Primero, los hechos concretos.
* Se mantiene con toda la fuerza política la decisión presidencial de establecer una economía de mercado.
* En los dos últimos meses de 1990 se produjo una gran emisión monetaria sin respaldo para subsidiar a las provincias (por medio de sus bancos locales) y al sistema de seguridad social. La presión monetaria puede volcarse al dólar o a los precios, poniendo en peligro los esfuerzos de estabilización.
* Se está ante el fracaso de un intento de ordenamiento fiscal.
* El nuevo hombre fuerte del gabinete en el área económica es el ministro Antonio E. Gonzalez, quien ha concentrado un poder extraordinario de decisión.
Avanza la Menemstroika
La decisión política tomada por el Presidente de introducir profundas reformas en las estructuras del país se mantiene con toda la fuerza necesaria para alcanzar los objetivos fijados. El gobierno está actuando en dos áreas principales.
La primera es en torno de nuevas reglas de juego para el sector privado y Menem está convencido de la necesidad de forjar una economía de mercado sobre la base de la libertad de los precios internos, libertad para el tipo de cambio, apertura de la economía y la eliminación de subsidios para el sector
empresario.
Una segunda área es la reformulación del aparato estatal, achicando su dimensión mediante privatizaciones, desregulaciones, reducción de reparticiones de la administración pública y la disminución de dotaciones del personal.
La decidida intención de privatizar, a pesar de las dificultades que hubo, permitió concretar la venta de Aerolíneas Argentinas y ENTel, como avanzar en la concesión del ramal ferroviario Bahia Blanca – Rosario y el proceso de licitación del ferrocarril Urquiza. Anteriormente y en un tiempo breve se habían transferido dos canales de TV y está en marcha una operación similar con radioemisoras. Los técnicos en la materia estiman que a fines de este año el 70 por ciento de la red ferroviaria puede ser transferida a empresas privadas. El dato es importante si se tiene en cuenta que el subsidio que reciben los ferrocarriles estatales es de 500 millones de dólares por año.
Mediante un programa de concesiones por doce años se han transferido a más de veinte empresas privadas la conservación, mantenimiento y explotación de 10.000 kilómetros de caminos (rutas nacionales de la red troncal vial).
En el campo petrolero se avanzó en la desregulación, mediante la disponibilidad del petróleo para las empresas productoras y a través de la libertad de precios de los combustibles. También se licitaron para su explotación total o compartida con YPF las llamadas áreas secundarias o centrales de petróleo.
Más privatizaciones
Pero, como sucede siempre, lo más excitante es lo que vendrá. A lo largo de este año se fijarán las reglas de juego para la privatización de empresas productoras o de servicios como Somisa, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, AFNE y se buscarían socios privados para YPF. La lista se agranda con SEGBA, Obras Sanitarias y ELMA. En todos los casos hay que tener en cuenta que además de la venta de activos, se entrega una gran porción del mercado interno cautivo para determinados productos.
Pero las cosas no andan bien
Las autoridades económicas dieron una fiesta y ahora habrá que pagar la factura. La base monetaria al 31 de diciembre de 1990 (último dato) llegó a 33,6 billones de australes, con un aumento del 1.085 por ciento sobre los 2,8 billones de diciembre de 1989. Este incremento se produjo a pesar del ilegal congelamiento de los depósitos efectuado a principios de 1990 y su posterior expropiación parcial por medio del canje de los valores en australes por los llamados bonos basura (Plan Bonex).
Por supuesto, como sucede en la Argentina hubo excepciones para los “amigos”.
El mayor daño de esta operatoria fue que vulneró la escasa seguridad jurídica que quedaba en el campo económico y provocó una negativa repercusión en la inversión.
El primer semestre del año pasado fue de una gran agitación pero en agosto, septiembre y octubre últimos, se lograron avances de importancia y se consiguió que la variación mensual de la base monetaria fuera de un dígito en términos porcentuales. Pero en noviembre y diciembre se tiró por la borda la disciplina monetaria y la tasa subió a dos dígitos rápidamente (10,8 y 21,8 por ciento, respectivamente). La “maquinita” de hacer dinero volvió a funcionar en forma activa para subsidiar a las provincias a través de los bancos locales y al sistema de seguridad social, como así también para comprar divisas.
Crisis en cierne
Aun con elevados encajes bancarios, el manipuleo de las tasas de interés y una polémica fijación del valor del dólar, el Banco Central tiene cada vez menos manejo práctico de la situaci6n. Luego de desarrollar una política de atraso del tipo de cambio como una táctica para combatir la inflación, en enero hubo un importante aumento del dólar junto con el incremento de la tasa de interés. El 14 de enero -uno de los días calientes en la City- el dólar llegó a 6.300 australes (con un aumento del orden del 12 por ciento frente a la primera quincena de diciembre de 1990) y la tasa call trepó al 670 por ciento a siete días. La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) hace pocas horas afirmó en su Informativo Mensual que 1990 cerró en medio de un clima de intranquilidad originado por las dudas del mercado en torno de la evolución del tipo de cambio. “Estas dudas -puntualizó ADEBA- se nutren del notorio retroceso que experimentó el tipo de cambio real que alcanzó el 66,7 por ciento en 1990,
situación que se traduce en serias dificultades para el sector agropecuario y también para la industria exportadora”.
FIEL, por su parte, arriesga que si hay una recuperación en el tipo de cambio de equilibrio, es muy probable que en un contexto de cambios flexibles se produzca un “overshooting” (¿se lo podrá traducir por estampida?) en el valor del dólar. “Al percibir los agentes económicos privados que se inicia la recuperación en el precio de equilibrio de esta variable -senaló FIEL- el mercado no esperará a que operen con lentitud los mecanismos comerciales, sino que se adelantará vía la cuenta de capital.
En este contexto se produciría un salto en el tipo de cambio, que luego se reduciría a su nuevo nivel de equilibrio, pero más alto que el inicial. La tasa de interés real sería relativamente baja en este escenario y ello permitiría que el nivel de actividad no se deteriorara”.
El fracaso fiscal
A pesar de la generalización del Impuesto al Valor Agregado, el aumento de alícuotas y el adelanto de pagos, en 1990 hubo una caída de enero 1991 – pág.33 la recaudación de la Dirección General Impositiva y de la Dirección Nacional de Aduanas. En ningún momento se alcanzaron las metas mensuales de superávit de Tesorería convenidas con el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo con los cálculos de algunos analistas, si se computan amortizaciones, pagos atrasados y avales caídos, el resultado debe ser escrito en rojo.
La campaña de amenazas al evasor no parece haber dado resultado y ahora se intentaría que en el proceso intervengan las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal. Se estima que en 1990 se recaudó el 19,8 por ciento
del Producto Bruto Interno oficial, pero que no se habría superado el 15 por ciento del PBI total, es decir el oficial sumado al que genera la economía subterránea. Para que las cuentas cierren en forma total y se pueda mostrar un
abultado superávit que mueva al Fondo Monetario a conceder las Facilidades Ampliadas (stand by a tres años), se necesita como performance que la recaudación llegue al 24 por ciento del PBI oficial, por lo menos.
Los grandes “agujeros” en el sistema impositivo son los impuestos a las ganancias y el IVA.
La falta de éxito ya movió al presidente del Banco Central, González Fraga, a criticar a la subsecretaría de hacienda y señalar que es incompatible una meta de estabilidad con una expansión monetaria superior, en promedio durante todo el año, el 20 por ciento mensual. A su vez el ex subsecretario de Hacienda, Saul Bouer, considera que el Central tampoco está haciendo bien los deberes. Parte de la expansión monetaria se debe al subsidio vía
“redescuentos” que el Central le da a las provincias y que llegó a un nivel récord en 1990.
El superministro.
Es el nuevo hombre fuerte de la economía argentina.
Luego de la reciente crisis y recomposición del gabinete nacional, Antonio Erman González es quien tiene mayor poder en la Argentina después del Presidente Menem. Este ex demócrata cristiano, que fue ministro de economía de La Rioja cuando Menem era gobernador, ha tenido la habilidad -y talento, por qué no decirlo- de haber llegado a un delicado arbitraje entre medidas prácticas en el campo de la economía junto con el manejo prudente de difíciles situaciones
políticas.
Uno de sus rasgos personales es la humildad con que actúa y la benevolencia que tiene para recibir ya sean oportunas sugerencias o ácidas críticas. También es -aseguran quienes lo conocen- razonablemente rencoroso.
Hace muchos meses, al comienzo del actual gobierno y cuando era un casi desconocido vicepresidente del Banco Central, debió aguardar una dilatada espera para que lo recibiera el entonces encumbrado ministro de Obras y
Servicios Públicos, Roberto Dromi. Sin protestas ni actitudes estridentes se limitó a hacer una larga “amansadora”. Posteriormente, siendo ministro de Economía, González avanzó sobre el área de su par y primero le arrebató el manejo de la subsecretaría de energía y combustibles, para quitarle, más tarde la administración de todas las empresas del sector.
A instancias del ahora senador Eduardo Menem, en su momento Dromi fue el monje gris de la reforma administrativa de la Constitución de La Rioja, en virtud de la cual Menem fue reelecto gobernador. Sin embargo, ante la embestida de González, Dromi sólo atinó a enfrentarlo con un ineficiente
ataque personal. “González -le dijo a legisladores- es un contador sin visión política”.
Conclusión válida.
Sin embargo ese contador escribió la última página de la gestión de Dromi en el gabinete nacional. González se dio el lujo de anunciar, antes que el Presidente, la disolución del Ministerio de Obras Públicas y puntualizó que todo el proceso de privatizaciones de esa cartera será conducido y testado por Economía.
González es muy paciente cuando le conviene. En total desacuerdo con la actuación de Rodolfo Rossi en el Banco Central, de Raúl Cuello en Finanzas Públicas, y del asesor presidencial Alvaro Alsogaray simplemente aguardó que
cometieran algún grueso error para recién entonces forzar su alejamiento. Por si fuera poco se permitió otra satisfacción: repuso en el cargo de presidente del Banco Central al licenciado Javier González Fraga que ya había ocupado ese cargo el año pasado, en una gestión que se caracterizó por perder 700 millones de dólares de reservas del país.
Una conclusión válida: conviene tenerlo de amigo y no de enemigo.
