A fines del año pasado, las opiniones de los especialistas se
dividían a la hora de hacer recomendaciones sobre la espinosa
cuestión de cómo superar la etapa recesiva de la economía.
Estaban, por un lado, quienes sostenían enfáticamente la
necesidad de un fuerte recorte en el gasto público. Esta
decisión, auguraban, constituiría el puntapié inicial de un
proceso de restauración de la confianza de los inversionistas en
la continuidad de la política económica vigente desde 1991. De
ese modo, se restablecerían los flujos voluntarios privados de
capital y, con ello, se reiniciaría un ciclo de rápida
remonetización y crecimiento del crédito que luego habría de
reflejarse en un aumento de las ventas, la producción, el empleo
y la recaudación fiscal. Esto último, a su vez, contribuiría a
fortalecer las debilitadas cuentas públicas.
Estaban también quienes sostenían que transitar por ese camino
sólo conduciría a la prolongación y profundización de las
tendencias recesivas, porque un ajuste fiscal (menos gastos y
más impuestos) conlleva una reducción inicial del nivel de la
demanda agregada. Aunque planteaban un diagnóstico de
insuficiencia de la demanda reconocían que la situación de
penuria fiscal no brindaba márgenes mayores para una política
de expansión del gasto público. Sugerían, de manera
implícita, que mientras el mercado internacional de capitales
proporcionara los recursos financieros necesarios, no debería
ponerse en práctica una política de restricción fiscal. Por
último, estaban quienes se ubicaban entre ambas posiciones:
sostenían que se debían hacer anuncios de ajuste fiscal y, al
mismo tiempo, financiar -mientras fuera posible- el desequilibrio
con la colocación de deuda voluntaria. De esa forma, mientras se
trabajaba sobre las expectativas de los agentes económicos se
sostenía, a través del financiamiento del déficit, un
determinado nivel de demanda agregada. A medida que va
transcurriendo el año resulta cada vez más evidente que la
conducción económica se decidió por esta última opción:
sostener un piso en el nivel de actividad económica con el
objeto de que se convierta en la plataforma de un posterior
proceso de reactivación. En los hechos, y más allá de las
leyes y decretos sacionados y de los constantes anuncios de
medidas, el equipo económico desechó, en lo inmediato, la
aplicación de un nuevo ajuste fiscal.
Cuando se cierren con un nuevo déficit -como todo parece
indicarlo- las cuentas fiscales correspondientes al segundo
trimestre del año, se habrán cumplido dos años seguidos de
quebranto en las finanzas públicas. Durante este período la
conducción económica aplicó en algunos casos -y se limitó a
anunciar en la mayoría de los restantes- medidas de restricción
de los gastos y de aumento de los recuros. Los resultados no
fueron particularmente exitosos. Aunque los gastos totales se
contuvieron (e incluso se redujeron con respecto al primer
trimestre de 1995), la mayor caída de los ingresos determinó un
déficit cada vez más abultado, que se financió con un
creciente endeudamiento neto interno y externo.
Con otros ojos
Esta situación de permanente déficit fiscal no derivó, como
era habitual en la década de los ´80, en una generalización y
profundización de la inestabilidad macroeconómica. Claro está
que las condiciones son radicalmente distintas: no sólo la
magnitud relativa del quebranto fiscal es menor, sino que,
además, ahora se cuenta con una actitud más favorable por parte
de los agentes económicos locales y externos y de los organismos
internacionales. Lo cierto es que el déficit del Tesoro Nacional
llegó en abril a casi $ 600 millones y que, para mayo, la
estimación supera los 700 millones, debido a que se concentraron
en el mes importantes pagos por intereses de la deuda. Sin
embargo, nadie se rasgó las vestiduras frente al tamaño del
desequilibrio. Más aún, el gobierno no sólo siguió colocando
deuda voluntaria en los mercados locales e internacionales, sino
que, además, anunció que seguirá con la política de nuevas
emisiones de bonos y ampliaciones de las colocaciones ya
realizadas. Tampoco se conmocionaron los mercados ni los
organismos multilaterales de crédito (que habitualmente
monitorean el estado de las cuentas públicas) con el
reconocimiento, por parte del secretario de Hacienda, de que en
marzo se habrían dibujado recursos por $ 120 millones a través
de un adelanto realizado por el Banco de la Nación en concepto
de 10 meses de pagos habituales correspondientes al IVA. La tasa
de riesgo-país, por otra parte, se encuentra en franco descenso,
hasta haber alcanzado uno de sus niveles más bajos de los
últimos tiempos. Esto conduce a un interrogante fundamental:
¿siguen ingresando capitales externos a la economía argentina?
La respuesta que proporciona el balance de pagos es que, por lo
menos al término del primer trimestre, el monto ha sido
claramente insuficiente como para impulsar un proceso de
remonetización y de expansión del crédito. Según los datos
proporcionados por el Banco Central, las reservas internacionales
brutas aumentaron entre enero y marzo en apenas US$ 175 millones.
Otro modo de abordar la cuestión es comparar la actual
situación con la de los años inmediatamente anteriores a 1995
(es decir, antes de que se manifestara el impacto del efecto
tequila). Si se comparan los ingresos de capitales del primer
trimestre de este año con las cifras de los mismos períodos de
1993 y 1994, se comprueba que los flujos actuales son
significativamente más bajos: 55% menos que en 1993 y 34% menos
que en 1994. Por el lado del sector privado, la caída es aún
mayor: 46% y 59% respectivamente. Sin embargo, el flujo de
capitales externos presenta en 1996 dos caracterísitcas
distintivas con respecto a lo ocurrido durante 1995. Por una
parte, el sector privado vuelve a tener una participación
relativa creciente en la entrada de capitales, un proceso que ya
se advertía a partir de los últimos meses de 1995. Por otro
lado, los recursos que ahora capta el gobierno provienen, en su
mayoría, de los mercados voluntarios de crédito. En síntesis,
parece evidente que los mercados internacionales de crédito
muestran disposición para financiar los desequilibrios fiscales
y externos. Sin embargo, no exhiben la misma actitud para aceitar
un proceso de remonetización y de expansión del crédito. Esa
es, por ejemplo, una de las razones por las que el Banco de la
Nación lanzó un amplio programa de refinanciación de pasivos.
Esto significa que el lento camino de salida hacia la
recuperación de la producción y de las ventas se seguirá
apoyando en el nivel de actividad sostenida por el financiamiento
del déficit fiscal y en los débiles estímulos que a través de
la refinanciación de pasivos y de la rebaja de impuestos puede
aportar la conducción económica. •