No es extraño que el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina se centre en el grado de intervención que deben tener los militares en la seguridad interior. La historia reciente justifica esta obsesiva recurrencia.
Lo que sí es singular es que la definición básica y permanente de los militares como custodios de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país en caso de conflicto externo, no merezca mayor debate ni elaboración en el seno de la sociedad civil, o al menos entre los sectores políticos y los cuerpos colegiados que la representan.
Si se avecina una reconversión integral de nuestro sistema militar será como resultado directo de la política de ajuste, por una parte, y de lo que ha dado en llamarse “el realismo pragmático”, por la otra. Es decir, el reconocimiento de que nuestra política exterior debe aceptar el hecho evidente de que existe un “nuevo orden internacional” donde una megapotencia Estados Unidos tiene absoluta hegemonía militar y capacidad de intervención mundial; donde el antiguo conflicto Este Oeste ha desaparecido; y en el que la fortaleza económica de la Europa comunitaria y de Japón se ve condicionada por la única superpotencia que, aun con una economía debilitada, sigue teniendo la voluntad política y el poder fáctico para imponer su visión.
Son muchas las críticas y algunas de ellas muy justificadas que se pueden hacer a la tesis del ajuste permanente en que vive nuestra economía desde hace años. Pero no puede ignorarse aunque sea una sola virtud: la aceptación de los datos de la realidad. Ningún sector de la vida argentina obtiene la cuota de recursos que reclama por la sencilla razón de que la torta se achicó: ni la educación, ni la salud, ni los jubilados, ni los asalariados.
Tampoco los militares.
El hecho más significativo de las últimas semanas ha sido, aunque sea a regañadientes y con voces en disidencia, que los mandos militares se han convertido a la reforma que significará la reducción sustancial de los efectivos armados y la certeza de que habrá que manejarse con una masa de recursos magra del orden de US$ 2.000 millones anuales y lograr con ella fuerzas armadas modernas y eficientes. Es decir que las ideas de control administrativo, excelencia en el servicio a prestar, y modernización, tan en boga al menos en teoría en el ámbito de los negocios, también alcanzaron al único reducto hermético que quedaba en el sector público.
Si a ello se suma un brusco giro en las tesis que los propios uniformados tienen sobre su misión y competencia se acepta que no hay más riesgo de resurgimiento de la guerrilla marxista en el continente, y que ahora el nuevo gran enemigo es el narcotráfico , y se advierte que este cambio es común a todos los ejércitos latinoamericanos, hay indicios más que elocuentes para concluir sin incurrir en delirantes teorías de complot en que Estados Unidos tiene especial interés en que éste sea el nuevo enfoque militar en la región.
Lo que Deben Hacer.
Durante la primera etapa de restauración democrática además de los juicios y condenas a los responsables militares por la violación de derechos humanos se inició el debate sobre el papel que les cabe a los uniformados en una sociedad abierta, moderna y necesitada de crecer. Especialmente sobre la necesaria subordinación militar al poder civil. Tanto el entonces partido de gobierno radicales como la oposición , peronistas, especialmente terminaron coincidiendo en un punto: las Fuerzas Armadas no debían intervenir en cuestiones de seguridad interior. Así quedó establecido en la Ley de Defensa sancionada en ese período.
Es decir que el único acuerdo logrado fue sobre lo que no debían hacer. Pero el debate de fondo puesto que quedaba en pie la obligación de preservar al país de agresiones externas , que era en definitiva sobre las posibles hipótesis de conflicto que podían derivar del ejercicio de una definida política interna y externa, no fue nunca abordado.
La decisión mayoritaria de los argentinos de solucionar cualquier diferendo con Chile por la vía pacífica; el impulso dado a la integración con Brasil y el congelamiento de la situación planteada con Gran Bretaña después de la guerra de las Malvinas, dejaron a los militares sin sus clásicas hipótesis de conflicto. La decisión del actual gobierno de reanudar relaciones amistosas con Gran Bretaña, confirmó esta tendencia. Hasta el hartazgo se ha repetido que, en política, todo vacío tiende a ser ocupado de una u otra manera. Aun así, no se hizo explícita la alternativa en cuanto a la misión que debería encomendarse a las Fuerzas Armadas. Mientras estuvo en la oposición, el
peronismo sostuvo argumento que repetía y compartía el grueso del cuerpo de oficiales que la actitud del gobierno de Raúl Alfonsín, a través de los procesos judiciales iniciados y de la progresiva reducción presupuestaria, perseguía el propósito de “destruir o vilipendiar a las Fuerzas Armadas”.
Sobre las responsabilidades de los militares en la represión subversiva, la opinión pública se ha expresado en forma categórica en suficientes oportunidades. Sobre la reducción en la asignación de fondos, la actual situación ha demostrado que se trata más de una necesidad imperiosa que de un proyecto deliberado.
Ni las condenas de los tribunales civiles en la época de Alfonsín, ni la Ley de Punto Final, ni el principio de Obediencia Debida, ni los indultos de Menem pudieron evitar sucesivos alzamientos de los “carapintadas”.
Como confió a MERCADO un prominente dirigente peronista, “pese a todo lo que hemos dicho en contra de la política de Alfonsín, la verdad es que sin ella no hubiéramos estado en condiciones de hacer lo que estamos intentando ahora con posibilidades de éxito”.
El gasto militar,
US$m, 1988
Gasto
País militar % PBI
Argentina 2.972 3,1
Perú1 2.205 5,0
Cuba 1.326 3,8
Brasil 1.206 0,3
México 1.016 0,6
Venezuela 848 1,4
Chile 808 4,0
Colombia1 656 1,8
El Salvador1 212 3,8
Nicaragua2 192 17,2
Uruguay 168 2,2
Bolivia 162 4,0
Ecuador 155 1,6
Guatemala 129 1,7
Honduras 120 2,9
Panamá 105 2,4
Paraguay 84 1,4
Guyana 46 14,6
Rep. Dominicana 45 1,1
Haití 34 1,5
Jamaica 32 1,1
Costa Rica 20 0,5
Barbados 10 0,7
Total región 12.685 3,3
1 Enfrentan conflictos.
2 Dato anterior al fin de la guerra Contra.
Fuente: Informe McNamara.
Los pesos más agobiantes.
Gasto de defensa per capita, 1988.
País US$
Cuba 125,0
Perú 103,5
Argentina 92,9
Chile 63,6
Guyana 57,5
Uruguay 54,2
Nicaragua1 53,3
Panamá 45,7
Venezuela 45,1
El Salvador 42,4
Promedio 23 países 48,9
¿Que se Quiere Hacer?.
Posiblemente no es desde el Ministerio de Defensa de donde surgen las principales directrices de lo que devendrá en la “reforma militar”. Las iniciativas de fondo se impulsan desde Economía, Relaciones Exteriores e Interior.
Veamos las distintas medidas en proceso de adopción:
* Cuatro quintas partes del presupuesto anual asignado a las Fuerzas Armadas se ocupa en el pago de sueldos que además resultan insuficientes . La solución pasa por una drástica reducción del personal 41,3% de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas (que suman 40.000) y 42,3% de
los uniformados . A cambio, los que conserven el empleo podrán aspirar a una mejora en el nivel salarial. En cuanto a los retirados, que no forman parte del sistema previsional ordinario, habrá que encontrar una solución definitiva para que no sigan incidiendo sobre el presupuesto real de las tres fuerzas.
* Se liquidarán o privatizarán si se consiguen candidatos todas las industrias hasta hoy bajo jurisdicción militar, que arrojan pérdidas de significación. El conglomerado industrial abarca 30 empresas que emplean a 30.000 agentes, en los campos siderúrgico, petroquímico, astilleros y
reparaciones, material ferroviario, además de las dedicadas específicamente a producción de equipos bélicos, como TAMSE tanques de guerra, sin mercado interno o externo , y EDESA (Empresa de Desarrollos Espaciales Sociedad Anónima). También se procederá a la venta de inmuebles de propiedad de las tres fuerzas.
* La liquidación del proyecto Cóndor se debe sin duda a una exigencia explícita de Estados Unidos, empeñado en impedir la difusión de tecnología misilística en países en desarrollo. La Cancillería ha soportado fuertes embates en este sentido y las ha trasladado con el resultado conocido al Poder Ejecutivo. (Nada se sabe sobre el futuro de la planta de agua pesada vinculada a la industria atómica.)
* La nueva ley de Defensa, engavetada dos años en el Congreso por presión del Ministerio del Interior, tendrá sanción ahora. A diferencia de la que rige actualmente sancionada durante el gobierno de Alfonsín , se admite la intervención de los uniformados en “casos excepcionales” en que la seguridad interior esté amenazada y a juicio del gobierno resulten insuficientes los mecanismos policiales existentes. Se crea el Consejo de Seguridad Interior, con un comité de crisis. La integración de este organismo es fuente de serias controversias entre las fuerzas políticas, como también lo es el control parlamentario sobre los organismos de inteligencia.
La Nueva Doctrina Militar.
Es evidente que la sociedad civil y sus representantes no pueden abdicar de su obligación de proveer de los lineamientos centrales del accionar militar, que serán la base de las hipótesis de conflicto y de la preparación que deben encarar los cuerpos armados. Este debate de fondo sigue postergado, aunque es obvio que se vincula a la formulación de una política exterior.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, el cambio en el escenario interno, y muy especialmente en el plano internacional, ha sido de tal magnitud que ha confundido y distorsionado la discusión netamente profesional.
Como ha ocurrrido antes, es Estados Unidos quien provee de los lineamientos que determinan el accionar de los ejércitos continentales. Primero fue la doctrina de la seguridad nacional, inspirada desde el Comando Sur, con sede en Panamá, sobre represión de movimientos extremistas marxistas, que se acoplaba perfectamente a la obsesión de Washington sobre el
enfrentamiento de la Guerra Fría con la Unión Soviética y a la necesidad de impedir que la otra superpotencia hiciera pie en el hemisferio.
Por un período se jugó con el análisis de los “conflictos de baja intensidad”, perfectamente localizados. Tras la guerra con Irak, el centro de gravedad pasó a conflictos de más vastas proporciones; Estados Unidos explicitó su vocación de “proyectar poder militar” en todas las latitudes del planeta y ha revelado especial empeño en impedir que países medianos en desarrollo adquieran tecnología militar de avanzada.
Muy especialmente, hay una nueva obsesión estadounidense: eliminar la influencia del narcotráfico. Por esa razón la reciente tesis es que los militares deben participar activamente en la represión de la producción y el tráfico de drogas. La nueva tarea no entusiasmó demasiado a los militares en todo el continente, que no ven prestigiosa su intervención en lo que aparece como
clásica actividad policial.
Pero el clima ha cambiado. Tanto en Argentina, como en los demás países del Mercosur y en otras regiones latinoamericanas, los uniformados aceptan ahora que ésta es la misión más importante que tienen por delante. Para ello parecen haber influido dos elementos: la ausencia de otras propuestas y el fuerte incentivo que puede suponer la colaboración estadounidense en el
futuro reequipamiento y asistencia técnica de los cuerpos armados de la región.
Es indudable que Estados Unidos, con relación a Latinoamérica, tiene tres objetivos centrales:
*La consolidación de las flamantes democracias.
*El desmantelamiento de las industrias bélicas de la región, y en especial de su potencial exportador.
*La erradicación o disminución de la corrupción en el ámbito público.
Prácticamente todas las iniciativas de la diplomacia estadounidense con respecto a la Argentina y a otros países de la región deben analizarse en este contexto.
Como bien lo acaba de comprobar en su visita a Washington el presidente Collor de Mello, Brasil puede aspirar a solucionar el tema de la deuda externa y evitar fricciones comerciales, en tanto acepte como ya lo hizo con su promesa de discontinuar los esfuerzos para desarrollar armas nucleares la reducción de su industria bélica, una de las grandes exportadoras mundiales.
(Lo que será realmente difícil es que la Marina brasileña acepte suspender su programa de construcción de un submarino nuclear).
En suma, hay una gran estrategia continental que Estados Unidos se apresta a poner en marcha; en los próximos meses veremos más sobre el tema, en especial en lo referido a asuntos militares.
Las Nuevas Fuerzas Armadas.
Si se deja de lado la extrema simplificación de quienes pretenden que un país como Argentina disuelva sus cuerpos armados, al estilo Costa Rica, las ideas que se manejan, con variantes, pueden agruparse en tres categorías: 1) Como hasta ahora, un régimen de conscripción obligatoria. El entrenamiento militar de los ciudadanos tiene, según algunos defensores de este criterio, la capacidad de contar con el potencial humano que debe movilizar una nación en caso de emergencia. Entre los partidarios del sistema no están únicamente los que prefieren fuerzas armadas poderosas numéricamente en el supuesto de que, contando con los recursos financieros, se logre eficiencia , sino los que sostienen, desde otra perspectiva, que aprender el manejo de las armas no es sólo una obligación, sino también un derecho de cada ciudadano. Argumentan
igualmente que un ejército estrictamente profesional puede devenir en una guardia pretoriana, en una corporación cerrada que con el monopolio armado puede presionar con éxito para lograr todos sus objetivos, incluso aquellos que no convengan al bien común.
2) Los que abogan por un ejército profesional, reducido en número, potente en recursos y de alta eficiencia. Con una carrera profesional prestigiosa y bien pagada. Como ventaja adicional dicen , no hay posibilidad de que exista un ejército de ocupación interno, ya que sería imposible, con
un número reducido de efectivos digamos 10.000 o 15.000 soldados profesionales , tomar control de todas las reparticiones públicas, medios electrónicos de comunicación, sistemas de comunicación y centros estratégicos del país en 24 horas.
En adición insisten , la guerra moderna ha demostrado lo valioso que es contar con efectivos profesionales, altamente capacitados para su misión.
3) Finalmente están los que prefieren un sistema mixto. Reducidos cuerpos profesionales permanentes, y un número limitado de conscriptos por períodos más breves, tal vez seis meses para engrosar las reservas de que se podría disponer en caso de una emergencia. Seguramente esta es la posición que mayor consenso tiene en la actualidad.
Que Sabemos de los Militares.
Curiosamente, en un país cuya vida política ha sido conmocionada durante décadas por la irrupción de los militares en el escenario público, poco es lo que se ha escrito o debatido sobre el tema. Los trabajos que más repercusión han tenido son de algunos estudiosos extranjeros, como Robert Potash y Alain Rouquier, por ejemplo, que se centraron más en la actividad política de los militares que en el análisis del terreno profesional específico.
Se trata de un debate que no se puede postergar más, y en el que deben participar todos los sectores sociales y políticos, incluyendo obviamente a las propias Fuerzas Armadas.
Los militares saben ahora que no hay posibilidad de contar con Fuerzas Armadas eficientes, útiles, que brinden adecuada satisfacción profesional y económica a sus integrantes, si no se cuenta simultáneamente con una economía vigorosa y en crecimiento y con un Estado con capacidad de
arbitrar, tan distinto del anémico y debilitado que tenemos hoy en día.
Son los uniformados que, como el resto de la sociedad, han aprendido de los errores pasados los primeros aliados e interesados en una economía estable y de veloz crecimiento, capaz de integrarse al mundo desarrollado.
Miguel Angel Diez.
Argentina.
Erogaciones en defensa en el total del gasto público (%).
1985 1986 1987 1988
Defensa 7,15 8,04 8,03 12,07
Ejército 2,38 2,76 2,87 4,65
Armada 1,66 2,39 2,58 3,81
Aeronáutica 1,81 2,10 1,87 2,66
Defensa sin
discriminar 1,29 0,78 0,69 0,95
Fuente: El gasto público en la Argentina, 1960 1988. FIEL.
Dudas y Certezas.
Es fácil imaginar quiénes, en tren de protesta, podrían irrumpir en medio de un desfile militar en Argentina: jubilados, maestros, o profesores universitarios. Junto con los militares, son los cuatro sectores que procuran aumentar su asignación presupuestaria. ¿Cómo podría resolverse esta disputa y pasar a definición de contenidos que brillan por su ausencia?
Una vía posible es ésta: determinar el monto posible de la partida del presupuesto y obligar a optimizar esos recursos. Se les puede decir a las Fuerzas Armadas: “Hay US$ 2.200 millones anuales. Quiero el mejor ejército o marina o aviación posible a ese costo. No es mucho ni poco; es la única cifra factible”.
Tal vez este método no extinga discusiones inconducentes, pero hay que salir de la niebla de argumentos autocompasivos. “Argentina está en estado de indefensión”. “Chile rompió el equilibrio de armamentos con su cohete Rayo”. “Brasil es la quinta potencia exportadora de armas del mundo”.
“Queremos hipótesis de conflicto”. “No nos gusta ser apéndices de la DEA”. Las pretendidas réplicas no han ido más lejos: “No hay conflictos regionales”. “Si hay equilibrio en la indefensión, mejor”. “La gira de Pinochet ha sido un fracaso comercial”.
Qué está pasando en el mundo en la década de los ´90? Hay centros de poder en ascenso, otros que pretenden empinarse, y Estados Unidos, que ha quedado con un “resto” desproporcionado. Los estados nacionales transfieren parte de su soberanía a bloques regionales o continentales. Corrientes religiosas y étnicas pugnan por hacerse oír. Y EE.UU. emplea su “resto”
militar de alcance planetario para compensar su déficit en competencia económica y financiera.
Víctima de un vaciamiento y del carácter militarizado que adoptaron las disputas políticas, el Estado argentino arribó precozmente a la condición de “posmoderno”, en tanto es incapaz de definir prioridades, excepto las que le dicta el ajuste. La sociedad no deposita mayores esperanzas en este Estado, a no ser por la exigencia de estabilidad monetaria.
Siendo débil, el Estado en nuestro país requiere de un poder militar que, respondiendo a los preceptos constitucionales, pueda sobreponerse a poderes facciosos. Más allá de este hilo de continuidad con el proceso de unidad nacional del siglo pasado, hay un mar de dudas y algunas certidumbres que deben servir para iluminar el problema militar.
Una de ellas es el incontestable poder adquirido por EE.UU. tras la victoria sobre Saddam Hussein. Una oportunidad para superar el “síndrome de Vietnam” que fue utilizado sin vacilar. En cambio, políticas exteriores laboriosamente tejidas por otras potencias Francia, Alemania, Japón
quedaron reducidas a jirones. En América Latina, EE.UU. no tolerará ningún desarrollo militar que no armonice con su propia estrategia, pero a cambio ofrece el apetecible premio de la asociación comercial.
Tímidamente, dentro de las Fuerzas Armadas, acontecen algunos cambios. Se habla de fuerzas de intervención rápida, sin asiento territorial fijo; se da por descontado que el proceso de integración regional debe ser apoyado, y que el meridiano de la defensa nacional no pasa por la autosuficiencia industrial.
Norberto Wilmer.
