En estos tiempos, en que el gobierno clama por una oportunidad de poder exhibir buenas noticias en el terreno económico, asomó, finalmente, un dato auspicioso: las exportaciones del primer semestre de este año crecieron 13% con respecto al mismo período de 1999. Sin embargo, la performance no parece tan brillante si se considera que ese incremento se explica, básicamente, por un aumento de 8% en los precios y de 5% en los volúmenes.
Por otra parte, el alza en los precios de los bienes exportados corresponde, exclusivamente, a los combustibles; los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario e industrial exhibieron, por el contrario, una reducción de sus cotizaciones internacionales.
En cuanto a los volúmenes, se observa un crecimiento de 11% en los productos primarios, que se debe, principalmente, a las buenas cosechas de soja y trigo, y de 15% en las manufacturas de origen industrial. Los demás rubros exhibieron, por el contrario, caídas en los volúmenes exportados.
Expresado en términos más gráficos: si se excluyen las exportaciones de combustibles (que representan 10% del total), las ventas al exterior de la Argentina durante la primera mitad de este año crecieron apenas 4% con respecto al mismo lapso de 1999, con un aumento de 7% en los volúmenes y una caída de 3% en los precios.
Esto indica que la expansión de las exportaciones se apoya sobre bases endebles. O, lo que es lo mismo, que la Argentina enfrenta serias dificultades para alcanzar los niveles de competitividad externa que imponen los mercados mundiales.
El consumo manda
La cuestión es particularmente preocupante si se considera que las exportaciones representan 10% del PBI y exhiben la mejor performance entre todos los componentes de la demanda global.
Las otras fuentes de crecimiento económico muestran, en cambio, un desempeño poco alentador. El consumo público (los gastos de todas las administraciones gubernamentales en la provisión de bienes y servicios individuales y colectivos, cuyo peso en la estructura del PBI representa 13%) habría registrado, durante la primera mitad del año, una caída de alrededor de 1,5% con respecto al mismo período de 1999.
En cuanto a la inversión, que representa 19% del PBI, todas las estimaciones coinciden en que se habría registrado una caída importante en lo que va del año.
Tampoco se produjo un proceso de sustitución de importaciones que contribuyera a la expansión del PBI. Por el contrario, las importaciones exhibieron un modesto incremento (resultado, a su vez, del poco dinamismo que mostró la demanda interna).
En estas condiciones, el comportamiento del consumo del sector privado (que representa 70% del producto) constituye el factor determinante para la salida de la recesión. Pero la evolución de la mayoría de los índices que reflejan el desempeño de esta variable tienden a mostrar, en el mejor de los casos, un reducido crecimiento. Las ventas en supermercados y centros de compra, el consumo de servicios públicos y la evolución de los préstamos personales tienden a confirmar esa tendencia.
La salud fiscal
No resulta sorprendente, entonces, que la recaudación tributaria exhiba un comportamiento que no contribuye a fortalecer la confianza de los agentes económicos acerca de la solvencia de las finanzas públicas.
Es preciso tener en cuenta que todo aumento de la recaudación es el resultado de, al menos, tres factores:
- medidas especiales, como el incremento de las tasas impositivas, la extensión
de las bases imponibles, moratorias o regímenes de facilidades de pago,
o el adelanto de los anticipos de algún tributo; - mejoras en los mecanismos de administración tributaria que apunten
a una disminución de la evasión y de la elusión tributaria; - aumentos en el nivel de actividad.
En cuanto a la primera de las alternativas, el equipo económico adoptó casi todas las medidas que podían encararse sin correr el riesgo de afectar la confianza de los inversores. En el caso de la segunda opción, aunque podía señalarse alguna demora en la sanción de normas más duras, también es cierto que los resultados recién pueden comenzar a apreciarse a mediano plazo.
La reactivación de la economía se convierte, así, en el centro de la cuestión fiscal, ya que parece difícil que la sociedad pueda seguir tolerando nuevos ajustes en sus ingresos y en sus gastos. Sin embargo, para algunos inversores y numerosos analistas, la solución de los problemas fiscales del país constituye una condición previa para que la economía se reactive.
En este contexto, el aumento de 3,7% en la recaudación tributaria de julio pasado fue percibido como decepcionante (en especial, si a ese resultado se le quita el impacto del impuestazo de comienzos de año y la moratoria más reciente).
Las dudas sobre el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI para lo que resta del año no dejan, por lo tanto, de acrecentarse. Aunque las autoridades económicas se empeñaron en negar las versiones acerca de un nuevo ajuste, admitieron que posiblemente recurran al expediente de pasar para el tercer trimestre las metas del cuarto (que son más holgadas).
Más allá de esta operación cosmética de corto plazo, está aquí implícito un reconocimiento de las grandes dificultades que se presentan para cumplir con la ley de solvencia fiscal. A pesar de ello, algunos analistas consideran que sería más apropiado renegociar el convenio con el FMI, ajustando la meta de déficit a un nivel más realista.
Se supone que el FMI sería permeable a una iniciativa de ese tipo; en especial, porque el incumplimiento de las metas no sería el resultado de una inacción del gobierno para enfrentar los problemas de las cuentas públicas, sino que puede atribuirse a la evolución desfavorable de variables que se encuentran fuera del control de las autoridades (bajos precios externos, tipos de cambio muy devaluados, sucesivos incrementos en las tasas de interés externas).
Estos observadores argumentan, además, que el cambio de las metas del tercer trimestre por las del cuarto ciertamente podría facilitar el cumplimiento durante el período julio-septiembre, pero nada asegura que puedan honrarse los compromisos durante el tramo final del año, que en este caso serían más severos.
Esto podría tener, en el plano de la confianza externa, un impacto aún más grave que el que involucra negociar nuevamente con el FMI metas fiscales más realistas. Claro que esta alternativa exige, además, una modificación de la ley de solvencia fiscal.
Lluvia de recetas
En un cuadro de situación que evoca la proverbial imagen del perro que se muerde la cola, algunos analistas insisten en que la reactivación es la clave para que el problema de la recaudación deje de representar una restricción que deteriora los niveles de confianza. Pero, al mismo tiempo, están los que sostienen que, sin solucionar previamente la cuestión de la solvencia de las cuentas públicas, difícilmente la economía salga con rapidez de la actual etapa de recesión.
Este resulta, por cierto, un campo fértil para la proliferación de iniciativas económicas que apuntan a impulsar una rápida reactivación de la economía y que, en su mayoría, pasan por una reducción de la presión tributaria sobre algunas actividades (como la industria tabacalera y las terminales automotrices); o por los estímulos al consumo de los segmentos sociales de menores ingresos (a través del subsidio al desempleo, el fortalecimiento de la recaudación previsional y una mayor asignación mensual por hijo, como propone la Central de Trabajadores Argentinos, CTA) o, más genéricamente, la rebaja de impuestos para promover su pago y el nivel de actividad.
Más allá de que, desde la óptica del equipo económico, estas propuestas no resultan convenientes en un contexto de serias dificultades para sostener un ritmo importante de aumento en la recaudación y lenta reactivación de la economía, no es menos cierto que, en su constante afán por alcanzar nuevos y mayores niveles de consenso con la oposición, el presidente De la Rúa ha dado reiteradas muestras de que vería con buenos ojos que esas iniciativas sean debatidas con los integrantes del Palacio de Hacienda.
Los márgenes del consenso
Sin embargo, algunos analistas políticos estrechamente vinculados con la Alianza advierten que esa permanente búsqueda de consenso que despliega el Presidente podría no ser una buena alternativa para resolver la compleja situación económica del país. Argumentan que no resulta claro que exista, efectivamente, espacio político para propuestas alternativas. Lo que abunda, dicen, es el espacio para su difusión.
Se trata, por cierto, de una distinción importante. Porque, si existe viabilidad política para impulsar esas propuestas, entonces sería conveniente que las autoridades se pusieran a la cabeza de tales proyectos. El dilema fundamental sería, entonces, que, si esa viabilidad política choca frontalmente con la viabilidad económica, el gobierno se encontraría, irremediablemente, en un callejón sin salida.
El aspecto más complejo de la actual situación es que el gobierno
tampoco dispone de suficiente margen como para acusar a la oposición
de lanzar propuestas irresponsables. Para permitirse ese gesto, tendría
que poder exhibir pruebas contundentes de que, por el camino de la responsabilidad
que ha elegido transitar, la situación económica y social del
país está mejorando.
 |
 |