El litigio había sido planteado por el propio gobierno federal, que acusa a las empresas del sector por ocultar datos sobre los verdaderos efectos del tabaco. En particular, uno clave: los cigarrillos livianos (“light”) no son menos letales para la salud.
El tribunal, cuya mayoría fuma –llamativo detalle, consignado por algunos periódicos norteamericanos-, dictaminó que las acciones de estas empresas no pueden equipararse al delito organizado. El estado se apoyó en ese argumento a fin de recobrar, al menos en parte, miles de millones insumidos en atención médica pública a víctimas del tabaco.
Washington abrió el proceso en 1999. El segundo argumento era la promoción y venta de cigarrillos entre menores de edad. Ya durante las actuaciones en primera instancia, los abogados del negocio apostaban a que la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca desactivase la bomba de tiempo. Por de pronto, algunos estados que se habían plegado, donde el gobierno pasó a manos republicanas, desistieron de perseguir a las tabacaleras.
Entra las compañías demandadas figuran gigantes como Altrias (o sea, Philip Morris), RJ Reynolds. Brown & Williamson (British American Tobacco), Liggett & Myers (Vector) y Lorillard (Loew’s). Todas festejaron, pero el fallo fue dividido: uno de los tres jueces manifestó desacuerdo y opinó que las ganancias provenientes de vender cigarrillos a menores podían asimilarse a las obtenidas en operaciones bursátiles ilegales.
Ahora, los analistas esperan dos novedades. Una, que las empresas cuestionen judicialmente el compromiso firmado en 1999 (destinar US$ 245.000 millones, en un plazo de fijar, para el tratamientos de gente afectada por el cigarrillo). Otra, que el gobierno federal apele el fallo y, en la presentación ante la Corte Suprema, afine los argumentos.
El litigio había sido planteado por el propio gobierno federal, que acusa a las empresas del sector por ocultar datos sobre los verdaderos efectos del tabaco. En particular, uno clave: los cigarrillos livianos (“light”) no son menos letales para la salud.
El tribunal, cuya mayoría fuma –llamativo detalle, consignado por algunos periódicos norteamericanos-, dictaminó que las acciones de estas empresas no pueden equipararse al delito organizado. El estado se apoyó en ese argumento a fin de recobrar, al menos en parte, miles de millones insumidos en atención médica pública a víctimas del tabaco.
Washington abrió el proceso en 1999. El segundo argumento era la promoción y venta de cigarrillos entre menores de edad. Ya durante las actuaciones en primera instancia, los abogados del negocio apostaban a que la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca desactivase la bomba de tiempo. Por de pronto, algunos estados que se habían plegado, donde el gobierno pasó a manos republicanas, desistieron de perseguir a las tabacaleras.
Entra las compañías demandadas figuran gigantes como Altrias (o sea, Philip Morris), RJ Reynolds. Brown & Williamson (British American Tobacco), Liggett & Myers (Vector) y Lorillard (Loew’s). Todas festejaron, pero el fallo fue dividido: uno de los tres jueces manifestó desacuerdo y opinó que las ganancias provenientes de vender cigarrillos a menores podían asimilarse a las obtenidas en operaciones bursátiles ilegales.
Ahora, los analistas esperan dos novedades. Una, que las empresas cuestionen judicialmente el compromiso firmado en 1999 (destinar US$ 245.000 millones, en un plazo de fijar, para el tratamientos de gente afectada por el cigarrillo). Otra, que el gobierno federal apele el fallo y, en la presentación ante la Corte Suprema, afine los argumentos.
