El proceso de reestructuración financiera en las provincias más endeudadas, la aplicación de políticas restrictivas del gasto público, que incluyen despidos y rebajas salariales, conducen a una profundización de los conflictos sociales, con algunos focos críticos.
Transformar esa realidad en un círculo virtuoso dependerá de varios factores, muchos de los cuales escapan al control de la conducción económica. “El contexto internacional es un aspecto importante, pero es algo que nos viene dado. Hay que hacer las reformas internas que garanticen un marco sostenible de competitividad para que la Argentina aumente su tasa potencial de crecimiento”, sostiene Nadín Argañaraz, de la Fundación Mediterránea.
El carácter transitorio del acuerdo fiscal con las provincias, que les garantiza mensualmente una suma fija, obliga a la actual conducción económica a avanzar en las negociaciones con los gobernadores para alcanzar un marco más estable, en el cual dirimir los asuntos fiscales entre la Nación y las provincias.
“La Argentina requiere de una revisión profunda del sistema tributario en todos sus niveles y, consecuentemente, de su esquema de coparticipación federal. Como la reforma tributaria puede afectar considerablemente la fuente de financiación propia de cada nivel de gobierno, ésta debería ser una prioridad fundamental en la agenda de las autoridades nacionales”, afirma Argañaraz.
El objetivo del gobierno es avanzar en el debate sobre la futura ley de coparticipación y cumplir con el acuerdo con el FMI, según el cual la ley debería estar lista el año próximo. El proceso es complejo, porque se trata de una ley convenio, que debe contar con el visto bueno de los gobernadores pero también con la aprobación las legislaturas provinciales. Además, involucra negociaciones paralelas en aspectos tales como los sistemas tributarios provinciales y el financiamiento de las obras sociales, entre otros.
Austeridad y consenso
Otro eje de negociación será el de la reducción de gastos de la administración pública en todos los niveles, para lo cual se prevé realizar acciones conjuntas, que complementen el compromiso del Programa de Reestructuración Financiera implementado en nueve provincias.
En este sentido, la idea es avanzar sobre algunos criterios de austeridad, en especial, sobre algunos aspectos que los funcionarios consideran gastos excesivos, como algunos sueldos de los funcionarios de jerarquía intermedia y alta o las dietas de las legislaturas provinciales y municipales.
Según Raúl Hermida, del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba, “hay que establecer un acuerdo entre las administraciones públicas provinciales, municipales y el gobierno nacional para alcanzar objetivos compartidos, tales como el equilibrio fiscal. Es preciso buscar en conjunto estándares de calidad en la educación y la salud, y reducir la burocracia estatal en todos los niveles. Una de las prioridades debería ser crear redes de colaboración y alcanzar un buen nivel de competitividad sistémica que involucre a todos los sectores, más allá de la geografía”.
Un destino no tan común
Desde el punto de vista productivo, la evolución de las economías regionales dependerá, en parte, del destino del país en materia de crecimiento. Sin embargo, la situación es heterogénea y marcada por una profunda incertidumbre.
El panorama de la economía pampeana aparece como el más prometedor en términos de su evolución futura, en cuanto concentra el mercado más amplio, las industrias más importantes y goza de las ventajas de una mayor conexión con el mercado internacional y condiciones naturales favorables por el tipo de inserción internacional que la Argentina ha tendido a generar en los últimos años.
Tal profundización de las pautas estructurales de crecimiento encuentra a la región con algunas actividades de gran potencial productivo, como algunos productos primarios por ejemplo, la soja y sus derivados o la cuenca lechera del sur de Santa Fe que, a pesar del actual período de crisis, cuenta con enormes ventajas para una recuperación sólida a mediano plazo.
Sin embargo, no parece tan claro el futuro de una región en la cual las actividades más intensivas en conocimiento tecnológico (a excepción de algunas empresas de servicios) o en mano de obra han ido perdiendo peso en su estructura productiva, con una creciente desigualdad en la distribución del ingreso y limitada capacidad para generar empleo.
Otros productos regionales evolucionarán al ritmo del mercado mundial. Es el caso de la mayoría de los commodities industriales y gran parte de la producción primaria del país (incluida la energía). De esta forma, la recomposición de los precios internacionales de varios de los productos que exporta la Argentina condicionará la evolución de buena parte de las economías regionales, algunas de ellas extremadamente dependientes de un solo tipo de cultivo o actividad industrial.
La situación del Mercosur determinará, en buena medida, el devenir de otras producciones regionales. En el caso de la industria automotriz, el acuerdo con Brasil está en vías de concretarse. Pero otros productos podrían verse afectados y, con ellos, sus economías regionales, como el caso del azúcar en Tucumán y la cebolla en la región cuyana, entre otros.
Mirando al sur
La situación en la Patagonia es aun más compleja. Tradicionalmente, la región tendió a construir sus fortalezas competitivas sobre la riqueza de sus recursos naturales, como la minería, la forestación, la fruticultura, la pesca o el petróleo, además del turismo.
Sin embargo, tras la privatización de YPF, que conllevó una drástica reducción de personal, se desataron algunos conflictos sociales en los principales enclaves petroleros, como Cutral-Co o Plaza Huincul. A su vez, el impacto de la crisis brasileña, la caída de los precios internacionales de varios productos primarios y la recesión en el mercado interno, condicionaron las expectativas de la región.
“A pesar de que la región cuenta con ventajas comparativas y competitivas, no soy muy optimista. Las medidas macroeconómicas que se están tomando en la Argentina no generan un entorno favorable y la desventaja de localización no se compensa con rebajas impositivas de repercusión en costos, ni desde el gobierno nacional ni desde las administraciones locales”, afirma Anahí de Tappatá, de la Fundación Mediterránea de Comahue.
“No es tan crítica la cuestión para Santa Cruz y Chubut como para las demás. La región necesita una serie de medidas de facilitación y menores costos, que deben ser muy bien coordinadas y pensadas en conjunto. Pero, más allá de las declaraciones de intenciones, nada hace pensar que esto ocurra efectivamente, y menos aún en el corto plazo.”
Preocupación en el litoral
En las provincias del noreste argentino, las perspectivas no son alentadoras. En un contexto de extrema primarización de su producción, la evolución de los precios internacionales de esos productos y las futuras negociaciones en el espacio regional del Mercosur tendrán una alta incidencia.
“Existe una urgente necesidad de generar las condiciones para la atracción de inversiones en la región, que solamente recibió inversiones directas en áreas críticas, en campos para forestación, agricultura y ganadería, pero no en industrialización creciente de productos, a excepción de privatizaciones de empresas públicas en sectores productores de bienes y servicios”, explica Jorge Capitanich, de la consultora M-Unit.
La crisis financiera y fiscal de la región y el alto endeudamiento, condicionan las perspectivas en cuanto a la generación de un clima favorable para atraer inversiones productivas, necesarias para el crecimiento de esas provincias y, por lo tanto, para evitar situaciones de extrema tensión social.
“Un escenario con reformas de la ley de coparticipación federal, que promueva la asignación de recursos para la inversión pública que complemente las inversiones privadas, y estrategias del sector público destinadas a reducir costos sistémicos para atraer y promover inversiones privadas, en un contexto de recuperación de la demanda interna y crecimiento de la economía internacional, justifica un sesgo de esperanza”, opina Capitanich.
Al pie de la cordillera
“Con el mejoramiento de la economía brasileña, con las nuevas bases existentes en el sector de servicios y las actividades productivas, y si la dirigencia política, social y empresaria comprende la importancia de la educación y de la desregulación de actividades para impulsar la competitividad, Mendoza puede encontrar el camino para el desarrollo”, pronostica Juan Antonio Zapata, de la Fundación Mediterránea, Mendoza.
Walter Ceballos, secretario de Asistencia a las Provincias, plantea una visión más crítica acerca de la situación mendocina, y advierte que existen en su interior realidades muy distintas, como lo demuestran las diferencias de potencial productivo entre el sur y el norte. Sin embargo, no es menos optimista: “Mendoza es una provincia que tiene toda la potencialidad económica para reencontrar el curso de crecimiento, y va a necesitar la asistencia y el esfuerzo del sector privado, del gobierno provincial y de la Nación. Pero es proyectable en el buen sentido”.
En cambio, la situación de provincias como San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, a pesar de las perspectivas de un sector minero con gran potencial, no son tan claras. Su desarrollo está condicionado por la finalización de los beneficios de la promoción industrial y la suspensión de los créditos fiscales para las promociones agropecuarias.
Alta tensión
La situación de las provincias del noroeste argentino es la más preocupante, tanto en lo que tiene que ver con su desarrollo productivo como con la crítica situación social acumulada a lo largo de los años y agravada en la última década.
La ausencia de programas de reconversión productiva para actividades que se tornaban inviables a la luz del nuevo modelo competitivo, la falta de perspectivas para ciudades que sufrieron los efectos de las privatizaciones, la crisis azucarera en Tucumán y la vigencia de sistemas institucionales perversos alimentaron un foco creciente de tensión social.
“La evolución del panorama productivo de la región depende de una firme política de reconstrucción de la red de pequeñas y medianas actividades agroindustriales, de comercio y de servicios, basada en estrategias estatales de apoyo decidido a la reconstitución de ese segmento ampliamente mayoritario de la actividad económica”, sostiene Alejandro Rofman, investigador principal del Conicet, especialista en economías regionales.
“Políticas de concertación social, que descarten de plano mecanismos de clientelismo político y que se dediquen a apoyar la reconversión laboral, aporten el apoyo del Estado para la defensa de los precios de los productores más débiles que aún subsisten y respaldo crediticio y técnico para abrir fuentes de trabajo genuinas, constituyen la única opción posible”, advierte Rofman. “De lo contrario, la crisis social, la pobreza, la exclusión y el conflicto permanente predominarán cada vez más en el panorama regional.”
Señales de salida
Tras diez años de importantes transformaciones, la economía argentina, al menos en un sentido, sigue arrastrando viejos problemas estructurales, como un perfil productivo predominantemente primario y escasa penetración de sus productos en el mercado mundial.
En ese contexto, algunas economías regionales quedaron atrapadas entre los límites estructurales del nuevo modelo competitivo y sus propias carencias para emprender proyectos de desarrollo.
Es el caso de la mayoría de las provincias del noroeste, pero también de otras como Corrientes, Neuquén y Río Negro.
Según Ceballos, el cambio requiere la aplicación de nuevos instrumentos y una nueva visión general del gobierno. Un cambio que, a la luz del estrecho margen fiscal y el tibio paquete procompetitivo recientemente lanzado, aparece con extrema timidez.
“Durante mucho tiempo se dijo que hay que aplicar la visión económica del mercado y la teoría del derrame: cuando se llene la copa del capital, va a derramar el beneficio al resto, a los que están afuera o no tienen nivel de incidencia en el mercado”, señala Ceballos. “Pero la copa del capital es de plástico flexible: cuanto más la cargan, más se estira. Por eso es necesaria una participación más activa del Estado.”