El post original, publicado por el usuario @WallStreetMav, decía:
“Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. El NYT sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios.”
El tuit fue compartido por Musk sin comentarios, pero su sola amplificación bastó para provocar una crisis política y mediática en México. Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a rechazar categóricamente las acusaciones y defendió a Slim como “un empresario que ha contribuido al desarrollo económico del país”, agregando que no existen investigaciones judiciales ni fiscales en curso contra él.
Días antes de la controversia, medios regionales habían informado sobre una posible colaboración entre Starlink y América Móvil para brindar conectividad móvil e internet en zonas rurales y de difícil acceso de Latinoamérica. Sin embargo, durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2024, el CEO de América Móvil, Daniel Hajj, descartó cualquier negociación vigente:
“Todavía estamos revisando si ese servicio tiene sentido para nosotros. Pero, por ahora, no tenemos ninguna negociación en curso con compañías satelitales.”
El caso mexicano no es aislado. En los últimos doce meses, Musk ha protagonizado conflictos abiertos con gobiernos de Brasil (por una orden judicial que bloqueó cuentas en X y congeló fondos locales de Starlink), Canadá (donde Ontario canceló un contrato de USD 100 millones en respuesta a aranceles y tensiones políticas y Sudáfrica (donde fue acusado de racismo tras rechazar regulaciones de equidad).
Las declaraciones y el contexto sugieren que, más que una disputa técnica o comercial, el conflicto se inscribe en una lucha por el control del futuro de las telecomunicaciones, en un momento donde Starlink está a punto de desplegar su servicio directo al celular (D2D), una disrupción que podría convertir a Musk en el “enemigo público” de las telcos tradicionales.
La situación adquiere una dimensión sensible en Argentina, donde el gobierno actual —fuertemente alineado con Donald Trump y con el propio Musk— ha declarado públicamente su rechazo a la reciente compra de Telefónica por parte de Telecom, propiedad del Grupo Clarín. Las tensiones se intensifican tras denuncias de “concentración mediática” y cuestionamientos a la línea editorial del multimedio.
Si bien Starlink ya opera en Argentina, las declaraciones oficiales, las políticas regulatorias y la presión política internacional podrían derivar en una expansión más agresiva del servicio satelital, desplazando paulatinamente a los actores tradicionales del mercado.
Lo que en principio se planteó como un avance para las zonas rurales, poco a poco está compitiendo con la fibra en áreas urbanas y suburbanas.
El servicio de D2D (Direct to Device) – que ya está siendo probado en EEUU por la empresa T-Mobile- comunica los teléfonos portátiles directamente con los satélites de órbita baja prescindiendo de las tradicionales torres de celulares.
Con declaraciones públicas que oscilan entre el libertarismo extremo, el nacionalismo estadounidense y la crítica feroz a regulaciones internacionales, Elon Musk se posiciona cada vez más como un actor político global. Su cercanía con Trump, su participación en debates diplomáticos y su enfrentamiento con reguladores convierten cada acción de Starlink en una jugada estratégica en el tablero geopolítico.
La pregunta que comienza a instalarse en América Latina y otras regiones del mundo es si las grandes telcos se convertirán en el próximo frente de batalla para Elon Musk. La irrupción de Starlink en el mercado D2D amenaza con redefinir la estructura misma de la conectividad global. Y lo hace en un entorno donde las tensiones políticas, los intereses nacionales y la figura cada vez más impredecible de Musk generan inquietud en gobiernos, reguladores y operadores tradicionales.
El futuro de internet podría estar en el cielo. Pero las batallas por controlarlo, claramente, están bien firmes en la Tierra.
