ANÁLISIS | Perspectiva
Por Osvaldo Cado y Nicolás Bridger (*)
Amado Boudou.
El objetivo inicial del pomposamente llamado “Fondo del Bicentenario”, allá por diciembre de 2009, fue apuntalar el éxito de la reapertura del canje de deuda. Esto abriría las puertas a nuevas colocaciones en un mercado internacional, en ese entonces, con abundante liquidez. De haberse cumplido este escenario, hoy cada vez más lejano, el mismo fondo podría haber sido solo un dato anecdótico ante la posibilidad de colocar deuda con mínimo impacto en las variables económicas y financieras.
La falta de consenso en el seno del mismo Gobierno respecto al discurso detrás de este proyecto (o la falta de claridad en las ideas) fue un obstáculo fundamental en el plano político y en la opinión pública.
Ese fue el germen de la crisis institucional posterior, dándole al ex presidente del BCRA el espacio político para armar semejante berrinche sobre una medida que, no solo dos semanas antes no había despertado el más mínimo interés, sino que de haberse enviado al Congreso probablemente hubiese sido aprobada.
El contexto actual cambió drásticamente, no solo en el ámbito local luego de casi dos meses de tironeo político y judicial, sino también a escala global. La situación económica y financiera de los llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España) le puso la firma al acta de defunción de la reestructuración, por lo menos en las condiciones que se esperaban hace apenas dos meses, por lo que se dificulta pensar en una estrategia de endeudamiento que resulte favorable a los intereses del país.
Mercedes Marcó del Pont
Situación delicada
La situación fiscal de la Argentina es muy delicada. Usados los ahorros del Banco Nación, estatizadas las AFJP, gastados los derechos especiales de giro provenientes del FMI, ya no quedan más stocks a los cuales acudir y que resulten desapercibidos a los ojos del lector poco ducho o informado.
Lo cierto es que los números no cierran y la brecha ingreso-gasto muestra una tendencia preocupante. En este contexto, las alternativas que posee el Gobierno oscilan entre dos extremos: una desaceleración significativa en el crecimiento del gasto primario o ir sobre recursos social y económicamente más sensibles: las reservas del BCRA o los encajes bancarios.
La brecha de financiamiento
El gasto primario creció, durante 2009, 30% anual, aunque durante el último bimestre mostró una notable aceleración con tasas en torno a 37%. Algunas decisiones fiscales del último año han puesto un piso al incremento del gasto primario en 2010.
• Aumento de sueldos y número de empleados en 2009 (+ $4.600 millones).
• Incrementos en las jubilaciones por la ley de movilidad (+ $15.800 millones).
• Incremento en las asignaciones familiares (+ $2.500 millones).
• Subsidio a la niñez (+ $ 10.000 millones).
La suma de estos conceptos alcanza $33.000 millones, lo cual implica una suba mínima de 13,6% respecto al nivel de gasto primario de 2009. Los gastos que quedarían por definir y dependen de la discrecionalidad oficial, transferencias al sector privado (subsidios) y la inversión pública definirán la tasa de crecimiento agregada de esta variable. Creemos que la evolución del gasto estará en torno a 25% anual, aunque podría oscilar alrededor de los siguientes escenarios.
De este modo, suponiendo un incremento de los ingresos tributarios del orden de 21% e incorporando transferencias de ANSES por $8.000 millones, la financing gap asciende a $62.000 millones, de los cuales aproximadamente US$ 9.000 son vencimientos en dólares. Esta cifra podría reducirse si suponemos que el BCRA transfiere las utilidades de 2009, unos $20.000 millones, producto de la depreciación de la moneda, aunque no queda claro el impacto monetario del uso de estas utilidades.
Este ejercicio de simulaciones deja claro por qué tanta obcecación por parte del Gobierno de contar con el Fondo del Bicentenario. En este contexto, y descontando el intento oficial de avanzar sobre otras fuentes de financiamiento, la pregunta relevante es qué debería hacer la oposición. Hasta el momento el planteo de sus principales referentes ha sido poco riguroso. El tratamiento de los números fiscales exige atenerse a la realidad inevitable de la restricción presupuestaria. Esto significa que si se elimina una fuente de financiamiento hay que reemplazarla o reducir los gastos. Si se elude esta última cuestión no se está abordando el problema de manera sincera y se apunta solamente al efectismo político.
Equilibrio inestable
A pesar del rebote que registrará la economía durante 2010, la situación actual es de equilibrio inestable. Cualquier desaceleración del gasto que lo ponga en tasas de crecimiento por debajo de 20% tendrá un sesgo contractivo, aunque financiar la brecha ingreso-gasto con reservas u emisión monetaria acarreará mayor inflación, lo que tendrá resultados adversos al mediano plazo. A esto se agregarán las elecciones presidenciales el próximo año.
Entre tantos interrogantes, hay algo que está muy claro. Hoy por hoy no hay soluciones que no impliquen costos económicos y políticos; más temprano que tarde habrá platos rotos y alguien deberá pagarlos. Inflación de dos dígitos nos acompañará al menos por tres años más. Esto implicará un TCN más depreciado, un crecimiento pobre luego de recuperar los niveles de producción previos a la crisis y una escasa creación de empleo.
En este marco es necesario que la oposición, ante la posibilidad cierta de ser Gobierno a partir de 2011, adopte una posición responsable y razonable. Los últimos dos años demostraron que acorralar al oficialismo degenera inevitablemente en medidas que suelen tener impacto negativo sobre las expectativas. La delgada línea que transita hoy la Argentina no toleraría nuevamente un escenario de volatilidad cambiaria y fuga de capitales.
De no disponer de parte de las reservas (o de no mediar un cambio en el contexto global de 180 grados), la posibilidad de que se apele a la emisión monetaria pura es más que cierta. En este sentido, debe buscarse un camino intermedio entre la gradual desaceleración del gasto y el ya inevitable (por derecha o por izquierda) uso de reservas, intentando establecer límites que impidan que los US$ 6.500 millones sean solo el principio de este mecanismo de financiamiento.
(*) Osvaldo Cado y Nicolás Bridger son economistas y analistas de Prefinex.
