La sanción del decreto de desregulación y las consecuencias que éste trae aparejadas sobre el espectro de relaciones jurídicas patrimoniales recrean en muchos juristas la idea de que la normativa jurídica corre detrás de la realidad económica. Es como si la solución del problema económico requiriera un marco jurídico mutante y subordinado a los dictados de la política económica de turno.
¿No reside en esta subordinación de lo jurídico a las contingencias de la política económica una de las raíces más profundas de la declarada inseguridad jurídica?
Para volver a poner “el caballo delante del carro” hay que recordar los “fundamentales” que rigen la relación del derecho y La economía.
El problema económico básico puede ser resumido en términos de asignar recursos escasos para generar la mayor torta productiva que luego debe ser distribuida de acuerdo con mecanismos que maximicen el bienestar general. El circuito asignación – producción -distribución involucra un proceso decisorio tendiente a resolver el problema económico.
Mercado y gobierno constituyen procesos de formación de decisión que se integran al proceso general de la formación decisoria. La operación de las fuerzas de mercado dentro de un esqueleto institucional está sujeta al respeto de un marco de reglas de juego que viene dado por el orden jurídico. Es decir, el proceso decisorio tendiente a resolver los problemas económicos básicos presupone una organización institucional y un orden jurídico.
La política económica en una organización económica capitalista estructura el proceso decisorio, haciendo operar el mercado en interacción con un marco institucional y dentro del campo de juego que fija el orden jurídico vigente.
La operatividad del mercado y su interacción con el gobierno son tanto más eficientes cuanto más estables son la organización institucional y el orden jurídico que fijan las reglas de juego dentro de las cuales se estructura el proceso decisorio tendiente a resolver el problema económico.
En esta trama argumental, la inestabilidad institucional aparecería en la Argentina como la mayor responsable de las distorsiones funcionales entre el derecho y la economía. La inflación crónica y la crisis de estancamiento (que agregan matices propios a la problemática económica de nuestro país) han determinado que la estructuración decisoria para resolver el problema económico arrastrara recurrentemente a la organización institucional e impusiera un nuevo marco de reglas de juego.
Aparecen así lo político y lo jurídico como subordinado a lo económico, pero al mismo tiempo lo económico termina agonizando por falta de sustento institucional sólido, por haber violentado la seguridad jurídica al establecer nuevas reglas de Juego.
El decreto de desregulación alimenta la disfuncionalidad entre el derecho y la economía. Aunque su contenido sea útil para la consolidación de las reformas económicas en curso, su entidad jurídica constituye una señal de la debilidad institucional que todavía afecta el funcionamiento de la República.
La Argentina democrática y capitalista debe resolver el cortocircuito entre el orden jurídico y la política económica. En el fondo, a esto alude el reclamo de seguridad jurídica y confiabilidad judicial.