Los ministros de Justicia de la Unión Europea acordaron adaptar las reglas vigentes sobre la protección de datos personales a la nueva realidad de Internet y las redes sociales, que garantice un mayor control de los usuarios sobre su tratamiento en la red, fortalezca el mercado único y reduzca costos empresariales.
El nuevo reglamento, que no sufría modificaciones desde 1995, también facilitará que las empresas puedan realizar operaciones transfronterizas y potenciará el desarrollo del mercado único. Apunta además a reducir las cargas burocráticas para las empresas por un valor de unos 2.300 millones de euros anuales.
“Estamos ante algo muy importante, ya que el nuevo reglamento dará a todos los ciudadanos de la Unión un mayor control de todos sus datos. Ahora podrán pedir el borrado de sus datos en Internet”, apuntó el ministro letón de Justicia, Dzintars Rascnasc, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE hasta finales de mes.
Rascnasc explicó en conferencia de prensa que esta nueva normativa “va a modernizar los principios generales y va a ofrecer un reglamento armonizado para todos los estados de la UE”.
“En caso de incumplimiento todos los ciudadanos podrán presentar una queja garantizando así la protección de sus derechos”, añadió.
Todos los estados miembros, excepto Austria y Eslovenia, dieron su apoyo al texto de compromiso, que servirá de base para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo el próximo 24 de junio, con vistas a llegar a un acuerdo definitivo antes de finales de año, informó la agencia de noticias EFE.
La responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para todos los que procesen datos personales, la obligación de notificar a la autoridad nacional de control toda violación de datos graves lo antes posible, y la de solicitar el consentimiento expreso del usuario para el procesamiento de sus datos, son otras de las mejoras que introduce la reforma.
Además los usuarios que se sientan perjudicados por el tratamiento de sus datos en Internet tendrán derecho a reclamar sanciones que podrán traducirse en multas de hasta un 2 % de la facturación anual o de un máximo de un millón de euros para la empresa que haya infringido el reglamento europeo.
Otro punto del acuerdo es que a estas normas estarán sujetas todas las empresas que operen en territorio comunitario con independencia de donde tengan su sede.
Los ministros aceptaron sellar el acuerdo para no seguir bloqueando su tramitación tras tres años de debate en el Consejo, y seguirán discutiendo diversos puntos críticos, como la proporcionalidad de las sanciones, la transferencia de datos a terceros países, la protección del derecho de los niños, sobre todo vinculado al derecho al olvido, y las cargas administrativas.
