La GSMA presentó el 27 de noviembre de 2025 en Doha, Catar, el informe independiente The Impact of Cybersecurity Regulation on Mobile Operators, elaborado junto a Frontier Economics. El documento advierte que los operadores móviles destinan entre US$ 15.000 y US$ 19.000 millones anuales a actividades básicas de ciberseguridad, con una proyección de US$ 40.000 a US$ 42.000 millones para 2030.
Según el estudio, la fragmentación regulatoria, la proliferación de normas prescriptivas y las obligaciones de notificación superpuestas generan costos innecesarios y desvían recursos de la mitigación real de riesgos. Un operador reportó que hasta el 80% del tiempo de su equipo de operaciones de ciberseguridad se dedica a tareas administrativas de auditoría y cumplimiento, en detrimento de la detección de amenazas y la respuesta a incidentes.
El informe, basado en entrevistas a operadores de África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Medio y América del Norte, destaca que la colaboración internacional y la participación de la industria resultan fundamentales para evitar duplicidad normativa y cargas innecesarias, especialmente en empresas presentes en varios mercados.
Michaela Angonius, directora de Política y Regulación de la GSMA, señaló: “Las redes móviles son el corazón digital del mundo. A medida que las amenazas cibernéticas van en aumento, los operadores están realizando grandes inversiones para mantener la seguridad de las sociedades, pero la regulación debe ayudar, y no obstaculizar, esos esfuerzos”.
El informe propone seis principios para una regulación eficaz: armonización con normas internacionales, coherencia con políticas existentes, enfoque basado en riesgo y resultados, colaboración con la industria, seguridad desde el diseño y desarrollo de capacidades institucionales. La GSMA insta a gobiernos y organismos reguladores a priorizar marcos colaborativos que permitan mantener redes móviles seguras y resilientes.
“La ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Para proteger a los ciudadanos y los servicios sociales esenciales, los reguladores y los operadores deben trabajar juntos, guiados por un conjunto de principios comunes”, afirmó Angonius.
