía argentina ya venía de un proceso recesivo, con alta inflación y escaso margen de financiamiento (de hecho, en un proceso de reestructuración de su deuda pública) cuando irrumpió la pandemia del Covid-19 y ello trajo, necesariamente, un reordenamiento de prioridades.
A la luz de las experiencias de otros países, el gobierno, coordinado con los gobernadores y la oposición, tomó fuertes medidas preventivas para tratar de evitar un desborde en la capacidad de nuestro sistema sanitario para hacer frente a la crisis, dando prioridad a la salud de la población, como recuerda José María Segura, Economista Jefe de PwC Argentina, una de las grandes consultoras globales.
Así fue como, desde la segunda semana de marzo, se fueron colocando restricciones a la reunión de personas y a la llegada de vuelos desde las zonas declaradas críticas, para finalmente desembocar en el dictado del aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo y su reciente extensión para después de “Semana Santa”.
Ciertamente las medidas de distanciamiento y de aislamiento social tienen un costo económico, en la medida en que no sólo disminuyen la demanda, sino que, en tanto duren las restricciones a la movilidad de la población, también generan un shock de oferta.
Cuanto más se prolongue en el tiempo esta situación, mayor podría ser el impacto en la cadena de pagos, nivel de empleo, ingreso de las familias y, consecuentemente, en aumentar la contracción en la demanda. Por lo tanto, las medidas de política económica deberían enfocarse en dos aspectos: reducir y acortar en el tiempo las medidas de aislamiento que impactan en la oferta de bienes y, mientras dure la disrupción, mitigar las consecuencias.
La extensión en el tiempo de las medidas más duras de aislamiento social dependerá, entre otros factores, de disminuir fuertemente la tasa de contagio – idealmente por debajo de 1, de modo tal que la curva de crecimiento no sea exponencial ; de incrementar significativamente la capacidad de testeo, con el objetivo de aislar solamente segmentos de la población y no a toda; y al aumento en la disponibilidad de camas y de unidades de cuidados intensivos dentro del sistema de salud.
Por su parte, para mitigar las consecuencias sobre la economía de las medidas sanitarias es necesario, en primer lugar, que la población tenga acceso a los bienes y servicios de primera necesidad, ya que de otro modo podrían producirse desbordes sociales que hagan inaplicables las medidas sanitarias.
Para ello no sólo hay que garantizar la oferta de los mismos, sino también un nivel de ingresos mínimo a las familias. Y, en segundo lugar, es necesario hacer soportables para las empresas los sobrecostos de la inactividad y facilitar la liquidez del sistema, evitando que se produzcan interrupciones en la cadena de pagos – sumando a la crisis sanitaria una crisis financiera –, el cierre de empresas y la pérdida de empleos.
Cabe señalar que, en mayor o menor medida, varias de las políticas implementadas van en este sentido. (Lamentablemente otras parecen haber sido tomadas a destiempo. Por ejemplo, para qué impulsar la demanda de construcción a través del plan ProCreAr mientras la oferta no esté disponible). Pero la pregunta que surge inmediatamente es, si Argentina ya estaba en una situación de restricción de acceso al crédito, ¿cómo va a financiarse esta necesidad de expansión fiscal?
Y la verdad es que ante tamaña emergencia no resulta del todo relevante. Deberán buscarse los recursos de financiamiento que pudieran ponerse a disposición de los países por parte de los organismos multilaterales de crédito, pero no debería eludirse ninguna alternativa en pos de alcanzar los dos objetivos mencionados anteriormente: reducir la duración en el tiempo del impacto sobre la oferta y mitigar las consecuencias financieras y económicas. Cualquier otro objetivo de política económica debería ceder frente a estos. No obstante, ello no quiere decir que no se deba comenzar a trabajar ya mismo para el día después. Cometer el error de creer que la economía podría seguir operando indefinidamente bajo este esquema llevaría más temprano que tarde a un aumento significativo de la inflación.
Por lo tanto, necesariamente debería preverse un programa macroeconómico consistente que no solo corrija los desequilibrios acumulados a lo largo del tiempo en la economía, sino también aquellos que, necesariamente, resultarán de este período.
El dilema entre ajuste gradual o a través de un shock lo resolvió la naturaleza en favor de este último. Si se aprovecha esta posibilidad, la recuperación de la confianza – cuya ausencia fue central en el desempeño económico de los últimos años – podría permitir que el restablecimiento se de en un razonable período de tiempo. Hagamos que los costos de la pandemia, que en este caso también serán lamentablemente en términos de vidas humanas, no sean en vano.
