Por Pablo Rodríguez Romeo (*)
Pero, parece que aún queda un camino por recorrer y varios desafíos por resolver. La Pandemia de COVID-19, que tanto ha modificado la vida en todo el planeta, obligó a volcarse a lo digital para subsistir, y para esto la tecnología fue fundamental. Hoy ya podemos afirmar que toda nuestra vida pasa por un dispositivo y por Internet: hacemos trámites, nos contactamos con familiares y amigos, aprendemos, tomamos clases, compramos online, realizamos transacciones bancarias. Todo, ya nada escapa a lo digital.
Esta digitalización y virtualización que, sin dudas, llegó para quedarse nos invita a pensar cómo podemos adaptar nuestros procesos de trabajo a esta nueva tendencia. Mucho se ha hecho contra reloj al principio de la Pandemia, algunas industrias más adaptadas y preparadas que otras; pero con la constante de que paulatinamente ya se comenzó a transitar el camino hacia esta nueva era. ¿Y el ámbito judicial cómo quedó en este andar?
Tuvo que transitar largos tiempos de inactividad debido a las restricciones impuestas, pero aun así cuando pudo hacerlo de manera remota encontró algunas limitaciones y desafíos que aún quedan por resolver. A diferencia de esto, en todo el mundo y desde hace ya algunos años se han comenzado a ver iniciativas de tribunales en línea, trámites online, firma y expedientes digitales, procesamiento de información a gran escala. Posibilidades que antes se veían lejanas en el tiempo y hoy ya pueden ser certezas.
Los beneficios de esta digitalización son múltiples: hacer más dinámicos los procesos y trámites judiciales, poner a disposición una Justicia más accesible y al alcance de todos, reducir los tiempos y costos de la burocracia administrativa. Y nada de esto tiene que ver con reemplazar la labor humana. Muy por el contrario, se trata de poner la tecnología a su alcance para abordar tareas repetitivas y que llevan tiempo.
Ya existen sistemas que usan el machine learning y la inteligencia artificial para identificar en tan solo segundos patrones de miles de expedientes para hacer informes. Esto permite hacer más eficiente el trabajo de la Justicia para detectar casos, priorizarlos, automatizar respuestas, y ofrecer resultados en tiempo y forma.
Si bien muchos se han adaptado a estos nuevos tiempos utilizando éstas y otras soluciones y herramientas tecnológicas para poder hacer frente a esta nueva tendencia, otros tantos continúan en la “era de papel” a riesgo de quedar afuera.
Los desafíos a transitar son múltiples, pero no imposibles. Uno de ellos es la inversión: poder tener una Justicia Digital Segura implica invertir en equipos, licencias, softwares y personal capacitado en el uso de las herramientas y en el valor de la información que manejan. Y esto, a pesar de lo que se cree, continúa no siendo tenido en cuenta por los decisores a la hora de evaluar las partidas presupuestarias. Lo toman más como un gasto que como un verdadero beneficio que permanecerá en el tiempo.
Pero, fundamentalmente contar con personal capacitado en todo lo que implica esta nueva era es primordial para hacer esta transformación por completo. La sistematización y desburocratización que se obtienen permitirá a todo el personal que involucra la Justicia (jueces, funcionarios, secretarios, abogados, administrativos, etc.) hacer un trabajo de mayor calidad en menos tiempo, al liberarse de tareas que son canalizadas por sistemas.
A pesar de todas las consecuencias que trajo la Pandemia de COVID-19, expuso una necesidad que hoy toca al ámbito Judicial, así como lo ha hecho en otros rubros de actividad. Aprovechar esta oportunidad adoptando herramientas tecnológicas para transformar la Justicia es una oportunidad inmejorable para navegar la verdadera era digital.
(*) El ingeniero Pablo Rodríguez Romeo (MP 2411 – MN 5117) – Perito Informático Forense, especialista en Seguridad – Socio del Estudio CySI de Informática Forense – www.cysi.com.ar
