En una encuesta contratada en agosto pasado por esta revista sobre “el mundo empresario y de opinión pública” se pone en clara evidencia que la gestión de los hombres de negocios argentinos es evaluada con una muy baja performance respecto a sus responsabilidades con la comunidad. Seis de cada diez entrevistados opinan que los empresarios no se ocupan de la protección del medio ambiente y casi toda la población se manifiesta a favor de una mayor participación de los empresarios en la solución de este problema.
Sin embargo, pareciera ser que la gran mayoría de los industriales no se han percatado aún de la creciente presión que nuestra sociedad está comenzando a ejercer en este tipo de cuestiones.
Cuando el pasado 28 de octubre Obras Sanitarias de la Nación -que, de paso sea dicho, es uno de los principales contaminadores del país- anunció el vencimiento de la prórroga del plazo para el cumplimiento del Decreto P.E.N. 674/83 sobre la prohibición de las descargas industriales a pozos y terrenos absorbentes, la Unión Industrial Argentina reaccionó airadamente. Entre otras razones, porque las multas que se aplicarán son del orden de los US$ 40.000 que “pueden significar el cierre de muchas empresas pequeñas y medianas”, toda una ironía.
Este decreto reemplazó al tristemente célebre 2125/78 que otorgaba verdaderas patentes de corso ya que con él se creó un régimen de cuotas de resarcimiento por contaminación para aquellas industrias que carecían de instalaciones depuradoras de líquidos residuales.
El resultado de este instrumento público fue patético. En una muestra realizada hace un par de años por OSN surgió que de 800 industrias investigadas sobre el río Matanza, sólo 3% contaba con plantas de tratamiento de efluentes. Los industriales hacen mal en no “despegarse” de aquellos que por el mero afán de mayor lucro se desentienden de su responsabilidad hacia el medio ambiente.
Sobre todo porque una actitud displicente no sólo afectará la imagen de sus empresas en la medida en que la temática cobre mayor protagonismo social, sino que en el futuro los ciudadanos harán valer con mayor énfasis sus derechos. En este sentido no debe olvidarse que la justicia argentina ya
ha aceptado, en un fallo que justamente decretó la inconstitucionalidad del decreto 2125/78, el llamado “interés difuso” por el cual quien se sienta afectado, o si son afectados los derechos de la comunidad, puede recurrir en defensa de los mismos. Vale decir que en cuestiones de medio ambiente ya no es necesario que el damnificado directo inicie la querella.
Por otra parte, el proyecto de ley sobre régimen ambiental de residuos peligrosos ya tiene media sanción del Senado, que lo ha girado a la Cámara Baja. A su vez, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados acaba de dar un dictamen favorable a un proyecto sobre el Régimen para la Protección del Ambiente Humano y de los Recursos Naturales. En síntesis: los tiempos vendrán duros para aquellas empresas que no comprendan el cambio.
El sentido para los negocios determina que guardemos nuestro capital y vivamos de los intereses. La naturaleza es nuestro gran capital y someternos en términos ambientales a un proceso de descapitalización es “pan para hoy y hambre para mañana”. En esto se basa el concepto del “desarrollo sustentable”. Por él se entiende un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, el desarrollo sustentable constituye una meta no sólo para los países en vías de desarrollo sino también para los países industrializados. El BID lo define como “un desarrollo que distribuya más equitativamente los beneficios del progreso económico, proteja al medio ambiente nacional y mundial en beneficio de las futuras generaciones y mejore genuinamente la calidad de vida”.
Los empresarios inteligentes ya están reaccionado ante esta realidad. En muchas empresas – principalmente las multinacionales- la ecología se ha convertido en un factor de la planificación estratégica. La gestión empresaria responsable es considerada como desafío y oportunidad para las nuevas generaciones de dirigentes. La exigencia abarca todos los mercados y todas las áreas empresariales: desde la logística hasta la política de productos, desde el diseño de los procesos de producción hasta el marketing.
Ya en los mercados más desarrollados la compatibilidad medioambiental se ha impuesto como un nuevo concepto de calidad y la calidad es un factor cada vez más decisivo en el juego de la libre competencia. Las empresas que deseen traducir los argumentos sobre protección ambiental en ventajas competitivas deberán documentar con credibilidad y comunicar con inteligencia la calidad
ecológica de sus productos y sistema de producción.
En pocos años más, las calidades ecológicas de muchos productos de hoy ya no serán aceptadas por los consumidores. Es un error estratégico creer que un menor precio por el ahorro en inversiones para la preservación ambiental es una ventaja competitiva. El término “ecodumping” se constituirá en una pesadilla para muchos exportadores. En este contexto no debe olvidarse que en el marco de la reforma impositiva que se implementará será un negocio invertir en preservación ambiental, ya que la inversión no tributará IVA y otorgará mayor competitividad internacional.
Definitivamente el futuro posicionará el marketing ecológico en el centro de toda la filosofía empresaria.