Uno de los temas centrales de la agenda del nuevo gobierno (y así se reflejó en los discursos de campaña de los principales candidatos presidenciales) el alto nivel de la evasión y la regresividad de la estructura impositiva.
Aunque ambos objetivos tienen mucho en común (puesto que un aumento de la recaudación puede permitir una disminución de las alícuotas de los impuestos que gravan el consumo) responden a dos lógicas distintas y, por lo tanto, también diferirá la naturaleza de la respuesta.
Por un lado, existen presiones estructurales en la economía que tienden a presionar al aumento del gasto público y, por lo tanto, a la búsqueda de un financiamiento genuino. Se trata, concretamente, de los muy pobres niveles de inversión social heredados del anterior gobierno: educación, salud, seguridad, infraestructura, políticas de desarrollo, entre otros.
Por otra parte, en un cuadro de déficit fiscal y fuerte endeudamiento externo, se promulgó, a mediados del año pasado, la Ley de Responsabilidad Fiscal (la llamada convertibilidad fiscal), que limita el nivel del déficit del gobierno nacional. De esta forma, la inversión en estas áreas dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para reducir el nivel de evasión y dar respuesta a los sofisticados mecanismos de elusión.
Tareas elementales
Además, la reducción de la evasión (que según las estimaciones del propio gobierno ascendería a US$ 25.000 millones anuales, lo que representa 50% de lo que efectivamente se recauda) se vincula con otros aspectos que tienen que ver con la esencia de la dinámica de una economía. Por un lado, luego del drástico proceso de privatizaciones y desregulación, que estuvo acompañado de una retórica antiestatal, parece evidente la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión del Estado, para que, al menos, pueda cumplir con eficiencia sus tareas elementales, como la recaudación.
En este sentido, algunos de los principales obstáculos a superar son:
- el presupuesto de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(Afip) limita la inversión en áreas fundamentales, como tecnología,
capacitación o inteligencia fiscal; - a medida que aparecen nuevos controles, los mecanismos de evasión
y elusión se vuelven cada vez más sofisticados; - la Justicia sigue mostrando dificultades para responder de manera rápida
y eficaz; - la concentración y extranjerización de la economía
complican aún más la tarea del ente recaudador. Alrededor de
65% de la recaudación depende de 2.000 contribuyentes que son, justamente,
los que tienen mayor capacidad para eludir los controles; - la necesidad de respuestas inmediatas conspira, en parte, contra un proceso
de inversión y aprendizaje que tiene un tiempo de maduración.
Los principales especialistas coinciden en que la lucha contra la evasión
requiere de un proceso constante de inversión y mejora permanente.
Los requerimientos de un mayor nivel de recaudación impositiva están sometidos, a su vez, a una restricción imposible de resolver en el corto plazo: la escasa capacidad contributiva de muchos de los agentes de la economía y, en especial, de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. En un contexto de pérdida de competitividad de la economía argentina y retracción del mercado interno, el problema de la evasión queda, en parte, supeditado a la resolución de otros problemas más generales de la economía argentina.
Más por menos
En cuanto a la regresividad del sistema, el panorama actual refleja un tipo de estructura impositiva que recae sobre los impuestos que gravan el consumo (IVA, combustibles, entre otros) más que sobre las imposiciones directas a los ingresos o a la riqueza de los contribuyentes. Como ejemplo, vale la pena destacar que la recaudación del IVA duplica a la del impuesto a las ganancias.
El desafío es cómo avanzar hacia una estructura inversa, en la que los que más tienen sean los que más aporten. Sin embargo, este objetivo (que podría implementarse a través de la creación de un impuesto a las ganancias de la renta financiera, por ejemplo) puede chocar con otra lógica: la de los mercados financieros, con una enorme capacidad y velocidad para mudarse al lugar que ofrezca mejores condiciones de rentabilidad.
En esta área, la naturaleza del reclamo tiene un fuerte contenido social e impone al nuevo gobierno la difícil tarea de conciliar intereses que asoman contrapuestos.