Las automotrices surcoreanas serán fuertes competidores en
el mercado de componentes electrónicos para vehículos
en los próximos años, asegura el informe titulado
“The Electronics Revolution in the Motor Industry”,
producido por The Economist Intelligence Unit (EIU). El estudio
señala, además, que la incorporación de piezas
electrónicas a los automóviles registrará un
fuerte incremento: aumentará de los actuales US$ 920 por
vehículo a más de US$ 1.700 en diez años, y en
Norteamérica y Japón ese valor excederá los US$
2.000. Una buena parte de las ganancias que produzca este mercado en
constante crecimiento será absorbida por los proveedores ya
establecidos, como Bosch de Alemania, Valeo de Francia y Rockwell de
Estados Unidos. Pero los fabricantes de vehículos que tengan
sus propia línea de producción de piezas
electrónicas gozarán de una ventaja adicional.
Los principales fabricantes surcoreanos, como Hyundai y Daewoo, que
son a su vez miembros de grandes conglomerados con muchos intereses
en la industria electrónica, estarán en una muy buena
posición para explotar el auge de este segmento. Ambas
compañías planean, además, unirse a su
compatriota Samsung, el gigante de la electrónica que
comenzará a producir sus propios automóviles en
1997.
El informe de EIU pronostica que el valor total del mercado mundial
de componentes electrónicos para vehículos, hoy valuado
en US$ 36.900 millones, alcanzará los US$ 83.800 millones en
el año 2000. Algunos de los mayores fabricantes occidentales,
como Ford y General Motors, y los japoneses que ya cuentan con sus
propias compañías productoras de componentes
electrónicos enfrentarán mejor pertrechados la
competencia surcoreana. La industria europea, en cambio, no
estará en tan buena posición, aunque algunos de sus
grandes fabricantes ya comienzan a prepararse. Mercedes-Benz se
asoció con IBM para desarrollar una gama de componentes
electrónicos. Ford y Volkswagen ya ofrecen un sistema
satelital de guía de rutas desarrollado por Bosch y Philips.
Biotecnología en el banquillo
Muchos expertos en alimentación auguran que la
genética aplicada a la agricultura contribuirá
notablemente a solucionar el problema del hambre mundial.
Técnicas desarrolladas en Estados Unidos e Israel
permitirían duplicar la producción de cultivos. Un
estudio del Food Studies Group de la Universidad de Oxford sostiene
que los gobiernos y las organizaciones internacionales deben
respaldar la iniciativa privada en proyectos de ingeniería
genética para agricultura y asegurar así que el mundo
en desarrollo tenga acceso a la nueva tecnología.
Sin embargo, el uso de la biotecnología ha creado una fuerte
oposición. Hay crecientes dudas acerca de sus efectos sobre la
salud humana y el medio ambiente. Grupos ecologistas radicales como
Greenpeace ya piden la prohibición total de experimentos de
campo con ingeniería genética. La misma Unión
Europea podría bloquear las importaciones de los cereales
alterados genéticamente, lo que representaría un
desastre para el sector agropecuario estadounidense y las
compañías dedicadas a desarrollar biotecnología
para usos agrícolas.
Durante la reciente Cumbre de la Alimentación, en Roma, el uso
de la biotecnología para crear nuevas variedades más
productivas fue uno de los temas más controvertidos. Los
países pobres, que han aportado 250.000 del total de 270.000
especies vegetales clasificadas como de utilidad alimentaria,
pretenden regular las relaciones con los países
industrializados para evitar la explotación de sus reservas
fitogenéticas. Según la FAO ya se ha perdido 85% de la
diversidad genética de los cultivos agrícolas
importantes. A cambio de compartir sus tesoros vegetales y animales,
los países en desarrollo quieren recibir la tecnología
avanzada en ingeniería genética. La exigencia de los
países en vías de desarrollo se acentuó tras
conocerse un estudio de la FAO que mostraba el aumento de los
registros de patentes de las variedades modificadas
genéticamente para su posterior comercialización, lo
que indica la intención de las grandes multinacionales de
crear un nuevo mercado al que estos países pobres
tendrán dificultades para acceder.