A través de recientes declaraciones públicas, Israel Mahler, presidente de la Unión Industrial Argentina, ha concentrado en varios conceptos la opinión de la institución que representa:
* El gobierno tiene una política industrial generalizada. Hay indicios de política sectorial únicamente en el caso automotriz.
* Hace falta una política industrial explícita.
* Hay que resguardar a la industria de prácticas desleales del comercio mundial.
* Si se privatizan los bancos de provincia, y desaparece la banca de fomento, el futuro de la pequeña y mediana industria es muy incierto.
* Excepto en el caso de las multinacionales, la complementación industrial en el Mercosur se dio por manifiesta debilidad de uno de los sectores. Eso es copamiento de mercado.
El ariete favorito de los industriales es Manuel Herrera, secretario de la UIA. Sus declaraciones a MERCADO no dejan duda acerca de su posición sobre el tema: “Creo que la política industrial para la Argentina de hoy consiste en desmantelar el sistema antiproductivo y antiinversor que, a pesar de los progresos, se mantiene vigente. Por eso hay que eliminar impuestos sobre la inversión, los insumos productivos y el trabajo. La energía debe tener nivel internacional y las privatizaciones deben fijar ese objetivo fundamental. La acción del Banco Central y los bancos comerciales públicos debe dirigirse a que el crédito tenga un costo internacional”.
“Deben reintegrarse totalmente los impuestos contenidos en los bienes exportables y establecerse mecanismos de defensa de mercado similares a los existentes en países desarrollados. La legislación laboral debe ser modernizada”, opina el dirigente, quien sintetiza su posición en una consigna: “Sin subsidios, pero también sin castigos”.
En su infatigable labor de divulgación, Herrera escribe con frecuencia. En una reciente columna en La Nación dijo que el crecimiento económico es preocupación de los argentinos, lo que no es de extrañar “en un país que vio desaparecer 12.000 establecimientos industriales entre los censos de 1975 y 1985 o, como resultado del descenso de las inversiones desde 20% del PBI a 7%, dejó de crear 1.400.000 puestos de trabajo en 15 años”. También le preocupa a Herrera la caída de las exportaciones industriales, que, de US$ 3.400 millones en 1990, pasarán a US$ 2.600 millones este año.
El secretario de la UIA cree en la necesidad de una política industrial explícita, que seleccione 10 o 12 sectores de gran potencialidad por sus recursos técnicos y humanos, y concentre en ellos una estrategia de apoyo concreto para competir en el mundo. Por ejemplo: bienes de capital, alimentación, siderurgia, madera, papel, pesca, petroquímicos, textiles y química fina.
Alberto Ibáñez, director de relaciones institucionales del grupo Techint, está convencido de que es el gobierno quien debe definir una política de crecimiento. “La función de los políticos, su oficio, por así decirlo, es gobernar, y gobernar implica tomar decisiones que inevitablemente definen políticas económicas y que, nos guste o no, llevan implícita la fijación de políticas de aliento a algunos sectores económicos y desaliento a otros”, señaló a MERCADO.
“Inevitablemente tenemos que definir como sociedad qué es lo que podemos hacer mejor y nos puede dar ventajas competitivas frente a otros países; ese modelo no es una ley de promoción industrial, es la adopción de reglas que, al distribuir los recursos escasos con que contamos, aun cuando lo haga en forma automática y sin la decisión explícita de un funcionario en un decreto o una resolución, nos hará recorrer un cierto camino. Conclusión: hoy estamos haciendo política industrial, hagámosla bien porque después puede ser tarde”.
Miguel Angel Diez.
NO ES GRATIS.
No hay política industrial gratuita. Siempre cuesta, implica asignar recursos que podrían tener otros destinos. Eso lo saben muy bien Domingo Cavallo y el equipo económico. El problema es cuando los sectores económicos -y también la opinión pública- comienzan a reclamar acción (es decir, recursos financieros) y cuando el reclamo adquiere un peso tal que no puede ser desatendido.
De modo que el tema crucial para la gente de Hacienda es: ¿cuánto cuesta una política industrial?
Aquí, más que un problema de principios o ideológico (algunos creen que el gobierno actual está en contra del concepto de política industrial), se trata de costos que no deben comprometer la estrategia de fondo, que es la estabilidad y la convertibilidad.
Si se analizan, en el proyecto de presupuesto 1993, las dimensiones del gasto público y la magnitud de los recursos que habrá que destinar al sistema previsional, se explica la cautela del elenco económico.
Ninguna de las medidas anunciadas por el ministro Cavallo en el Cervantes, ni tampoco el paquete de flexibilización laboral para las Pymes, tiene decisiva importancia. Pagar intereses de 24% anual es mejor que afrontar tasas de 36%, pero en todo caso no conseguirá aumentar la capacidad exportadora de los presuntos beneficiarios. Eso, sin considerar la resistencia pasiva de los bancos provinciales que, sin oponerse frontalmente, se niegan a instrumentar la medida.
JAPON PROPONE SU MODELO.
Mucho se ha reclamado a Japón su ausencia de protagonismo en la escena mundial. Gran potencia comercial y financiera, sus responsabilidades le exigen participar activamente en los grandes temas de la agenda mundial. Por lo menos en un punto, los japoneses están dispuestos a salir al ruedo. La cooperación entre el mercado y el Estado es el modelo que proponen al mundo. Masaki Shiratori, director ejecutivo del Banco Mundial, condensó la opinión que prevalece en su país en un reciente artículo en el Nihon Keizai Shimbun.
Shiratori dice que Japón es el mejor ejemplo disponible de cómo un país puede unirse al pelotón de vanguardia de los países industrializados en el menor tiempo posible. No fue gracias a favorables condiciones externas. Sí, en cambio, es cierto que jugaron un papel determinante las políticas aplicadas por el gobierno y las particulares instituciones del país.
Para que haya éxito en el desarrollo económico es preciso que crezca el sector privado y promover el espíritu empresarial y el aumento en la productividad. El modo más eficiente de lograr esas condiciones en dar plena vigencia a los mecanismos del mercado. Pero, tan importante como lo anterior, el gobierno es esencial en complementar al mercado y en proveer el ambiente en el cual éste pueda funcionar satisfactoriamente. En gran medida el éxito de Japón y de “los recién industrializados” del sudeste asiático estriba en esta íntima cooperación entre el gobierno y el sector privado.
La experiencia japonesa demuestra que el papel del gobierno debe extenderse a:
1) establecer objetivos de mediano plazo que deben servir de guía a los actores privados;
2) una adecuada gerencia de política económica;
3) desarrollo de los recursos humanos a través de educación y entrenamiento, y de la promoción de la ciencia y la tecnología;
4) el establecimiento de un sistema financiero que aliente el ahorro nacional y lo canalice a la inversión productiva.
Un punto que ha concentrado gran oposición de los organismos multilaterales de crédito son los préstamos subsidiados con objetivo determinado. La experiencia japonesa demuestra que préstamos a largo plazo y con bajo interés ofrecidos por el gobierno a través de entidades especiales a industrias clave, a la pequeña y mediana industria que exporta, a la agricultura y a la construcción de viviendas, fueron muy efectivos. Esos subsidios, después de la Guerra, fueron la clave de la industrialización de Japón.
La teoría dominante se opone a estos préstamos subsidiados con el argumento de que interfieren con la libre determinación de las tasas de interés en el mercado financiero y socavan la más eficiente asignación de recursos.
En los países en desarrollo (y Argentina es un caso evidente), donde los sistemas financieros no están evolucionados, es muy difícil para la pequeña empresa conseguir créditos (y cuando los consiguen las tasas son demasiado elevadas). Lo contrario es la norma en los países del sudeste asiático.
La calidad de los recursos humanos es vital para cualquier proceso de industrialización moderno.
Primero hace falta invertir en educación.
Shiratori admite que las experiencias japonesas no son trasladables automáticamente a los países en desarrollo, pero también advierte que es absurdo ignorar casos exitosos que no se pueden explicar con la teoría dominante y con el paradigma anglosajón dominante en las instituciones multilaterales de crédito.