Frente a la proximidad de las elecciones, el gobierno apeló
a un recurso conocido: los anuncios que apuntan a atender antiguos
reclamos de amplios núcleos de la población y que, en
todos los casos, involucran la utilización de importantes
fondos públicos. Lo singular es que esos anuncios se
produjeron simultáneamente a la remisión al Congreso
del proyecto de ley de Presupuesto para 1998. De manera que uno de
los primeros interrogantes consistió en saber si en él
estaban previstas las partidas presupuestarias que habrían de
financiar semejantes medidas.
En realidad, casi nadie se sorprendió de que los anuncios
gubernamentales no estuvieran contemplados en el proyecto de
presupuesto y que las fuentes de su financiamiento fueran, por lo
tanto, desconocidas. Tanto respecto de los prometidos aumentos para
los salarios de los docentes y los haberes mínimos de los
jubilados y pensionados como del programa para fomentar el empleo de
jefes de familia desocupados mayores de 45 años, no parece
haber otra alternativa que desvestir a un santo para vestir a otro,
con el riesgo de que los santos desvestidos generen los costos
electorales que dejarían de causar aquellos otros que resulten
vestidos.
Si las mayores erogaciones para financiar esas medidas no estaban
previstas en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso; si, en
consecuencia, tampoco estaban previstos los recursos, y si el
financiamiento de éstos a través de una
reasignación de créditos presupuestarios provenientes
de la misma función o finalidad podría tropezar con
inconvenientes de tipo político, cabe preguntar cómo
serán cumplidas esas promesas. Pueden inferirse tres
vías posibles: un recorte general de gastos que permita cubrir
esa mayor demanda de fondos (alrededor de $ 1.500 millones), un
aumento de la presión tributaria o un incremento del
endeudamiento público.
Hipótesis de conflicto
Respecto de la primera alternativa, debe tenerse en cuenta que los
gastos por remuneraciones, pago de intereses de la deuda,
prestaciones de la seguridad social y transferencias corrientes
-excluidas las que reciben las provincias por coparticipación
de impuestos- suman, según el proyecto de Presupuesto para
1998, casi $ 42.000 millones. Ese monto representa 95% de los
ingresos totales del sector público no financiero. En otras
palabras, el margen para el recorte de gastos es muy estrecho.
En cuanto a la segunda, la actual presión impositiva
-equivalente a 19% del PBI, igual a la que se proyecta para 1998-
está entre las más bajas desde 1992 (ese año fue
de 19,8%, en 1993 de 20,3% y en 1994 de 20%; cada punto porcentual
representa más de $ 3.000 millones). El nivel actual es
semejante al de 1995, cuando la economía retrocedió
debido al efecto tequila, lo que significa, con independencia de las
derivaciones políticas de una decisión de esa
naturaleza, que habría algún margen para elevar la
presión tributaria.
Sin embargo, cuando se atiende a los cálculos de recursos
del proyecto de Presupuesto, esa afirmación debe ser
relativizada. De presupuesto a presupuesto -sin contemplar los
recursos que efectivamente se recaudarán este año-, los
ingresos totales de la DGI y de la Aduana deberían aumentar el
año próximo 9,7% y los de la seguridad social, 4,3%.
Sin embargo, si la comparación considera al proyecto de
Presupuesto ´98 con las previsiones de la mayoría de los
analistas acerca de la recaudación real de este año, la
percepción fiscal debería aumentar 12,3% y la
previsional, 12%.
Respecto de la tercera alternativa, es cierto que, como dice Roque
Fernández, la Argentina “nunca va a conseguir un
préstamo internacional para aumentar salarios”, pero
también lo es que se puede colocar deuda para financiar los
desequilibrios públicos y las amortizaciones de capital, como
el gobierno ha venido haciendo desde el segundo semestre de 1994,
cuando comenzó a incurrir en déficit fiscales
permanentes.
En todo caso, se trataría de colocar durante el año
próximo $ 1.500 millones adicionales a lo ya previsto. Y de
recolocarlos durante los años siguientes, hasta que el sector
público vuelva a alcanzar un superávit que permita
absorberlos. Obviamente, ese camino no sería gratuito: no
sólo introduciría interferencias en la cada vez
más complicada negociación con el FMI, sino que,
además, constituiría una señal negativa para los
mercados financieros internacionales, dado el ya abultado nivel de la
deuda externa pública, estimada en casi US$ 100.000 millones
para fin de este año, y por los crecientes desequilibrios en
la cuenta corriente del balance de pagos.
Cuentas al rojo vivo
Para 1997 las estimaciones oficiales arrojarían un
déficit corriente de $ 13.400, aumento de las reservas por $
2.000 millones, inversión directa por un monto similar al de
1996 y, por ende, un flujo adicional de fondos de $ 11.100 millones.
La perspectiva no mejoraría durante 1998, ya que el
déficit de cuenta corriente alcanzaría a $ 15.200
millones y la demanda de fondos adicionales llegaría a $
12.600 millones, dado un aumento esperado en las reservas por $ 2.300
millones e inversiones directas por $ 5.000 millones. En suma,
parecería que no existe un margen demasiado amplio para seguir
incurriendo indefinidamente en crecientes déficit externos y,
a la vez, financiarlos a través de un aumento del
endeudamiento público. Esta preocupación, como la
correspondiente a los mayores gastos públicos y su
financiamiento, parece constituir el telón de fondo de la
decisión del FMI de postergar hasta fin de año la firma
de un nuevo acuerdo con la Argentina.