La ausencia de inversiones, la inexistencia de una
legislación ambiental moderna que se adecuara a los
estándares internacionales y una actividad industrial volcada
casi exclusivamente a satisfacer la demanda del mercado interno
alejaron durante décadas a los empresarios argentinos de un
debate que ganaba terreno en el mundo desarrollado: cómo
lograr satisfacer las necesidades de crecimiento económico
atendiendo, al mismo tiempo, a la preservación del medio
ambiente.
La apertura de la economía modificó las reglas del
juego. Y una de sus consecuencias directas -el desembarco de
compañías multinacionales que traían consigo una
clara política ambiental- obliga a los empresarios locales a
comprender que adecuar sus procesos productivos a las estrategias
ecológicas es la clave para lograr que sus productos
estén en condiciones de acceder a nuevos mercados.
“En materia ambiental reaccionamos tardíamente. El
management argentino se encuentra todavía en un período
introductorio, que se inició en 1994. Recién ahora
está tomando conocimiento del tema e ingresando de manera muy
lenta en un proceso de cumplimiento ambiental. Y aquí cabe
hacer una distinción entre aquellas compañías
que quieren tomar voluntariamente el compromiso de desarrollar una
gestión ambiental y las que lo hacen obligadas por la
normativa vigente”, señala Witold Kopytynski, director de SIM,
una consultora especializada en brindar servicios integrales de
gestión ambiental a la industria.
Son varias las señales que dan cuenta de la creciente
preocupación por el tema. Una de ellas es la
conformación, hace más de cinco años, del
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, en el que
participan alrededor de 30 compañías líderes que
adhieren a la defensa del medio ambiente. Otro síntoma es el
incremento de la demanda de asesoramiento legal en materia ambiental
por parte de las empresas, que en el último lustro
creció diez veces.
“Las empresas extranjeras están obligadas a actuar en
función de una política ambiental corporativa que las
obliga a cumplir no sólo con la legislación nacional,
sino con la que rige en sus países de origen. Y en el caso de
las nacionales, descubrieron que debían actuar
rápidamente para no quedar fuera del mercado”, opina la
abogada ambientalista Ana Vidal de Lamas, socia del estudio Lamas,
Taboada y Asociados.
Pero el desencadenante final de la toma de conciencia llegó
de la mano de la reglamentación de una ley. A mediados del
año pasado, la provincia de Buenos Aires puso en vigencia, a
través del decreto 1741, la ley N° 11.459 de
Radicación Industrial, que establece la obligatoriedad para
todas las empresas asentadas en territorio provincial de presentar
ante la Secretaría de Política Ambiental una
evaluación del impacto sobre el ambiente provocadas por su
radicación y sus actividades productivas. La
presentación de ese estudio es el prerrequisito para la
obtención de un certificado de aptitud ambiental.
De acuerdo con la actividad industrial y la cantidad de efectos
ambientales que produzca la empresa, los costos del estudio pueden
sumar entre US$ 25.000 y US$ 200.000. “El hecho de que todas hayan
tenido que hacer esa evaluación ha abierto los ojos de los
empresarios. Antes muchos decían: ´Con el tema ambiental
hagamos lo necesario para cumplir´. Ahora, algunos ya se preguntan
qué acciones desarrollar, más allá de la ley,
para que su empresa sea amigable con el medio ambiente, o esté
en condiciones de exportar agitando como bandera el tema ambiental”,
sostiene Lamas.
Para Kopytynski, “las empresas deben advertir que un estudio de
impacto ambiental bien hecho no sólo les permite obtener el
certificado de control ambiental o la habilitación para la
radicación de una nueva planta. También es la
línea de base que las habilita para comenzar a prepararse para
gestionar una certificación ISO 14.000”.
El poder del control
La máxima autoridad de aplicación de la
legislación ambiental vigente a nivel nacional
-específicamente, la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, a la
que ya adhirieron varias provincias- es la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, piloteada por
María Julia Alsogaray. Entre las consultoras ambientales se
asegura que actualmente el organismo enfrenta dos problemas: la
inexistencia de una norma que otorgue fuerza de ley al
artículo 41 de la Constitución Nacional reformada -que
debe establecer los presupuestos mínimos, el conjunto de
normas y estándares básicos que sirvan de marco
institucional jurídico al tema ambiental en todo el
país- restringe su capacidad de acción. Otro eje
conflictivo -la disputa jurisdiccional que libra con la autoridad
ambiental de la provincia por el cobro de las tasas de
inspección de residuos en el Gran Buenos Aires- le genera
roces con su par bonaerense.
En el territorio provincial, la autoridad de aplicación
de la Ley 11.459, la 11.720, de Residuos Especiales -análoga a
la que rige en el ámbito nacional-, y la 11.723, conocida
como Ley Marco Ambiental -estas dos últimas aún no
reglamentadas- es la Secretaría de Política Ambiental.
La responsabilidad que le cabe al organismo platense no es menor. Si
se tiene en cuenta que cerca de 80% del aparato industrial argentino
está asentado en territorio bonaerense, todo lo que haga la
Secretaría para vigilar el cumplimiento de la normativa puede
sentar un precedente importante en materia de control ambiental para
el resto del país.
El subsecretario Mario Fittipaldi se muestra crítico frente
al papel jugado hasta ahora por el sector público: “Creo que
no existió una respuesta firme para controlar el cumplimiento
de la legislación en vigencia. Faltan conciencia y dinero,
porque las partidas se desprenden de una fuerte convicción
política. El gobierno de la provincia ha reconocido que hay
que darle importancia al tema. Ahora, desde la Secretaría
estamos peleando para lograr que en el Plan Trienal se le adjudique
una porción mayor de presupuesto al área de Medio
Ambiente”.
Para ejercer control sobre las miles de industrias radicadas en
territorio bonaerense, la Secretaría cuenta con un presupuesto
anual de $ 3 millones y una dotación de 70 inspectores.
Recursos insuficientes, considerando las obligaciones que le impone
la ley de radicación industrial: distribuir en
categorías a todas las empresas bonaerenses -según sus
niveles de complejidad ambiental, capacidad y potencia instaladas,
localización, cantidad de empleados y rubro al que
pertenezcan-, recibir los informes de impacto ambiental y realizar
auditorías bianuales en las empresas encuadradas en la tercera
categoría -petroleras, petroquímicas, papeleras,
curtiembres, frigoríficos-, que son las que tienen un gran
compromiso ambiental.
“En junio del ´96 se abrió el registro y comenzamos a
recibir los informes. En estos momentos ya contamos con 15.000
empresas categorizadas, y estimamos que faltan otras 15.000 para
completar el mapa. Pero nos encontramos con un cuello de botella,
porque el personal técnico del que disponíamos no
alcanzaba”, reconoce Fittipaldi.
El inconveniente fue salvado mediante un convenio que la
Secretaría cerró con el Colegio de Ingenieros de la
provincia, por el cual la entidad profesional se está haciendo
cargo de asignar una categoría a cada empresa.
La demanda verde
Junto a la obligación de cumplir con regulaciones cada
vez más estrictas, las empresas deben responder a la demanda
creciente de los consumidores y del mercado financiero internacional.
“La comunidad está ejerciendo una presión muy grande
sobre las compañías, controlando su comportamiento en
relación con el medio ambiente. Una muestra son los reclamos y
denuncias que se canalizan a través de municipios y
organizaciones no gubernamentales”, apunta Ana María Barreiro,
gerenta de la oficina local de Dames & Moore, una de las
consultoras ambientales líderes en el mundo, que acaba de
desembarcar en la Argentina.
“El municipio tiene que ser un protagonista excluyente en el
control de la calidad ambiental, ya que es el perjudicado directo en
el caso de un incidente ecológico. Y ante una denuncia, las
autoridades municipales se ven obligadas a actuar, porque es la
propia comunidad la que comprueba si la denuncia prospera o no se
hace nada. Cuando el gobierno municipal no cumple ejerciendo
eficientemente el poder de policía, tiene a un pueblo
atrás que le demanda soluciones concretas”, afirma
Andrés Joseph, presidente de la Asociación Los
Algarrobos, una organización ambientalista no gubernamental
que colabora con municipios en la aplicación, financiamiento y
supervisión de proyectos forestales y de agricultura
sustentable.
Durante 1996, la Secretaría de Política Ambiental
bonaerense recibió 249 denuncias ambientales. Entre marzo del
´96 y febrero de este año, y como consecuencia de esas
denuncias, el organismo llevó a cabo doce clausuras. Dos de
ellas determinaron el cierre definitivo de las plantas denunciadas.
Barreiro considera que el control del comportamiento de las
empresas “pasa por una convergencia de tres fuerzas: las de los
organismos del Estado, pero también las del mercado y las de
la comunidad. Las empresas saben que sus clientes comienzan a
preocuparse por el tema ambiental y que los grandes organismos
internacionales de financiación son muy cuidadosos al momento
de otorgar los créditos. Las compañías que
cotizan sus acciones en las Bolsas internacionales ven que los
aspectos ambientales están siendo muy evaluados por los
inversores al momento de adquirir papeles. Actualmente, el pasivo
ambiental es un pasivo similar al contable”.
La demanda ambiental también tiñe el proceso de
fusiones y adquisiciones. “Las compañías
multinacionales que desean adquirir empresas ya no solamente analizan
el mercado al cual están apuntando, o los costos internos.
También evalúan los riesgos ambientales anteriores, en
el caso de una compañía instalada, o los problemas
ambientales que puede llegar a generar la operación de una
nueva planta”, asegura Barreiro.
Certificaciones para el mercado global
Una de las respuestas ensayadas por las empresas para reconvertir
ese pasivo y transformarlo en un activo ambiental que suponga la
apertura de nuevos mercados es la obtención de una
certificación de la familia ISO 14.000. A diferencia de las
ISO 9.000, que dan cuenta de la calidad de un proceso, un servicio o
un producto, en el caso de las ISO 14.000 lo que se evalúa es
la calidad de los sistemas de gestión ambiental y el
cumplimiento, por parte de la empresa certificada, de la
legislación vigente.
Hasta fines de enero, la habían obtenido cinco empresas
argentinas: Arcor, Petroken, Petroquímica Cuyo, Shell y
Saneamiento y Urbanización. “Para nosotros, certificar ISO
14.000 significó poder aprovechar la experiencia ganada en el
desarrollo y la aplicación de un sistema de gestión de
calidad. Decidimos aplicar las mismas herramientas para implementar
un sistema de gestión ambiental, porque consideramos que de
esa forma asumíamos una posición de liderazgo y nos
ubicábamos a la vanguardia del mercado argentino”, explica
Carlos Lavalle, gerente de Calidad y Medio Ambiente de
Petroquímica Cuyo.
La importancia de una ISO 14.000 está íntimamente
ligada, según Kopytynski, a la existencia de una
legislación ambiental adecuada y a la eficiencia que muestren
las autoridades de aplicación. “La obtención de una ISO
14.000 exige que una empresa cumpla con la legislación
ambiental vigente en cada país. Si esa legislación es
mala, inadecuada o incompleta, o si no existen autoridades de
aplicación capaces de hacer efectivo el cumplimiento de las
leyes, el significado de una certificación es más que
relativo. El imperio de esas condiciones degradaría la
obtención de una certificación y la calidad ambiental o
ecológica con que la industria nacional intente ubicarse en el
mercado mundial.”
En opinión de Lamas, la demanda de cumplimiento de las
normas ambientales debe corresponderse con un marco de seguridad
jurídica que establezca reglas claras en materia de
legislación y jurisdicción entre los municipios, las
provincias y la Nación. “La primera condición para
cumplir las leyes es conocer que existen. Y para eso es necesario
elaborar un digesto ambiental que recopile la legislación
vigente, pero también eliminar la superposición de
jurisdicciones entre la Nación y los gobiernos provinciales y
derogar las leyes que están en desuso. Sólo así
las empresas podrán saber dónde están paradas en
materia ambiental.”
El dilema del financiamiento
La adquisición de tecnologías limpias y la
reconversión necesaria para adecuar los procesos productivos a
los requerimientos ambientales demanda inversiones importantes.
Según estimaciones de la Secretaría de Política
Ambiental, la inversión privada en el sector ambiental en
territorio bonaerense ascendió durante 1996 a US$ 1.500
millones.
Para las Pymes, el financiamiento de la reconversión
suele ser un verdadero dilema. Hasta ahora, sólo dos bancos
oficiales -el Provincia y el Bice- ofrecen líneas de
créditos destinados a las pequeñas y medianas empresas
que deciden incursionar en mejoras ambientales. Pero los industriales
se quejan: consideran que una tasa anual de 12% es todavía
demasiado elevada para sus posibilidades.
En los sectores de refrigeración doméstica y
comercial y de espumas rígidas y flexibles, el financiamiento
tomó la forma de donaciones. “El fondo Protocolo de Montreal
aprobó en 1994 el programa PAIS, que tiene por objetivo
financiar la reconversión tecnológica de las empresas
que utilizan en su producción gases CFC, que agotan la capa de
ozono”, explica María Lucía Gómez, coordinadora
de proyectos del Programa Ozono del Inti, el referente
tecnológico del programa PAIS en la Argentina.
Veintiocho empresas medianas y pequeñas ya han recibido
donaciones de nuevas tecnologías por US$ 29 millones. Para
este año, otras doce esperan la aprobación de sus
proyectos.
Mario Benechi