jueves, 2 de abril de 2026

    Tormentas aisladas, cambio de temperatura

    El pacto que firmaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín para reformar la Constitución y destrabar la posibilidad de que el actual gobierno sea reelecto por lo menos hasta 1999 transfirió el ajuste macroeconómico a la comunidad de negocios.

    Los que para las fiestas del año anterior esperaban acomodar sus costos a devaluaciones que iban de 20 a 50% hicieron una rápida lectura política del pacto entre los dos principales partidos del país y acometieron contra los gastos que los descolocan para competir internacionalmente.

    El grupo Madanes, por ejemplo, venía de entregar Kicsa a Camea y de unirse con Fate a Pirelli, luego de fracasado su abordaje al sillón principal de la Unión Industrial Argentina en el que pretendía ubicar a Armando Bertucci. El macrista Jorge Blanco Villegas ocupó ese preciado espacio que, en lugar de convertirse en una atalaya opositora a la convertibilidad, como pretendían los

    fabricantes de commodities transables internacionalmente, se erigió en bastión del programa aplicado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

    La soga al cuello que tenían esas industrias expuestas a la recesión mundial, a la caída de los precios (como la del aluminio) y al costo argentino se ciñó sobre las más expuestas: Aluar convocó a todos sus proveedores, incluidos los trabajadores de la planta de Puerto Madryn, para exhortarlos a

    adecuarse a los ingresos de la compañía frente a la alternativa de obligarla a cerrar las puertas.

    Planteó, además, un recorte de la planilla de sueldos en 25%, que del otro lado los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica intentaban digerir políticamente por la onda expansiva que provocaría en todo el gremio. No tuvo que esperar mucho a que se cumplieran sus temores. Osram ofreció flexibilizar las relaciones laborales a su gente, a la sazón También afiliada a la UOM.

    DEVALUACION PRIVATIZADA.

    Las grandes consultoras internacionales, como Booz Allen, Hamilton, Andersen Consulting, Coopers & Lybrand y Mc Kinsey, ya trazaron los diseños para su clientela: o el gobierno devalúa para acortar la brecha entre el 10% de aumento de los precios industriales durante la convertibilidad y el 50% que registraron los servicios (en los que se incluyen los salarios), o tendrán que hacerlo las mismas empresas.

    Así como Aluar negoció los costos con los proveedores, otras compañías arman rompecabezas para reestructurarse. Techint puso bajo el nombre Siderar a Aceros Paraná (ex Somisa), Propulsora Siderúrgica, Sidercrom, Aceros Revestidos y Aceros Bernal. Aunque la asamblea presentó el plan como una inversión de US$ 365 millones en un quinquenio, los ocho millones de horas en

    ingeniería y ejecución de obras que se anunciaron se aplicarán a racionalizar plantas con el propósito de aumentar la productividad.

    Siderar está compuesta por Techint en 57%, Port Inc 10%, Acindar 6%, Usiminas de Brasil 5% e Inversora Siderúrgica 14,2%, y monopolizará la producción de planos (chapa de acero laminada en caliente, en frío, galvanizada, electrogalvanizada, prepintada y hojalata), con lo cual se asegurará voz y voto en cada permiso de importación siderúrgica que se curse en los organismos oficiales.

    Otro de los grandes hitos que jalonarán los negocios en 1994 será la definición sectorial de la petroquímica, para la cual la privatización total del polo de Bahía Blanca dará la clave. A pesar de que estaba cerrada, Indupa puso a trabajar a sus controladas Monómeros Vinílicos y Petropol para PBB, que les pagará con 10 a 15% de las utilidades que genere, pero al mismo tiempo entregará etileno rebajado de precio a Ipako y a Indupa. El Ministerio de Economía pretende que Pérez Companc y Enron se queden con 51% de las acciones de PBB en poder del Estado, mientras que Defensa apoya al titular de YPF, José Estenssoro, en su afán por quedarse con esa participación.

    Indupa y Monómeros Vinílicos tendrán juntas de acreedores antes de promediar el año, e Ipako afronta un club de bancos por US$ 180 millones que la ha hecho desprenderse de estructuras y personal. Las dos primeras negociaron con los trabajadores una reducción de sueldos y una decantación de planteles a por lo menos la mitad de los que poseen actualmente.

    Si prevalece la posición de Economía, Pérez Companc-Enron-Citicorp se quedan con PBB, sus plantas satélites e Indupa limpiada. De lo contrario, YPF será el nuevo patrón.

    JUNTOS ES MEJOR.

    Fusiones como Grafa-Alpargatas, Gatic-Grafa en Chamical, Kraft-Williner y muchas otras que caracterizaron el año que finalizó se recrearán en 1994 como única alternativa de sobrevivencia para las partes. También algunos grupos que entraron en la primera etapa de las privatizaciones se desprenderán de las participaciones, como ya empezó a hacer Bunge & Born con la Distribuidora de

    Gas del Norte, por citar un ejemplo.

    La racionalización de plantas abarca desde pequeñas empresas hasta multinacionales de la talla de Philip Morris, que piensa juntar bajo un mismo y gran techo a Suchard Argentina y a La Montevideana, para aprovechar la estacionalidad en los convenios laborales y para concentrar depósitos y flotas de camiones con vistas a reforzar la distribución en el área metropolitana.

    Cada proceso al que se le aplique reingeniería significará menos personal, en primera instancia, y menos gerencia, en segunda, para atender unidades de negocios que, como las cédulas, se estrangularán para multiplicarse.

    Los módulos a los que apuntan las grandes consultoras que asesoran a las empresas implican un anticipo de la flexibilización laboral y la reforma previsional que alumbrará el Congreso de resultas del pacto político firmado por Menem y Alfonsín.

    La cobertura social no alcanza para contener la masiva expulsión de mano de obra que entraña la reconversión industrial en marcha. Ya ni siquiera da cabida dentro de la sociedad al 15% de la población que las estadísticas oficiales revelan con problemas de trabajo.

    Las tareas de instalación de sistemas de fibra óptica y centrales digitales por US$ 800 millones que abordarán las telefónicas y los planes de vivienda que ofrecen los constructores locales harán sudar a los funcionarios de migraciones por la presión de las fuerzas laborales provenientes de

    los países limítrofes en mayor medida que la mejora en los Indices de ocupación que pueden propiciar.

    La deflación de 30% en el llamado costo argentino que caracterizará a 1994 dejará un tendal del que todos hablan pero nadie se ha puesto a analizar seriamente. Algo parecido al meneado caso del ajuste de las provincias, que se dibuja en cifras sin reparar en que debajo de esos signos puede anidar el germen de protestas tan conmocionantes como las que recientemente protagonizaron Santiago del Estero, La Rioja, Chaco y Jujuy.