El decreto 656/92 abrió un nuevo horizonte en el mercado de capitales local: las calificaciones de riesgo. Al principio, las empresas mostraron cierta reticencia a someter sus títulos a este proceso.
Para algunas, era como develar a la opinión pública sus secretos más preciados. Sin embargo, unas cuantas superaron el prejuicio. Presentaron a evaluación no sólo sus Obligaciones Negociables (deben estar calificadas para ofrecerlas a la venta pública) sino también otros valores. Gracias a esta
decisión y al flujo inversor de las administradoras de fondos de pensión, muchas ya lograron réditos.
“Ante el proceso de globalización de la economía mundial es preciso un análisis a fondo de las compañías”, afirma Juan Ratto, presidente de Ratto-Humphreys. “Una calificación de riesgo es más amplia que una auditoría. Se la ve desde otro punto de vista y se logra una radiografía operativa.”
Por eso, puede ser tanto un elemento indispensable para ofertar un instrumento como para obtener un crédito. “Además, algunos buscamos que no sea un mero impuesto para quien desea emitir títulos de deuda”, apunta Fernando Jaime, miembro de PCA. “Las calificadoras internacionales tienen dos tipos de clientes: el emisor y el inversor, a quien llega por medio de informes, publicaciones y bases de datos. Nosotros intentamos establecer ambos tipos de relación.”
Hasta el momento, se calificó casi todo el universo de Obligaciones Negociables (ON) en vigencia, una pequeña parte del panel de acciones líderes y unos pocos Fondos Comunes de Inversión. “Este es un proceso dinámico y continuo”, explica Marcelo Dabos, gerente general de Value. “Posiblemente, se
tendrá una idea más acabada del volumen analizado entre diciembre y enero próximos.”
UN TOQUE DE DISTINCION.
La metodología varía de una firma a otra. Sin embargo, todas estudian, en líneas generales, el desenvolvimiento económico-financiero de la sociedad, su rentabilidad, solvencia, capacidad de generar utilidades y de pagar sus dividendos, su administración y sus propietarios.
El costo de este trabajo ronda entre $ 15.000 y $ 25.000 y realizarlo lleva, aproximadamente, 30 días.
La calificación debe actualizarse cada tres meses.
Es imposible negar el espaldarazo que le brindó a la actividad la obligatoriedad de calificar las ON.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento no fue el mismo para todos. Para un segmento, evolucionó en forma sostenida entre 1992 y 1993. Después, entró en una meseta hasta fines del primer semestre de este año. Con el advenimiento de las AFJP´s aumentó el volumen. Así, acciones, Fondos Comunes de Inversión y -últimamente- compañías de seguros y bancos se someten a estos análisis.
Otro sector registró un desarrollo lento hasta la llegada de las administradoras. El mayor incremento de las tareas se dio con la calificación de entidades financieras que comenzará a regir en este mes.
“Una cantidad significativa de empresas decidió calificarse al darse cuenta de que sería una obligación inminente”, comenta Fernando Jaime. “Las precursoras como Comercial del Plata fueron premiadas por su coraje. Por eso fueron de las que más captaron.”
Por distintas causas, los grupos previsionales atraviesan por una situación de fuerte escasez de herramientas para invertir. En parte, se debe a las calificadoras. Todo lleva a prever que este desfasaje llegará a su fin en un corto lapso.
CUANDO LLEGUE LA LEY.
Al mismo tiempo, los expertos afirman que esta corriente se engrosará con la aprobación de la Ley de Financiación de Viviendas. Sin duda, su sanción aparejará la emisión de cédulas hipotecarias, leasing y fideicomisos. Esta será, también, un nutriente importante para las AFJP´s.
“En cierto modo, algunas firmas sabían cómo se constituirían las carteras de las administradoras en un principio”, señala Dabos. “Entonces, esperaron a ver cómo se vislumbraba el mercado para definirse. Los tiempos no las urgían.”
Los grupos previsionales sólo pueden colocar los aportes de sus afiliados en títulos calificados. La Superintendencia de la actividad (SAFJP) fijó los siguientes límites: Obligaciones Negociables: BBB, Acciones: categoría 2,
Depósitos a plazo fijo: S4 y L4 según el período, Fondos Comunes de Inversión: BBB.
“Los topes determinados por la SAFJP son adecuados”, reconoce Ratto. “El traspaso del sistema de reparto al de capitalización no debe fracasar. Son conservadores, pero razonables para los inicios.”
Por ahora, los inversores institucionales (entidades bancarias, AFJP´s, compañías de seguros de retiro, entre otros) utilizan las calificaciones como una herramienta cotidiana de trabajo. De esta forma, pueden efectuar inversiones más precisas. El público en general y hasta algunos grandes inversores aún no asimilaron la metodología.
Tal vez, la mayor aspiración del sector sea que se le reconozca a su labor la importancia y relevancia que tiene en países como Estados Unidos, donde la mejora o degradación de una calificación es motivo para un título en The Wall Street Journal.