En agosto de 1998 las encuestas de opinión indicaban que los cinco problemas que más preocupaban a los argentinos eran el desempleo, los bajos salarios, la corrupción en el gobierno y en el sector público, la inseguridad ciudadana y la falta de protección social a los sectores más afectados por la crisis económica.
En enero de este año, una investigación de la consultora Ibope exhibió los mismos cinco problemas al tope de las preocupaciones sociales, pero con cambios en el orden de importancia.
La desocupación sigue siendo el motivo de mayor inquietud, la inseguridad ha pasado a ocupar el segundo lugar, la falta de protección social trepa al tercero, el bajo nivel de los salarios se ubica ahora en el cuarto, y la corrupción del gobierno descendió del tercero al quinto puesto.
La demanda de mayor protección está, por lo tanto, en ascenso; el desempleo continúa siendo un fantasma que acecha a la mayoría de los argentinos; y el nivel de los salarios recibe menor atención; pero después del cambio de autoridades se ha logrado algún grado de satisfacción a la expectativa de una mayor transparencia en los actos de gobierno.
Esos cambios resultan consistentes, a su vez, con otros datos. Entre octubre de 1999 y enero de este año, el Monitor de Tendencias Económicas y Sociales de Ibope revela un marcado aumento de la relevancia que los ciudadanos le asignan a problemas tales como la corrupción en el sector privado, las deficiencias en los servicios públicos privatizados y la elevada presión fiscal.
Esto indica que las demandas de mayor transparencia se han trasladado también a la conducta de las empresas; que la sociedad considera necesario mejorar el grado de protección de los derechos de los consumidores; y que reclama un límite a la presión impositiva del Estado sobre los ingresos de la población.
El futuro en suspenso
En una investigación que acaba de realizar Hugo Haime y Asociados se perfila, por otra parte, un retroceso en los niveles de optimismo: en noviembre casi ocho de cada diez entrevistados se manifestaban “esperanzados”; en tanto que sólo cinco de cada diez se inscriben ahora en esa categoría.
Así y todo, la mitad confía en que la situación del país y la suya propia mejorarán en el próximo año. Sólo tres de cada diez se sienten fuertemente perjudicados por el reciente paquete impositivo (otro 36% señala que lo afectó, pero poco). Y, a la hora de hacer pronósticos sobre el futuro de la economía, apenas 26% responde que habrá crecimiento, mientras 46% piensa que solamente se mantendrá la estabilidad.
En busca del equilibrio
A pesar del poco tiempo transcurrido desde que las nuevas autoridades asumieron el gobierno, la perspectiva que brindan los hechos es que la oferta electoral de la Alianza en materia económica buscaba armonizar las demandas de los ciudadanos con la visión del camino que debía seguirse desde la óptica de los inversores locales y externos.
La forma de articular ambos reclamos pasaba, inevitablemente, por la promesa de que con el ajuste fiscal, la prima de riesgo país comenzaría a descender y, con ella, las tasas de interés locales; al mismo tiempo, aumentaría el flujo de capitales privados al país, se incrementaría el crédito, la producción y, finalmente, el empleo.
Por otra parte, con las medidas de promoción de la competitividad se comenzarían a solucionar los problemas de precios relativos que aquejan a la economía y se podrían abordar, de manera simultánea, los graves desequilibrios sociales acumulados a lo largo de los últimos años.
Pliego de condiciones
Sin embargo, para que existan probabilidades ciertas de que puedan alcanzarse esas metas es necesario que se cumplan varias condiciones:
- que los precios externos de los productos que exporta la Argentina crezcan
de manera significativa hasta alcanzar valores más cercanos a los que
estaban vigentes en 1996-97 (a mediados de febrero se encontraban entre 20%
y 30% por debajo); - que se detenga la tendencia a la apreciación del dólar frente
a las otras monedas fuertes; - que no continúe el aumento de las tasas de interés externas
(que afecta no sólo el flujo de capitales hacia el país, y el
costo del endeudamiento sino que, además, refuerza la tendencia hacia
una mayor revaluación del dólar); - que el ritmo de crecimiento económico de Estados Unidos y de Europa
no se resienta demasiado con los aumentos de las tasas de interés (Japón
ha vuelto a sumirse en la recesión, según los datos más
recientes); - que el mercado de valores estadounidense no registre un fuerte retroceso;
- que la economía brasileña no sea severamente afectada por
las tendencias negativas que han comenzado a insinuarse en la economía
mundial, hasta el punto de tener que devaluar nuevamente su moneda, debido
al desfase acumulado entre la inflación mayorista y minorista durante
1999; - que los flujos de capital privado hacia los países emergentes no
sólo sean mayores para América latina sino que, además,
aumente la proporción destinada a la Argentina, que ocupa un lejano
tercer lugar después de Brasil y México.
Tiempos y razones
Se trata, evidentemente, de una extensa nómina de requisitos cuyo cumplimiento no está en absoluto asegurado. Por el contrario, los indicios actuales señalan que se tratará de un proceso complejo y dilatado, y que no parece sensato, en ese contexto, recurrir a discursos triunfalistas.
Por otra parte, el cumplimiento de estas condiciones está, claramente, fuera del alcance de la voluntad política de las autoridades locales.
De modo que, más allá de la expresa intención del gobierno de cumplir con los lineamientos de su programa económico, puede ocurrir que los resultados esperados se demoren más de la cuenta y, en consecuencia, las promesas electorales aparezcan, cada vez más, como un horizonte lejano y difuso.
Surge, entonces, el interrogante acerca de cuál es el margen de tolerancia que la sociedad está dispuesta a otorgar a la administración De la Rúa. No se trata, en este caso, de la demanda de los sectores empresarios (que, en todo caso, está siendo atendida a través de la puesta en marcha del programa económico), sino de las del resto de la sociedad civil.
El debate de fondo
Las autoridades podrían recurrir, en una situación de este tipo, a acentuar los esfuerzos para aumentar la seguridad ciudadana, combatir la corrupción en el sector público y privado, dar ejemplos inequívocos de austeridad en la gestión pública, y mejorar la defensa de los consumidores y usuarios; por citar algunas de las demandas sociales de carácter no estrictamente económico.
Sin embargo, para que esto resulte eficaz y no aparezca como una reacción oportunista frente a problemas de pérdida de legitimidad, parece necesario instalar una discusión pública acerca de cuáles son las razones más profundas que llevan a que las promesas de la coalición gobernante encuentren tantas dificultades para su cumplimiento.
La renuencia a ingresar en este debate de fondo abre la puerta a recurrentes especulaciones en torno a la dolarización, presentada por sus promotores como la panacea que curaría todos los males de la economía, aunque todo indica que se trataría de un atajo que, en el mejor de los casos, podría resolver el problema de la incertidumbre sobre el tipo de cambio. Pero que no daría solución a los graves problemas de competitividad que enfrenta la economía, ni tampoco a los vinculados con la vulnerabilidad externa, ni a los relacionados con los riesgos de insolvencia del Estado. Mucho menos aún a los profundos desequilibrios sociales que se acumularon en la última década.