Todo indica que con la consolidación de la estabilidad económica los Fondos Comunes de Inversión alcanzarán un progresivo impulso, al amparo de las nuevas variables que permite la legislación actual, en la que coexisten con los tradicionales otros basados en las operaciones de renta fija, tanto en pesos como en dólares. A medida que ingresen nuevas ofertas a la plaza, los Fondos Comunes de Inversión adquirirán una dimensión mayor.
La última incorporación fue la de Equity Brasil, cuya finalidad declarada es invertir únicamente en acciones del país vecino. Es uno de los fondos de los denominados cerrados: una vez finalizada la suscripción inicial no pueden incorporarse nuevos cuotapartistas. A los que les interese el negocio,
deben adquirir en la plaza las cuotas que vendan los suscriptores originales.
Las cuotas partes del Brasil Equity se negocian en la Bolsa como si fueran una acción más, lo que permite a los inversores mantener la liquidez permanente del capital.
Este fondo fue colocado en agosto, aprovechando las favorables perspectivas que el éxito inicial del Plan Real augura para el mercado accionario brasileño. Esas expectativas motivaron que los suscriptores de cuotas partes de este Fondo alcanzaran en sólo cuatro días a US$ 42,2 millones. Casi de inmediato, la cuota inicial de US$ 1.000 llegó a tocar los US$ 1.200, lo que representó una
ganancia de 20% en prácticamente cuestión de horas.
ENTRE EL ESPLENDOR Y LA AGONIA.
En cuanto a los fondos de inversión tradicionales, su desarrollo en la Argentina siempre estuvo relacionado con la evolución del mercado bursátil. Este comportamiento era lógico porque las únicas entidades que autorizaba la Ley 15.885, sancionada durante la presidencia de Arturo Frondizi, eran las conocidas como de riesgo variable; debían mantener en cartera únicamente acciones de empresas que cotizaran en el país o títulos públicos emitidos por el gobierno nacional, aunque estos últimos debían limitarse únicamente a 10% del patrimonio de la entidad. Esto se justificaba porque, a través de los fondos, se intentaba impulsar el mercado de capitales de riesgo, sobre la base de las acciones y no de los títulos públicos.
El primer gran salto en su desarrollo lo dieron en los tramos finales de 1960, en ocasión del famoso boom bursátil, cuando en la Bolsa estaban autorizadas a negociar sus acciones 644 empresas, de las cuales salían diariamente al mercado cerca de 450 (actualmente los papeles negociados por rueda
oscilan entre 80 y 100).
Al frenarse el ímpetu de la Bolsa, estas entidades entraron en una etapa de lenta agonía, hasta que en 1976 volvieron a registrar un auge inusitado por el optimismo que en algunos sectores produjo la llegada al Palacio de Hacienda de José Martínez de Hoz.
En los tramos finales de ese proceso y durante el primer gobierno constitucional, siguieron atados a la Bolsa. Por esta razón, su desenvolvimiento fue muy errático con algunas bajas y subas pronunciadas, que en la mayoría de los casos eran consecuencia de movimientos especulativos favorecidos por la era de inestabilidad económica que caracterizaba al país, en un marco de acentuada inflación.
Con la sanción en 1992 de la Ley 24.083, modificatoria de la anterior, los fondos incursionaron en una etapa de mayor diversificación, al permitirse la constitución de entidades de diverso tipo. Es así que al poco tiempo comenzaron a operar los de renta fija, tanto en pesos como en dólares, que
constituyen nuevas alternativas para los inversores. Están destinados fundamentalmente a operadores que no desean asumir los riesgos de la inversión bursátil y prefieren canalizar su capital hacia entidades que posibiliten una determinada renta anual, que normalmente es superior a la que
brindan los bancos en el mostrador.
La mayoría de las entidades de estas características canalizan su patrimonio hacia operaciones de plazo fijo y títulos públicos con cotización bursátil, donde también de alguna forma están expuestos a las oscilaciones del mercado, pero en una proporción menor que con las acciones.
PARA LAS AFJP´S.
Algunos fondos creados recientemente, como el Marinver II y Marinver III, administrados por el Banco Mariva, fueron constituidos fundamentalmente para ser utilizados por las administradoras de las AFJP´s, que en esta primera etapa se inclinan por inversiones de muy escaso riesgo. Franklin Williams, a cargo de estos fondos y de la sección Servicios a los Inversores del Mariva, sostiene que estas dos entidades canalizan el capital exclusivamente hacia operaciones de plazo fijo en las entidades bancarias. De esta forma, su volatilidad es prácticamente nula; la cuota se actualiza diariamente con los intereses devengados. Por lo tanto, no están sujetos a ningún tipo de variación
vinculada con los mercados. Al haber sido calificados por Risk Analysis en la categoría A, ya recibieron fondos de las AFJP´s.
El Mariva administra otras dos entidades: Marinver I y Marinver IV, esta última también de renta fija, pero que mantiene en su cartera distintas categorías de títulos públicos.
El Banco Mariva no es la única entidad que se lanzó a captar inversores a través de la constitución de nuevos fondos comunes de inversión. Otros bancos también entraron en el negocio. Los que hasta ahora lo hicieron con mayor intensidad fueron el Boston, el Galicia y el Quilmes. El Roberts, Francés,
Crédit Lyonnais, Santander, General de Negocios, Mayo y del Sud también participan de los fondos de renta fija pero con una sola entidad cada uno.
Para Gregorio R. Goity, presidente de Boston Inversora de Valores, las posibilidades que ofrecen los fondos comunes en el país son enormes, teniendo en cuenta que con la estabilidad aumenta la transparencia de los mercados, disminuye el spread de las entidades financieras y, consecuentemente, se produce la caída nominal y real de las tasas de interés. “La estabilidad produjo un cambio importante en los hábitos de comportamiento de los inversores, acompañado de una mayor selección de los activos, contrariamente a lo que ocurría antes, cuando había que optar entre
pesos o dólares. Esto provocaba grandes riesgos, especialmente para quienes optaban por quedarse en pesos, ya que al producirse una devaluación, automáticamente declinaba en igual proporción su capital en términos reales”.
Otro aspecto que según Goity ya incide y seguirá gravitando en el vuelco de los inversores pequeños y medianos hacia los fondos es la posibilidad de diversificación que hoy tienen a su alcance.
Para las entidades financieras, las operaciones inferiores a $ 20.000 han perdido interés y atractivo, sostiene Goity. Y allí es donde los fondos progresivamente encontrarán su nicho. De este modo, contribuirán, además, a la incorporación de este tipo de inversores al mercado de capitales. Hoy, con
$ 1.000, se puede participar a través de un fondo de una variada cartera de títulos (de corto y de largo plazo, en pesos y en dólares) que, en el caso de una inversión individual, exigiría un capital mínimo de $ 1.000.000.
DANZA DE MILLONES.
Los fondos comunes se encuentran nucleados en una cámara, que actualmente preside Oscar J. Falleroni, en representación de Cifeba, administradora de los fondos Fima del Banco de Galicia.
Falleroni, igual que el resto de los directivos, considera que las perspectivas del sector son muy favorables, “aunque somos conscientes de que tenemos que ir despacio; el sector de renta fija debe seguir desarrollándose, aumentando la diversidad de productos que hoy se ofrecen al público”.
A mediados de septiembre se habían presentado a la Comisión Nacional de Valores 30 solicitudes para constituir nuevos fondos, lo que pone de relieve la fluidez de la actual legislación, a pesar de las modificaciones que se estudian en el Congreso.
Falleroni pronostica que en un plazo de dos o tres años habrá alrededor de 200 fondos en el sistema, con un capital conjunto que podría acercarse a $ 800 millones (lo que triplicaría el nivel existente a fines de agosto). En diciembre de este año, según sus cálculos, tendrían que estar operando 100.
Para llegar a un patrimonio de $ 800 millones, Falleroni computa la habilitación de los fondos inmobiliarios (ver recuadro), los fondos cerrados de créditos (securitización) en sus distintas formas (hipotecarios y prendarios) y los fondos de resúmenes de tarjetas de crédito. En estos últimos, un banco le cede al fondo los importes mensuales a cobrar provenientes de operaciones con tarjetas de crédito. El fondo, a su vez, transfiere a los cuotapartistas la renta que obtiene por este negocio. Las variantes de este mecanismo son diversas y dependen básicamente de que el fondo asuma o no los riesgos de incobrabilidad.
El régimen de securitización (transferencia de un banco al fondo de la cartera prendaria o hipotecaria) está aprobado por la Comisión Nacional de Valores desde hace varios meses, pero su instrumentación se ve dificultada por problemas fiscales. La operación de transferencia al fondo de la cartera del banco se halla gravada con el IVA, lo que hace imposible concretarla. Por lo tanto, el Congreso analiza la alternativa de desgravarla.
Además hay otro factor que dificulta la operatoria de estas entidades, que abarca también a los fondos de resúmenes de tarjetas de crédito: los costos derivados de notificar a los clientes que el nuevo acreedor es el fondo.
EL PASADO PESA.
Antonio F. Longo, quien dirige los cinco fondos del Banco Quilmes, opina que en los próximos meses también comenzarán a incursionar en el mercado los fondos de inversión directa y los money markets. Los primeros están relacionados con la concreción de un determinado proyecto industrial, financiado a través de capitales reunidos en un fondo creado pura y exclusivamente con ese fin, mientras que los segundos son los de mayor difusión en Estados Unidos y operan en el mercado financiero en negocios de muy corto plazo.
Longo se muestra también muy optimista con respecto al futuro de los fondos comunes. “Creo que Falleroni se va a quedar corto con su estimación de $ 800 millones para dentro de tres años”, apuesta. Sin embargo, advierte que para llegar a esa meta los fondos deberán mejorar su imagen ante el público. “Vendemos un producto nuevo que ya tiene más de 30 años de existencia en el país”, señala. “Durante todo este tiempo, nos manejamos con el producto Fondos Comunes de Inversión, que solamente podía invertir en acciones. Hoy el producto es totalmente diferente, pero la gente sigue asociándolo con la imagen anterior.”
Hay otro aspecto que para Longo sólo podrá resolverse con el tiempo: la falta de historia de los fondos de renta fija. “Cuando salimos a venderlos, la gente nos pide que le mostremos antecedentes de que a través de estas entidades van a obtener como cuotapartistas una renta superior a la que por su cuenta logran en el mercado. Lamentablemente, esas pruebas las tendremos recién dentro de un año.”
Longo objeta la clasificación de fondos de renta fija que hoy se brinda oficialmente a las entidades que operan únicamente con títulos públicos y certificados de depósitos en los bancos. La denominación de “renta fija”, sostiene, “no es feliz, puede inducir a pensar que asegura una determinada renta, cuando en realidad no es así. Todos los fondos son de renta variable: sin
excepción implican una cuota de riesgo, mínima, pero de riesgo al fin”.
En cuanto a los fondos tradicionales, hoy tienen mayor flexibilidad debido a que normas recientes de la Comisión Nacional de Valores les permiten operar con menos trabas reglamentarias. En ese aspecto se destaca, entre otras, la disposición que les permite mantener hasta 100% del capital en efectivo durante 180 días, si los directivos pronostican una fuerte caída del mercado accionario. Esto es de fundamental importancia. Con anterioridad a esta disposición, debían reinvertir inmediatamente el producto de una venta, lo que en la práctica no les permitía operar a la baja, porque siempre debían estar comprados.
Si bien los fondos estuvieron tradicionalmente relacionados con la Bolsa, y por lo tanto evolucionaron de acuerdo con sus vaivenes, siempre mantuvieron una gran transparencia de su accionar, que impidió maniobras dolosas en perjuicio de los inversores. Este es un aspecto digno de ser destacado, opina Longo, “porque pone de relieve las bondades del sistema, el margen, por supuesto, de los riesgos que implica asumir una inversión, especialmente la bursátil”.
EL MEJOR PROMEDIO.
Una idea de la envergadura que los Fondos Comunes de Inversión, en sus distintas alternativas, adquirieron en los países desarrollados, surge de la notable expansión que en los últimos años lograron en Estados Unidos. En 1984, los existentes en este país, donde se los conoce como fondos mutuos, alcanzaban a 1.500 con un patrimonio conjunto de US$ 375.000 millones. Nueve años después, es decir, a fines de diciembre último, se elevaban a 4.600 (un incremento de 206%), y administraban un patrimonio de US$ 2,5 billones, que en mayo de este año se elevó a US$ 3 billones, con un crecimiento de 700% en menos de 10 años. En Estados Unidos los fondos comunes
constituyen el tercer sector del mercado financiero, después de la banca comercial y las compañías de seguros.
De ello surge que de un patrimonio promedio de US$ 250 millones por fondo en 1984, pasaron en mayo último a US$ 650 millones, lo que da una idea de su creciente difusión en la economía norteamericana.
En 1994 su crecimiento en Estados Unidos fue tan vertiginoso que el patrimonio conjunto de los fondos llegó a crecer a un promedio de US$ 1.000 millones diarios.
En la Argentina, a fines de 1993 el promedio por fondo se ubicaba en US$ 5 millones, que en agosto último se redujo a sólo $ 4,1 millones, por la incidencia de los que se van incorporando, dado que al iniciar las actividades tienen un patrimonio muy reducido.
El promedio de agosto resulta, de todos modos, muy bajo y se explica por el todavía escaso conocimiento del público local acerca de este tipo de inversión y por la falta de una conciencia inversora de mediano y largo plazo, consecuencia de los períodos de intensa inflación que vivió el país, cuyos hábitos y temores aún se mantienen en muchos sectores de la población, acostumbrados durante mucho tiempo a pensar financieramente en términos de sólo siete días.
Por esta razón, y ante la exigencia del Banco Central de llevar a 30 días la imposición mínima para las operaciones de plazo fijo, muchos inversores optaron finalmente por acceder a esa exigencia, pero después de mantener durante cierto tiempo su dinero en caja de ahorro o en dólares.
UNA LEY MARCO.
La Ley 24.083, actualmente en vigencia, liberalizó el régimen que regula la actividad de los Fondos Comunes de Inversión, pero impone ciertas limitaciones, que los directivos del sector querrían ver eliminadas para facilitar la incorporación de nuevas entidades, que por la actual norma están vedadas.
Según Franklin Williams, una de las regulaciones que deberían derogarse es la que limita a 25% la tenencia de acciones del exterior y no permite a las actuales entidades poseer en su cartera cuotas partes de otras entidades. La actual legislación prohibe expresamente la existencia de fondos de fondos (entidades constituidas expresamente para poseer en cartera únicamente cuotas partes de
otros fondos).
Williams sostiene que la legislación debería tomar como instrumento válido y central para la formación de una nueva entidad el Reglamento de Gestión, que en la práctica define cuáles son los objetivos del fondo y la forma en que se llevarán a la práctica. Esto es importante, según la óptica de Williams, porque diariamente se van creando y desarrollando diversos instrumentos que pueden ser incorporados por los fondos comunes y que una ley estática no prevé. En consecuencia, en cada oportunidad que se desea constituir un fondo para un fin determinado no previsto en la ley, hay que propiciar una reforma, cuando esto podría subsanarse mediante la sanción de una ley marco que deje librada a las autoridades de aplicación la autorización de cada nuevo fondo.
La creación de los fondos comunes de inversión inmobiliarios es otra de las aspiraciones de los directivos de la cámara, quienes aducen que en las actuales circunstancias resultarían necesarios para contribuir a la reactivación de la industria de la construcción. En este aspecto, algunos observadores
del sector no están totalmente de acuerdo con que estas entidades se incorporen a la actual legislación. Sostienen la conveniencia de que se sancione una ley especial para estos fondos para no incluir en una misma norma activos de renta variable con activos de derechos reales.
Todos coinciden, sin embargo, en que, dentro de la actual legislación o mediante la sanción de otra ley, la existencia de estos fondos favorecería tanto a inversores como a empresas inmobiliarias y constructoras y a los propios adquirentes de las viviendas, que por esta vía estarían en condiciones
de acceder a financiación no tradicional, diferente de la bancaria.
Los fondos inmobiliarios indefectiblemente deben ser de los denominados cerrados, destinados a captar inversores dispuestos a colocar el dinero en “ladrillos”, que exigen un mayor plazo de retorno.
Los fondos de estas características podrían no sólo contratar con terceros la realización de las obras, sino también encararlas por su propia cuenta, lo que en la práctica los asimilaría a una empresa inmobiliaria que disponga de fondos propios. Algo similar a lo que es hoy la empresa IRSA, que los norteamericanos llaman Real Estate Trust, que actúa como sociedad anónima y dispone de los
fondos necesarios para sus proyectos a través de suscripciones colocadas entre sus socios locales y del exterior.
LAS VENTAJAS.
A diferencia de otras opciones de inversión, las cuotas partes de los fondos se pueden vender en cualquier momento, y permiten la disponibilidad casi inmediata en efectivo (normalmente en 72 horas). Las cuotas partes se determinan diariamente y son publicadas en los diarios.
* El elevado nivel del patrimonio permite diversificar la cartera en una gran cantidad de activos, lo que favorece la reducción de riesgos.
* Se pueden elegir distintos tipos de fondos, tanto dentro de los de renta variable como de los de renta fija. En ambos sectores hay diferentes opciones, tanto por volumen de la inversión a realizar como por el riesgo a asumir.
* El patrimonio es manejado por profesionales vinculados, en la mayoría de los casos, con entidades financieras de primera línea. Están los que se caracterizan por una política conservadora y los que actúan más agresivamente.
* El inversor puede salir de un fondo y pasarse a otro, de acuerdo con su criterio o con las cambiantes condiciones de los mercados.
* Los fondos son regulados por la Comisión Nacional de Valores, y cada inversor debe poseer un ejemplar del Reglamento de Gestión, donde se detallan las características de la entidad y se estipulan la comisiones que percibirán.