Sobre el crepúsculo del mes de junio, el presidente Carlos Menem se jugó la última carta. Se trataba, después de todo, de su provincia natal. “Julio” -le dijo con un tono más campechano que nunca a su ministro del Interior-, “tratá de encontrar una solución al Banco de La Rioja; fijate qué podés hacer”.
Mera Figueroa creyó tener la solución al alcance de la mano. Pensó que si pedía auxilio a la banca privada (habló con los máximos directivos de los bancos Río y Citi), nadie se iba a negar, sobre todo tratándose del terruño del Presidente. Ocurrió lo previsible. El “no” de la banca a la patriada de Mera Figueroa fue rotundo.
Era lógico. Nadie quería arriesgar un solo austral (y mucho menos dólares) en un banco (léase gobierno provincial) que es técnica y financieramente inviable. Los informes de los veedores que trabajaron en la entidad bancaria quebrada, si bien no se conocen oficialmente, son contundentes en cuanto a sus conclusiones. El quebranto conjunto del Banco y la administración provincial de La Rioja asciende a US$ 1.034 millones, con el agravante de tener todos los mecanismos tradicionales de financiamiento agotados o, si se quiere, cerrados por saturación. Ese fabuloso pasivo se desagrega así: US$ 708 millones son adelantos no reintegrados tomados por el Tesoro provincial para el pago de
sueldos y, fundamentalmente, de los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE).
US$ 200 millones corresponden a redescuentos solicitados al Banco Central para afrontar situaciones de iliquidez.
US$ 100 millones en depósitos captados en más del 85% en la Capital Federal a tasas altísimas y no devueltos a sus titulares.
US$ 20 millones en “call” recibido de distintas entidades del país y del exterior.
US$ 6 millones correspondientes a descubierto producido en la cuenta corriente en el Banco Central.
Los que siguen de cerca las desventuras riojanas, ven el origen del problema en una cuestión más profunda que el de las finanzas: una economía de estructura endeble, sin inversiones y escasa actividad privada, que ha llevado a una superconcentración del empleo público. De 220.910 habitantes que conforman la población total de la provincia, el gobierno local emplea a 22.387 agentes y los municipios 10.906, con un gasto en sueldos de US$ 22,2 millones mensuales, sin contar otras erogaciones en mantenimiento y servicios.
Con esta conformación económica, igualmente endebles son los ingresos, soportados más por los fondos provenientes de la Nación que por los “caseros”. La recaudación impositiva de La Rioja apenas genera US$ 1,2 millón mensuales al fisco, mientras que recibe US$ 12 millones también mensuales que le gira el Ministerio del Interior en cumplimiento de disposiciones constitucionales que prevén el apoyo de la Nación a las economías provinciales más débiles. En el suma y resta, todo esto arroja un saldo negativo de US$ 2 millones mensuales, que las distintas administraciones no supieron cómo solventar.
Frente a este déficit, elevado para una economía como la riojana, la solución del entonces gobernador Carlos Menem y de su ministro de Hacienda, Erman González, fue tomar los fondos del banco provincial a través de dos caminos: 1) los adelantos transitorios que luego se convirtieron en créditos imposibles de cobrar; y 2) la emisión de Bonos de Cancelación de Deudas, que tuvieron la característica de sustituir al austral. Estos bonos fueron creados por ley provincial 4.534, sancionada el 27 de junio de 1985, en pleno gobierno radical de Raúl Alfonsín. El artículo 39 de esa legislación preveía el canje de esos bonos ante la sola presentación a la vista, en el Banco de La Rioja, por moneda de curso legal a 100% de su valor nominal. Fue así como con este mecanismo el gobierno provincial comenzó a pagar sueldos con estos papeles que eran canjeados en el Banco, por los agentes, en australes. El Banco, a su vez, los retornaba a la Tesorería provinc ial, con lo que las autoridades pagaban nuevamente sueldos en el mismo mes. Este mecanismo perverso hizo que la emisión original de .4 80.000 millones de las dos series, pasara por la ventanilla del Banco 0,6/1,8 veces al mes. Según estimaciones hechas por los veedores federales, de este modo la deuda de la provincia con el Banco, a mediados de junio, alcanzó los US$ 708 millones, monto que equivale a 583 meses de recaudación provincial de impuestos o a 1% de la deuda externa argentina.
Ante este camino sin salida, el Banco de La Rioja se endeuda en distintos circuitos. En primer término, capta depósitos de ahorristas en Capital Federal, a tasas altamente positivas, por un total de US$ 100 millones, que a su vencimiento no puede devolver debido a que ya había agotado todos los mecanismos de asistencia que le brinda el sistema financiero institucional, como por ejemplo la utilización de US$ 200 millones en líneas de redescuentos del BCRA; fondos tomados en “call” en distintas entidades como Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Banco de la Provincia de Santiago del Estero, Banco de Tierra del Fuego; y operaciones “off-shore” a través de entidades locales de capital extranjero, según consta en las investigaciones realizadas por los veedores. A esta altura, la pregunta que cabe es: ¿por qué se esperó tanto para descubrir la situación irregular del Banco de La Rioja?
¿Quiénes son los responsables de que el Banco de La Rioja haya llegado adonde llegó? En el Banco Central existe un pormenorizado detalle cronológico de los hechos y de los mecanismos preventivos desatados para evitar la caída de la entidad riojana. La conclusión que surge de su lectura es que la situación no era nueva y mucho menos desconocida por los principales protagonistas políticos de los últimos dos gobiernos democráticos. Según se argumenta, hubo negociaciones y advertencias encaminadas a que el banco afectado entrara en un esquema de saneamiento, pero no tuvieron éxito. Esos pasos preventivos, que llevaron un “período de gracia” más allá de lo aconsejable, fueron los siguientes:
* 9/10/1985. El BCRA le pide al Banco de La Rioja un plan de saneamiento frente al grado de deterioro patrimonial observado.
* 13/3/1986. Se dispone la designación de veedores, medida que, luego de sucesivas prórrogas, fue levantada el 14 de setiembre de 1989.
* Año 1990. En distintos meses el Banco de La Rioja observa deficiencias de efectivo mínimo.
* 11/6/1991. Se limita su participación en la cámara compensadora en Capital Federal por un sobregiro de A 56.600 millones.
* 14/6/1991. El Central le exige la reformulación del plan de saneamiento requerido por nota del 2 de julio de 1990 y le pide que en 10 días eleve una propuesta a las autoridades.
* 3/7/1991. La Cámara de Diputados de La Rioja dicta la Ley 5.545 por la que dispone la liquidación del Banco de La Rioja y crea la figura de Banco de La Rioja S.A.
* 9/7/1991. Se firma un acuerdo para que el Banco Nación se haga cargo de la administración del servicio del Banco en toda la provincia.
El rescate de los Bonos de Cancelación de Deuda y la administración del negocio bancario por parte del BNA tendrá vigencia hasta que las cuentas finales arrojen un saldo favorable y permita la creación del Banco de La Rioja S.A., con participación privada superior a 70% de su capital accionario. Este
camino posibilita:
* que la deuda de la provincia con el Banco por US$ 708 millones se disuelva por lo que legalmente se llama “confusión”;
* que la deuda de US$ 100 millones por los depósitos captados y no reintegrados se afronten, los montos mínimos, con la garantía del BCRA; y los mayores, afectando 5% de los fondos de la coparticipación federal;
* que los US$ 200 millones pendientes por redescuentos con el BCRA se refinancien a largo plazo.
Sin deudas, el Banco podría conseguir un comprador privado. Lo que queda pendiente es la necesidad de un ajuste profundo en las cuentas fiscales provinciales, capaz de equilibrar los desequilibrios y generar los propios recursos. Todo parece indicar que no existe otra salida.-