La securitización, que en esencia consiste en la creación de fondos comunes de inversión cerrados, formados con la cartera de prestamos garantizados en poder de las entidades bancarias, promete introducir novedades importantes en el mercado financiero local.
Los fondos recibidos por la venta de estas carteras no estarán sujetos a las reglamentaciones sobre encajes, lo que en la práctica significa que el sistema financiero ganará en liquidez, favoreciendo la baja de las tasas de interés y mejorando la capacidad prestable de las entidades.
La incorporación al mercado de capitales de la securitización permitirá a los inversores ampliar las posibilidades que hoy tienen para colocar su dinero, alternando entre aquellas que no ofrecen prácticamente ningún riesgo y otras en las que este factor constituye la razón determinante de la rentabilidad. Los bancos actuarán como intermediarios, una tendencia que cada vez se afianza más en el mundo.
El economista Franklin Williams, uno de los mentores de la introducción del sistema en el país, sostiene que su éxito puede estar condicionado por el aspecto impositivo. Todos los prestamos que avalarán la securitización estarán alcanzados en sus intereses por el IVA, dado que la ley que rige a los Fondos Comunes de Inversión establece que estas entidades tendrán un tratamiento impositivo acorde con los activos que formen su patrimonio. Como los Fondos Comunes no son personas jurídicas, no están sujetos al pago de impuestos, lo que hace presumir que los gravámenes que recaen sobre los intereses de los préstamos que avalarán la securitización serán trasladados a los cuotapartistas, un aspecto que Williams considera de fundamental importancia aclarar. Hasta tanto este aspecto no se defina, sostiene, no se podrá disponer de una visión más clara del futuro que tendrá en el país el nuevo mecanismo.